PhD. Ronaldo Rosales Mendoza* 

La crisis climática global y la evolución de los mercados internacionales exigen una transformación profunda en la forma en que evaluamos la salud de las entidades. 

Anteriormente, la profesión contable se había concentrado en medir el rendimiento financiero a través de la cuantificación de hechos pasados. Hoy, en el contexto costarricense, la incorporación de las Normas Internacionales de Información Financiera sobre Sostenibilidad (NIIF S1 y NIIF S2), por parte del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica (CCPCR), mediante las circulares 33-2023 y 37-2025, marca un hito en la regulación técnica nacional.

Pese a que esta transformación atañe exclusivamente a las grandes corporaciones y a los entes supervisados por el sector financiero, tanto en las universidades como en el sector productivo, prima con frecuencia la premisa de que las micro, pequeñas y medianas empresas (pymes) están exentas de este compromiso al operar bajo el marco NIIF para las PYMES. 

Desde una perspectiva estrictamente jurídica, esta afirmación es correcta: la adopción formal de las NIIF S1 y S2 para este segmento se mantiene en condición voluntaria. No obstante, reducir el análisis a la obligatoriedad legal directa es un error estratégico que desconoce la dinámica real del mercado.

En la práctica económica opera un efecto dominó o de cascada que traslada las exigencias ambientales de los grandes actores hacia las mipymes a través de dos vías principales:

En primer lugar, los grandes contribuyentes y las multinacionales que reportan bajo NIIF S2 están obligados a cuantificar sus emisiones de Alcance 3, las cuales corresponden a los impactos generados a lo largo de toda su cadena de valor. Si una mipyme actúa como proveedora de insumos, servicios de transporte, logística o manufactura deberá certificar su huella de carbono y sus riesgos climáticos para mantener su posición comercial. La falta de métricas fiables se convierte, en la práctica, en un factor de exclusión de licitaciones y contratos clave.

En segundo lugar, el sistema bancario nacional ha integrado la gestión de riesgos ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) en sus modelos de evaluación de crédito. Bajo el marco normativo del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF) y el Acuerdo SUGEF 2-10, respaldado por los Sistemas de Administración de Riesgos Ambientales y Sociales (SARAS), las entidades financieras exigen hoy información climática antes de aprobar u otorgar financiamiento. Una mipyme con riesgos no gestionados enfrenta tasas de interés más elevadas o el rechazo directo de sus solicitudes de capital de trabajo.

Frente a este escenario, las normas NIIF S1 y S2 no deben percibirse como una carga desproporcionada. Los estándares internacionales y la normativa técnica costarricense reconocen las asimetrías operativas mediante el principio de proporcionalidad. Se faculta a las empresas de menor escala a utilizar estimaciones cualitativas y datos disponibles sin incurrir en costos desmedidos, apoyándose en metodologías locales consolidadas como el Programa País de Carbono Neutralidad (PPCN 2.0) del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae). Inclusive, pueden usar la taxonomía de finanzas sostenibles para acceder a recursos financieros en condiciones favorables para sus proyectos.

Este nuevo paradigma redefine el ejercicio de la contaduría pública y privada en Costa Rica. El profesional en contabilidad debe trascender el rol tradicional de registrador de transacciones pasadas para convertirse en un asesor estratégico capaz de evaluar la doble materialidad: la forma en que el entorno climático impacta la liquidez y la valoración de activos de la empresa, y la manera en que las operaciones de la organización impactan al medio ambiente.

La sostenibilidad ha dejado de ser un complemento reputacional para transformarse en un criterio fundamental de solvencia y continuidad del negocio. Garantizar la resiliencia y competitividad de las mipymes exige abordar el reto climático con rigor académico, responsabilidad técnica y una visión estratégica centrada en la creación de valor a largo plazo.

El costo de la inacción climática ya no es hipotético: es medible en cada estado de resultados. Una entidad que hoy posterga la gestión de su huella de carbono no está evitando un trámite burocrático: está apostando la continuidad de su negocio a la indiferencia de sus clientes, sus bancos y sus competidores. Mientras se debate si el tema le compete, otras empresas de su mismo sector ya están certificando, reportando y adjudicándose las licitaciones y contratos que a las rezagadas se les niegan.

Pero donde otros ven una carga regulatoria, las entidades más visionarias están descubriendo una ventaja competitiva silenciosa. Ser la empresa capaz de entregar datos climáticos confiables a un gran comprador o de presentar un perfil de riesgo ASG sólido ante una entidad financiera no es un gasto adicional: es la llave que abre contratos, reduce el costo del capital y construye una reputación de confiabilidad que ningún competidor desorganizado puede replicar de la noche a la mañana.

El momento de actuar es ahora. Mientras la transición hacia las NIIF S1 y S2 todavía es voluntaria y progresiva para este segmento, iniciar con pasos sencillos, un inventario básico de emisiones, un diagnóstico de riesgos climáticos, el acompañamiento de un contador o asesor capacitado, cuesta hoy una fracción de lo que costará mañana adaptarse bajo presión y contrarreloj. Las mipymes que decidan liderar esta transformación, en lugar de sufrirla, serán las que definan el nuevo estándar de competitividad del país.

*El autor es académico de la Escuela de Administración de la Universidad Nacional (UNA).