La alerta de parte del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) es claro: el aumento de la temperatura global aumentará por encima de 1,5 grados de los niveles preindustriales, definido así por el Acuerdo de París del 2015. Incluso se habla que podría elevarse hasta 1,8 grados o más.
“Superar el 1,5 grados no es solo un riesgo, sino una condición inevitable a corto plazo, por lo que la misión ya no es solo el objetivo del 1,5, sino preparar nuestros entornos, el de las comunidades y el de futuras generaciones para un mundo socialmente habitable y que considere a la naturaleza como un actor clave y estratégico que resguarde la vida y la seguridad interespecies”, manifestó Emmanuel Cerdas, en representación de The Climate Reality Project América Latina.
Y si de actores claves se trata la gestión desde los territorios y la participación de los gobiernos locales se vuelve un factor clave. Bajo esa premisa fue que se desarrolló en la Universidad Nacional (UNA) la Cumbre Municipal del Clima 2026, un town hall COP que reúne a líderes nacionales y locales para aportar soluciones a la crisis climática.
Se trató de una iniciativa de ICLEI (Local Governments for Sustainabililty) y la Escuela de Relaciones Internacionales de la UNA por medio de su Programa en Cooperación, Ambiente y Desarrollo (ProCAD), que se realizó el 21 de setiembre en el edificio de Emprendimiento del Campus Benjamín Núñez.
El mundo de las próximas generaciones
El PNUD advierte que el calentamiento global, producto de la quema de carbón, petróleo y gas intensificará las presiones de un aumento en las temperaturas.
Cerdas considera que un entorno superior a 1,5 grados “no proyecta ningún tipo de seguridad habitable para múltiples ecosistemas, incluyendo al ser humano”.
Al respecto, el especialista considera que las próximas generaciones deberán afrontar tres procesos identificables en un panorama donde la escalada sea inevitable y los países no logren aplicar medidas de mitigación y adaptabilidad.
Por un lado, tendrán que asumir medidas aún más fuertes que aceleren las transiciones hacia un estado cero neto global. Esto significa reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y dejarlas lo más cerca posible a cero.
En segundo término, deberán robustecer los esfuerzos por revertir el calentamiento global a largo plazo. Y en tercer lugar, afrontar la realidad de un mundo que se verá expuesto a fenómenos climáticos más extremos y que tendrán implicaciones no solo ambientales sino también económicas y sociales.
De acuerdo con datos compartidos por Cerdas, durante la cumbre, a partir de los datos del PNUD, se prevé una caída de hasta un 14% en la producción global de alimentos para el 2050. Esto tiene implicaciones en temas de seguridad alimentaria que pueden afectar a los países más pobres.
De no establecerse una adaptación climática efectiva, los glaciares podrían perder más de un cuarto de su masa al 2100, elevando de esta manera el nivel de los mares entre 9 y 12.5 centímetros. Aunque se mantiene en estudio actualmente, algunas evidencias apuntan al cambio climático como uno de los factores que causó el deshielo en una sección montañosa en Nepal y que provocó la muerte de 1.450 personas y la desaparición de 5.800 más.
“Se estima que las horas de calor serán más largas y frecuentes, consumiendo una mayor demanda energética. Para nuestra región centroamericana se prevé una expansión de enfermedades transmitidas por vectores en las ciudades, así como otros males relacionados con una inadecuada nutrición”, indicó Cerdas.
Este tipo de fenómenos anteponen las necesidad de que los países adopten una “transición justa”, que considere a las naciones en vías de desarrollo, así como a las mujeres y los niños, que más sufren por los efectos del cambio climático.
Muestra de esas inequidades sociales que persisten se refleja en el dato de que más del 40% de la fuerza laboral agrícola en países de renta baja y media la realizan mujeres, quienes enfrentan barreras estructurales de acceso a tierra, crédito y tecnología.
A pesar del panorama sombrío que se muestra, el propio informe de la ONU señala que “todavía es posible reducir las temperaturas y regresar por debajo de ese umbral (1,5 grados). Ante ello, la acción la acción climática internacional se debe conectar con la gestión local.
“Hoy entendemos que las relaciones internacionales no pueden analizarse solo desde la interacción de los estados. Los gobiernos locales, las comunidades, la academia, la sociedad civil y las organizaciones son actores fundamentales en la construcción de respuestas frente a los desafíos globales. Esta cumbre expresa precisamente esa visión territorial”, indicó Roy Mora, subdirector de la Escuela de Relaciones Internacionales de la UNA.
Durante la jornada, se realizaron una serie de paneles de discusión con actores relevantes. Rogers Araya, gestor ambiental de la Municipalidad de Heredia, indicó, por ejemplo, que este gobierno local cuenta con una política de cambio climático, a la vez que precisó los retos del documento en dos vías: por un lado que se contemple la adaptación y no solo la mitigación por desastres y que se mire con una óptica de inversión y no de gasto los esfuerzos climáticos dentro de los presupuestos municipales.
A pesar de lo anterior, un análisis de la Escuela de Ciencias Ambientales de la UNA había alertado que apenas 34 de 85 cantones incluyen la variable de cambio climático en sus agendas. Esto representa a solo cuatro de cada 10 municipalidades en el país.
Catalina Artavia, de la Dirección de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), apuntó que es necesario mejorar la gobernanza en las comunidades, para que los ciudadanos tengan un mayor involucramiento sobre las gestiones ambientales que realizan desde sus gobiernos locales. Destacó para ello la labor del Consejo Consultivo de Cambio Climático, las asociaciones de desarrollo y los comités locales de emergencia.
Al final del evento, los participantes y organizadores concretaron los próximos pasos para sistematizar los resultados y acuerdos. El objetivo fue establecer una hoja de ruta y una intención de colaboraciones que sea conocida por el gobierno, en reconocimiento de las amenazas ambientales que tienden a incrementarse y que comprometen el futuro inmediato del planeta.
