Desde ya se barajan las posibilidades que tendrá el Partido Demócrata de arrinconar al presidente Donald Trump en los dos últimos años de mandato en Estados Unidos. Promover un juicio político o impeachment se ha mencionado como una de las maneras en que la oposición buscaría denotar el poder obtenido tras las elecciones de medio periodo.
No obstante, académicos de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional (UNA) verían en ello un paso en falso, e incluso un “gran error” al acudir a esta figura jurídica que, en el fondo, pretendería destituir al presidente en ejercicio.
En primera instancia, no se trataría de un proceso nuevo para el magnate neoyorquino. En dos ocasiones anteriores, durante su primer mandato, fallaron los intentos por destituirlo: el primero fue entre el 2019-2020, por presuntas presiones a Ucrania para investigar al expresidente Joe Biden a cambio de ayuda militar, y la otra fue en el 2021, tras el asalto al Capitolio luego de las elecciones que Trump perdiera. En ambos casos, los expedientes avanzaron en la Cámara de Representantes y luego, no obtuvieron los votos necesarios en el Senado para aprobarse.
De acuerdo con el académico Carlos Murillo, es la Cámara de Representantes la que tiene el poder para plantear la acusación y luego el Senado se encarga de juzgar los hechos según los cargos que se le atribuyen al mandatario. Así lo establecen el artículo I, secciones 2 y 3 de la Constitución Política de Estados Unidos.
La guerra en Irán, los operativos del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) y posibles actos de corrupción en la gestión presidencial podrían ser algunos temas que para un sector del Congreso deberían juzgarse a ese nivel.
A pesar de alcanzar mayorías en ambas cámaras tras las elecciones de este martes, Murillo visualiza más riesgos que posibilidades en una eventual apuesta demócrata por impulsar el impeachment. “En realidad es muy arriesgado porque significa colocar toda la gestión de los próximos dos años y hasta las próximas elecciones en el marco de un solo proceso y eso hace que se descuiden otros temas importantes sobre los cuales se podría confrontar a Trump”, indicó.
Esa posición la comparte el también académico de la UNA, Carlos Cascante. “Si bien los demócratas han ganado por mucha ventaja ambas cámaras, para que sea efectivo el juicio político ocuparían alcanzar 66 senadores y en el mejor de los escenarios terminarían con 56. Es muy difícil que eso ocurra y sería un error político de los demócratas”, valoró.
La falta de garantías de que un proceso de esta naturaleza llegue a buen término podría más bien catapultar la figura de Trump. Desde su punto de vista este fue un error que se cometió al final de su primera administración, cuando se le vio como víctima del proceso.
Cascante catalogó la idea como de “jurídicamente complicada y políticamente inviable”, aunque se sabe que Trump ya no podrá aspirar a un tercer mandato en el 2028.
Eso podría generar un desgaste político que no le garantiza ninguna ventaja al Partido Demócrata frente a las próximas elecciones y es ahí donde los congresistas deben colocar en la balanza de si dar ese paso jurídico o no sea conveniente en el entorno político que vive el país.
Para Carlos Murillo, por otra parte, el eventual proceso de destitución requeriría además del apoyo de congresistas del Partido Republicano. Aunque a lo interno existe animadversión hacia políticas emprendidas por el mandatario, esto tampoco garantiza apoyos reales. “El propio partido, a la luz de los resultados de las elecciones intermedias, deberá hacer valoraciones de si se dedica a reestructurar el movimiento republicano o confronta a sus rivales demócratas”, indicó.
Relaciones tensas
Desde ahora se prevé un choque más directo y frontal entre el gobierno y el Congreso norteamericano. El uso de una gorra con la palabra “veto” por parte de Trump, el día de las elecciones, supone un camino espinoso en las relaciones políticas.
Uno de los puntos de quiebre, de acuerdo con Carlos Cascante, será la de colocar en puestos claves del Ejecutivo a personas afines a Trump, e incluso en el nombramiento de jueces y fiscales de la Corte Suprema, para los que se requiere la aprobación del Congreso.
Y si bien las leyes estadounidenses conceden poderes amplios a los presidentes para avanzar en sus agendas en temas presupuestarios, el congreso, de mayoría demócrata en ambas cámaras, podría también ejercer una presión mayor que obstaculizaría proyectos de la actual administración republicana.
El tema de la guerra contra Irán será punto central. La extensión del conflicto y sus implicaciones políticas y económicas, con un aumento en el precio de los combustibles y la incertidumbre en el acceso a rutas comerciales que afectan el suministro de bienes en la región del Medio Oriente, harían que tanto demócratas como republicanos exijan a Trump una salida expedita a la disputa.
Otro aspecto a tomar en cuenta es que la forma en que Estados Unidos aborda la cuestión latinoamericana a través de su iniciativa Escudo de las Américas, puede generar presión desde el congreso por medio de límites de financiamiento a este programa o a aquellos relacionados con los operativos de migraciones y deportaciones masivas.
Todos estos temas pueden ocupar ejes centrales, más allá del juicio político. “Vamos a enfrentar los próximos dos años de la administración Trump un choque entre el ejecutivo y el legislativo, pero esta vez adobado y adornado por una durísima campaña electoral que empezó justo apenas finalizaron las elecciones intermedias”, reflexionó Cascante.
Nada de estos puntos serán ajenos para Costa Rica, complementó Murillo. Las decisiones que se adopten en materia de aranceles, inversiones, migración, cooperación y seguridad serán determinantes en un escenario que abofeteó al Partido Republicano y que abrió un nuevo frente a sus rivales demócratas. Serán dos años de tensiones, donde las decisiones deberán ser calculadas según los intereses y posibilidades de cada bando. Al final de cuentas, el 2028 se ve casi que doblando la esquina…
