El Consejo Nacional de Rectores CONARE expresa su firme rechazo ante la decisión de las diputaciones del Partido Pueblo Soberano PPSO en la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa de aprobar una nueva reducción de ₡8.048 millones al financiamiento de las universidades públicas para el ejercicio económico 2026.
La decisión, adoptada mediante la moción 9 del expediente legislativo N.° 25.803, correspondiente al Segundo Presupuesto Extraordinario de la República para 2026, afecta el financiamiento de la educación universitaria pública e incumple el compromiso suscrito el 20 de noviembre de 2025, en el marco de la Comisión de Enlace, entre representantes del Gobierno de la República, las universidades públicas y la representación estudiantil. Este acuerdo estableció la devolución gradual de los recursos del FEES que fueron postergados durante los años 2020 y 2021.
Este nuevo recorte se suma a la reducción de otros ₡8.048 millones incorporada en el Presupuesto Nacional para 2027, aprobado en primer debate. En conjunto, ambas decisiones representan una disminución de ₡16.096 millones de los recursos del FEES.
Para el CONARE, estas decisiones debilitan la confianza en los procesos de negociación y vulneran la seguridad jurídica, al desconocer compromisos formalmente asumidos entre el Gobierno y las universidades públicas.
Esta reducción compromete el funcionamiento de las universidades públicas y la continuidad de los servicios que ofrecen a la población. Disminuye los recursos disponibles para atender las necesidades estudiantiles, sostener los programas de becas y otros apoyos, dar mantenimiento a las instalaciones, equipar laboratorios y desarrollar las actividades de docencia, investigación, extensión y acción social.
El impacto es especialmente significativo en las regiones costeras y rurales fuera de la Gran Área Metropolitana, donde las universidades públicas acercan la educación superior a la población y generan oportunidades de formación profesional. La reducción de recursos puede limitar la presencia universitaria en estos territorios y las posibilidades de miles de jóvenes de iniciar y concluir una carrera. Sus consecuencias no recaen únicamente en quienes estudian, sino también en sus familias y comunidades, para las que la educación universitaria pública representa una oportunidad de superación y mejores condiciones de vida.
