Cientos de universitarios se congregan este martes 20 de octubre, desde las 8:30 a.m., en la Plaza de la Democracia, en las afueras de la Asamblea Legislativa, para manifestarse en contra de los recortes del presupuesto a la educación pública que, de manera reiterada, se han venido presentando en los últimos años.
El hecho más reciente, en esa política de recortes se dio la noche del 19 de octubre cuando la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa aprobó dos mociones que le restan 16.966 millones al presupuesto de las universidades públicas. La primera de las mociones significa una disminución de 8.918 millones de colones que impactan directamente los gastos de operación; la segunda, resta 8.048 millones, que son fondos postergados del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) que el gobierno había acordado devolver a las universidades desde noviembre de 2025.
Para el caso la Universidad Nacional (UNA), el recorte sería ₡4.129,4 millones menos para el 2027, y afectaría la apertura de nuevas carreras de ingeniería en los campus de Nicoya, Liberia, Coto y Sarapiquí, según comunicó Jorge Herrera Murillo, rector de la UNA. “Sin esos recursos no podemos abrirlas con la calidad que nuestros estudiantes merecen”, sentenció el rector.
Por su parte, el TEC anunció el cierre técnico de su Centro Académico en Limón para lo que resta de 2026; la UNED advirtió sobre dificultades para terminar el año y recibir más estudiantes en 2027 sin esos recursos; la UTN alertó sobre un eventual escenario de insolvencia en 2028, y la UCR confirmó afectaciones para su Recinto de Paraíso.
A lo anterior se debe sumar el incumplimiento del Ministerio de Hacienda, que no transfirió los ₡11.521 millones correspondientes al 2% de aumento del FEES 2025, aprobado por la Asamblea Legislativa. Además, para el 2027 el gobierno congeló el FEES y propuso uno idéntico al del 2026 (₡593.484 millones), aun cuando el propio ministerio proyecta una inflación de 3% para el próximo año. “El sistema perdería cerca de ₡17.000 millones en poder de compra. Esto significa menos becas, menos equipo, menos mantenimiento y menos capacidad para crecer”, agregó el rector Herrera.Un comunicado enviado por el Consejo Nacional de Rectores (Conare) establece que una disminución de los recursos universitarios no tendría únicamente consecuencias presupuestarias. Sus efectos podrían alcanzar la oferta académica, la cantidad de cupos disponibles, el fortalecimiento de las sedes regionales, las becas y otros apoyos estudiantiles, así como las inversiones necesarias para sostener una formación de calidad.
Ante este panorama el (Conare) manifestó su preocupación por esta política de recortes y convocó a la marcha de este martes, en la que participan las cinco universidades públicas, así como representantes de otras organizaciones de país. De igual forma, los rectores habían convocado de urgencia a la Comisión de Enlace para exponer al Gobierno las consecuencias de las mociones y solicitó formalmente a las diputadas y los diputados que no aprobaran las rebajas propuestas, lo cual no surtió efecto, pues la Comisión de Asuntos Hacendarios aprobó las mociones entrada la noche del 19 de octubre.
