Durante la última sesión de la Comisión de Enlace, tanto los representantes de las universidades públicas como del gobierno, mostraron su satisfacción por el acuerdo alcanzado. Fotos Víctor Barrantes.
Diez sesiones de trabajo le tomó este año a la Comisión de Enlace acordar el aumento para el Fondo de Educación Especial para la Educación Superior (FEES) del 2024. La puesta en balance de las razones que defendieron la universidades públicas, por un lado, y la férrea posición del gobierno, sustentada en una frágil economía del país, permitió alcanzar, como punto medio, el aumento de un 2%, en la última y extenuante sesión, realizada el 22 de agosto en la sede del Consejo Nacional de Rectores (Conare).
Tras nueve horas de negociación, Ana Katharina Müller Castro, ministra de Educación, dio a conocer que el presupuesto estatal para las cinco universidades públicas es de 576.087 millones, lo que representa un aumento de 11.296 millones con respecto al año anterior.
En representación del Conare, su presidente, Emmanuel González Alvarado, calificó como “muy significativo” el acuerdo, para garantizar a los jóvenes de Costa Rica un futuro. Destacó, asimismo, que los indicadores de resultados—un tema en el que emplearon varias sesiones—también forman parte de los anhelos de la universidades para buscar, junto al Ejecutivo, las mejores condiciones para los estudiantes del país. Este trabajo conjunto, coincidió la ministra Müller, permitirá reforzar la relación entre ambas partes mediante proyectos e investigaciones de cooperación.
En el balance de la negociación, Francisco González, rector de la Universidad Nacional (UNA), destacó el logro de introducir una cláusula que permita, en julio de 2024, reconocer el aumento en la inflación, si esta es superior al 2%. En tal caso, el Ejecutivo haría la modificación presupuestaria en el presupuesto extraordinario.
El rector ponderó también, como otro de los logros, que se eliminaran todas las cláusulas inconstitucionales que pretendían restringir la autonomía de las universidades en la propuesta presentada por el gobierno y coincidió en que las universidades se comprometieron a trabajar en acciones conjuntas para aportar al desarrollo del país, “pero siempre bajo el marco del respeto a nuestra Constitución Política”.
Un tema que seguirá en agenda y que se conoció durante esta última sesión, fue la solicitud de las representaciones estudiantiles de continuar con el análisis de un mecanismo que permita la redistribución del FESS en el corto y mediano plazo, así como el fortalecimiento de la vida estudiantil en diversos campos.
Finalmente, Alvarado González destacó que dentro de la negociación, y por intervención de la Rectoría de la UNA, en coordinación con el OVSICORI, se logró que el Ministro de Hacienda se comprometiera a incluir en el presupuesto 2024, una partida de 900 millones de colones como parte de las deudas que desde el 2019 se habían acumulado con la UNA, cuyo origen es la Ley Nacional de Emergencias.
