Mientras en la Asamblea Legislativa los diputados empezaban a discutir el Presupuesto Nacional 2027, el pasado lunes 2 de noviembre, en las afueras del edificio estudiantes y funcionarios de las cinco universidades públicas se manifestaban, otra vez, contra los recortes al presupuesto de la educación. Esta fue la primera de varias acciones de protesta programadas durante el mes; la segunda sucedió este 3 de noviembre cuando representantes de las universidades también se sumaron a la marcha convocada por el sector agropecuario.
Desde marzo del presente año, el gobierno renunció a la negociación del Fondo Especial de la Educación Superior (FEES), anunció que no habría aumento en el 2027 en el presupuesto de las universidades públicas y propuso uno idéntico al del 2026 (₡593.484 millones), aun cuando el propio Ministerio de Hacienda proyecta una inflación de 3% para el próximo año. Posteriormente, la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa aprobó un recorte de 8.048 millones, que corresponden a fondos postergados del FEES desde 2021, que el gobierno había acordado devolver a las universidades desde noviembre de 2025.
Adicionalmente, en estos días la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa impulsa un nuevo recorte (también por el orden de los 8.000 millones) del segundo presupuesto extraordinario de 2026, lo cual pone en riesgo la operación de las universidades, especialmente en las regiones, donde el propio Gobierno de la República busca que se amplíe la matrícula y la oferta académica de carreras STEM.
La lucha, insistió Jorge Herrera Murillo, rector de la Universidad Nacional (UNA) y presidente del Consejo Nacional de Rectores (Conare), “es por sensibilizar a los diputados para que frenen esos recortes”. Mientras tanto, las universidades presentaron, junto con los partidos Liberación Nacional y Frente Amplio, dos consultas facultativas de constitucionalidad ante la Sala IV, pues están convencidos de que los acuerdos de la Comisión de Enlace, encargada de negociar el FEES, no pueden ser modificados por una comisión legislativa.
En el mismo sentido, autoridades de diferentes facultades de la UNA, así como el movimiento estudiantil, han insistido en los riesgos y los costos sociales que implica para un país desfinanciar la educación. “Los jóvenes vamos a lidiar con las consecuencias de cada recorte y quienes lo proponen no van a vivir las consecuencias de esto”, manifestó indignada Daniela Chaves Matamoros, presidenta de la Federación de Estudiantes (FEUNA).
Con el agro
Mientras tanto, varios miembros de las comunidades universitarias se sumaron a la marcha que organizó el sector agropecuario este 3 de noviembre. La UNA, que desde su génesis ha tenido una relación estrecha con este sector, acompañó a los campesinos y agroproductores que marcharon desde la fuente de La Hispanidad hasta la Asamblea Legislativa exigiendo más diálogo y mejores condiciones para su actividad.
Olma Segura Bonilla, exrector y actual miembro del Consejo Universitario, destacó que en las investigaciones tanto del estudiantado como de quienes se dedican a la academia, la Universidad Nacional se acerca permanentemente a los sectores agropecuario, como el lechero, el ganadero, y los productores de hortalizas y vegetales. “Les brindamos información para poder discutir y dialogar con el gobierno para que se mejore la competitividad. Esa es nuestra relación y tenemos que fortalecerla; el problema es que el gobierno no escucha”.
