El auge de las plataformas digitales de reparto ha significado una fuente de ocupación para un sector de la población costarricense. Sin embargo, las personas trabajadoras están expuestas a la inseguridad, a accidentes viales, al incumplimiento en las condiciones de aseguramiento y acceso a una pensión, y a la generación de ingresos que no están acordes con la cantidad de horas laboradas.
En resumen, es lo que un estudio de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional (UNA) determina como “precariedad laboral”. Este trabajo, que contó con el apoyo de la organización no gubernamental alemana Friedrich Ebert-Stifung (FES), centró su análisis en las personas repartidoras de la Gran Área Metropolitana (GAM).
El estudio entrevistó a 375 personas repartidoras de la GAM, muestra que se extrae de las 15.407 personas relacionadas con esta actividad, de acuerdo con la Encuesta Continua de Empleo (ECE) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) al primer trimestre del 2023. En total, se recopilaron datos de 6.691 puntos de ubicación, donde generalmente estos trabajadores suelen realizar sus labores.
Una de las conclusiones más relevantes del informe señala que a un 68% de las personas repartidoras se les incumple la condición de aseguramiento, mientras que un 78% no cotiza para ningún régimen de pensiones.
Dicho grado de incumplimiento los coloca hasta 26 puntos por encima del porcentaje nacional. Incluso, un 94% de los trabajadores no asegurados manifiestan que poseen entre una y tres o más personas dependientes. “Esto es lo que llamamos el efecto multiplicador de la inseguridad social, debido a que es muy probable que esas personas dependientes, tampoco tengan acceso a este derecho”, se subraya en el estudio.
Riesgos e inseguridad
No contar con la cobertura de un seguro de salud maximiza el riesgo por falta de atenciones ante un infortunio. Para un 57% de los encuestados, existe una exposición de “regular” y “mucha” a accidentes viales, considerando que las carreteras son su espacio de trabajo. Del total, un 75% utiliza motocicleta para prestar sus servicios, mientras que un 19% emplea una bicimoto, y el restante 6% lo hace en bicicleta.
Lo anterior hace resaltar que para más de una tercera parte de estos trabajadores su percepción sobre el cumplimiento de sus derechos relacionados con la seguridad social es “muy bajo o bajo”. Otro 40% opina que es “regular”.
El informe destaca un comentario publicado en una red social el 25 de diciembre del 2022, por una persona, quien escribe: “Hola hoy me accidenté en Ciudad Colón iba a dejar dos entradas de Uber y como el impacto fue muy fuerte estoy internado en el hospital y Uber me bloqueó que injustos” (sic). Como respuesta, el usuario hizo público un pantallazo donde la empresa indicó “la cuenta está bloqueada” porque la entrega del pedido no fue completada, sin verificar que este caso se trató de un accidente.
Asimismo, casi la totalidad de la muestra (96%), aseguró no haber firmado un contrato ni aceptado términos y condiciones para comenzar a realizar la actividad. Mientras que el 65% indica conocer que pueden ser excluidos de la plataforma sin previo aviso.
Al respecto, el informe critica que algunas empresas establecen que no existe relación laboral ni de subordinación con las personas trabajadoras, quienes son calificados como “terceros” que por su propia cuenta proveen servicios de entrega. “Aun cuando las personas repartidoras deben cumplir con una serie de requisitos para poder realizar las entregas, además de la mediación de la plataforma digital, se cuestiona la independencia a la que aluden. Sumado a lo anterior, pareciera que la reglamentación interna de este tipo de empresas tiene la capacidad de colocarse por encima de la legislación nacional”, determina el estudio.
A pesar de ello, las plataformas digitales de reparto han significado la oportunidad de generar ingresos para un 42% de la población entrevistada, que se hallaba sin empleo al momento de ingresar a esta modalidad. Otro 53% sí estaba ocupada.
El estudio, cuyo título es Plataformas digitales y precariedad laboral en Costa Rica, también abordó el aspecto de los ingresos que perciben las personas que se dedican a este oficio.
Uno de los resultados más llamativos es que el 40% de los repartidores recibe como remuneración menos de un salario mínimo, cuyo monto, de acuerdo con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social es 352.164 colones mensuales al 2023. Este porcentaje se incrementa hasta un 94% entre quienes reciben de uno a dos salarios mínimos. Incluso, un 44% de la muestra obtiene ingresos mensuales que oscilan entre 20.000 y 371.999 colones.
“Percibir ingresos inferiores a dos salarios mínimos es insuficiente en términos de la reproducción, por lo que esto significa un criterio de precariedad laboral. Al tomar en consideración este criterio, el 94% de la población trabajadora de plataformas de la GAM costarricense percibe un ingreso menor del necesario para reproducir adecuadamente su vida y la de las personas dependientes”, indica el estudio.
Justamente la investigación detalló que un 26% de quienes reciben al mes entre uno y dos salarios mínimos debe velar por la manutención de tres a cuatro personas en sus hogares, mientras que otro 21% de trabajadores lo hacen con una o dos personas.
Jornadas de trabajo
Otro de los ámbitos analizados fue el de la cantidad de horas semanales que dedican las personas a esta labor. Destaca el hecho de para los trabajadores cuya fuente principal de ingresos es esta actividad, un 65% del total dedica 60 o más horas, lo que representa hasta una jornada y media de trabajo.
“Hay una clara tendencia de laborar jornadas exhaustivas. A ello, se añade que debido a la ausencia de regulación o de actualización de la institucionalidad no hay ningún tipo de consideración de pago extra por esas horas laboradas por encima de las jornadas máximas establecidas en el artículo 136 del Código de Trabajo”, se destaca.
Incluso, una cuarta parte de la población encuestada indicó no tomar ningún día libre a la semana, mientras que el 62% dedica solo un día.
Finalmente, la encuesta determina el grado de empoderamiento que tienen los repartidores, donde se destaca que más de una cuarta parte de las personas indica haber recibido algún tipo de sanción, pero en la mayoría de las ocasiones no recibieron respuesta ante apelaciones presentadas.
