Pasar la tijera al presupuesto social del estado costarricense tendría repercusiones a mediano y largo plazo, a propósito de las acciones impulsadas desde el gobierno y que están plasmadas en el proyecto de ley de Presupuesto Nacional para el 2027, así como en decisiones previas que ya se han adoptado.
Dichas decisiones han generado desde ahora fricciones políticas. Por ejemplo, en el primer presupuesto extraordinario para el ejercicio económico de este año, el Poder Ejecutivo recortó 40 mil millones de colones para los Cen Cinái. Producto de ello, a inicios del mes pasado, surgieron denuncias de desatención de servicios de transporte y cuido de niños y niñas beneficiarios.
La directora de los Cen Cinái, María Marta Carballo, aclaró que hubo una leve afectación en algunos centros producto de la incorporación de 1.527 niños entre junio y agosto. No obstante, este caso está lejos de ser un ejemplo aislado.
Al Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) también le recortaron 30 mil millones de colones, mientras que desde el Ministerio de Cultura se aplicó una reducción para este año de un 9.5% de su presupuesto y de un 13.38% para el próximo año, lo que significó la salida de 15 funcionarios y la readecuación salarial de 30 más, además de la alerta de afectación de programas que van dirigidos a población vulnerable.
Esto, sin contar los recortes que para este año y el próximo pretenden aplicar al Poder Judicial, que de una manera directa pueden afectar las estrategias de seguridad y de contención del crimen organizado, que golpea la calidad de vida de muchas comunidades en el país.
Detrás de estas acciones hay un detonante: la situación de las finanzas públicas que, desde distintos informes y organismos, apuntan a una reducción de la recaudación tributaria para este año y un agravamiento a largo plazo de la relación deuda/PIB que llevará a ajustar los presupuestos al escenario más estricto de la regla fiscal, incluso hasta el 2031.
Para Claudia Palma, investigadora del Programa Análisis de Coyuntura, Sociedad y Democracia de la Escuela de Sociología de la Universidad Nacional (UNA) se trata de un tema de prioridades. Y lo coloca con un ejemplo claro: “Este es un gobierno que invierte menos en educación y más en cárcel”.
Esta realidad descrita por Palma se ajusta a la realidad. El presupuesto del gobierno para el Ministerio de Educación Pública se reducirá a un 4.9% del PIB en el 2027, lejos de lo establecido en el artículo 78 de la Constitución Política que establece un mínimo del 8% de la producción.
Esta afectación también se vería en valores absolutos. Es decir, el presupuesto para educación sería 19.229 millones de colones menos para el próximo año, en un entorno donde el gobierno busca a toda costa que los recursos del Fondo de Especial de Educación Superior (FEES) permanezcan congelados para el año entrante, con un incremento del 0%. “Una sociedad sin educación es una sociedad sin futuro”, sentencia Palma.
De cifras e impactos
El proyecto de presupuesto nacional de la República del 2027 es de 12.4 billones de colones, de los cuales, un 37.7% se financia con deuda. Además, se reduce en un 3.1% con respecto al plan de gastos de este año (393 mil millones de colones menos).
En total 15 instituciones sufrirán recortes. Las más afectadas serán el Tribunal Supremo de Elecciones (-24%), el Ministerio de Agricultura y Ganadería (-4.5%), Ministerio de Cultura
(-3.4%), Ministerio de Ambiente y Energía (-2.8%), Poder Judicial y Defensoría de los Habitantes (-1.9%). Contrario a ellas, tendrán incrementos carteras como Presidencia (16.8%), Obras Públicas y Transportes (1.5%) y Hacienda (1.2%).
Claudia Palma cataloga este proyecto como de “austeridad selectiva” al rebajar el presupuesto social y al mismo tiempo aumentarlo en otras carteras que no tienen impacto directo con la atención de las desigualdades.
“Lo que preocupa no es solo un recorte puntual a una entidad o a una institución, sino que estamos observando una tendencia acumulativa de varios años en lo que el proceso de consolidación fiscal ha venido reduciendo los espacios para la inversión social. Desde el Cinpe, hemos venido alertando esta situación, incluso con un informe especial que presentamos en el 2024”, manifestó Ivannia Bolaños, investigadora del Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible (Cinpe) de la UNA.
Bolaños coincide con Palma en que en el tema de la educación, por ejemplo, no se trata de un gasto corriente por recortar, sino de una decisión que perjudicará la calidad y la cobertura educativas, la formación óptima del recurso humano y las posibilidad de empleabilidad a futuro y de reducción de la pobreza.
La investigadora del Cinpe-UNA estima que el gobierno busca mejorar algunos indicadores fiscales a costa de deteriorar las capacidades estructurales y productivas del país.
El académico Fernando Rodríguez, del Observatorio Económico y Social (OES) de la Escuela de Economía de la UNA, considera que lo que el Poder Ejecutivo hace es recortar el gasto lo más que se puede para compensar la pérdida por ingresos tributarios.
Pero más allá de eso, no ve que esté planteando una ruta de recuperación fiscal. “Para cambiar eso, debería estar planteando qué hace con la recaudación del IVA (Impuesto al Valor Agregado), si aumenta la tasa o meter algo con el impuesto sobre la renta, pero no hay nada eso. Lo que promueve son medidas limitadas de recorte para evitar que se deteriore el resultado primario”, argumentó Rodríguez.
Palma considera que esa falta de inversión social puede tener un “impacto irrecuperable a un plazo de 10 o 15 años, partiendo de que al final de cuentas, un proyecto de presupuesto es la manera en que el Ejecutivo concreta su visión de mundo con respecto al país que quiere construir”.
En esa visión se cuelan grietas que Ivannia Bolaños sintetizó en casos concretos. “Menos recursos para educación afectan capital humano y productividad, menos recursos para programa de niñez puede profundizar desigualdades desde edades tempranas, menor capacidad en vivienda afecta las condiciones de vida de los hogares, menor inversión agropecuaria acentúa las brechas territoriales y compromete el empleo rural y la seguridad alimentaria”.
La Asamblea Legislativa tendrá la última palabra en la discusión del presupuesto y los eventuales cambios que apliquen. El proyecto será prioridad en la agenda parlamentaria durante noviembre y hacia final de ese mes deberá ser votado en segundo debate.
