Redacción UNA COMUNICA
Miles de personas, en su mayoría estudiantes de secundaria y de universidades, así como funcionarios del magisterio nacional y de las universidades públicas, participan desde las 9 de esta mañana en una multitudinaria marcha en defensa de la educación pública.
Con consignas en defensa de los acuerdos de la Comisión de Enlace que negocia el Fondo Especial de la Educación Superior (FEES) y del derecho de las personas a educarse, las personas manifestantes se desplazan desde el Parque de la Merced hasta la Plaza de la Democracia, en San José.

La marcha, que se había anunciado desde principio de mes, se da justo un día después de que la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa aprobó el segundo recorte por 8.048 millones, esta vez al presupuesto extraordinario 2026. Con este nuevo recorte las universidades estatales dejarán de recibir ₡16.096 millones que corresponde al presupuesto del presente y del próximo año.
Tras conocer esta nueva rebaja, el Consejo Nacional de Rectores (Conare) se pronunció ayer 10 de noviembre, y no solo rechazó el recorte sino que denunció que “estas decisiones debilitan la confianza en los procesos de negociación y vulneran la seguridad jurídica, al desconocer compromisos formalmente asumidos entre el Gobierno y las universidades públicas”.
Como se ha informado, los 8.048 millones de colones de este segundo rebajo corresponden a los fondos postergados por el gobierno desde 2020 y 2021, producto de la pandemia Covid 19. En noviembre de 2025 el gobierno de la República se comprometió, en la negociación del FEES con la Comisión de Enlace, que también la integra las universidades públicas y la representación estudiantil, a la devolución de dichos fondos en ocho tractos.
El gobierno, por su parte, ha justificado los recortes bajo el alegato de que tales recursos se asignaron de una manera que no fue eficiente ni correcta. Con ambos recortes se busca pagar deudas a los fondos a la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional y trasladar recursos para comedores escolares y transporte, según justificaron los diputados del partido oficialista.
Mientras tanto, Jorge Herrera Murillo, rector de la Universidad Nacional (UNA) y presidente de Conare, recordó que esta decisión resulta inconstitucional en tanto una comisión legislativa no tiene la potestad para modificar los acuerdos de la Comisión de Enlace.
Actualmente, y tras sendas medidas cautelares urgentísimas solicitadas por el Poder Judicial ante la Sala Constitucional se frenó la discusión y aprobación del Presupuesto Nacional 2027. Sin embargo, la Asamblea Legislativa dispone hasta el 26 de noviembre para discutir y aprobar el presupuesto.