Incrementos en las tarifas que pagan los usuarios por los servicios de Internet y telefonía móvil, pérdidas económicas en distintos sectores productivos del país y una mayor brecha digital que aumenta la desigualdad social, son parte de las consecuencias que tendría la aplicación de un decreto ejecutivo que excluye a proveedores de China en la participación del mercado de telecomunicaciones de quinta generación (5G).
Esa es la conclusión de expertos del Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible (Cinpe-UNA) durante la presentación del estudio Evaluación del impacto económico de la exclusión de proveedores de las inversiones de la red 5G en Costa Rica.
El análisis surge tras la promulgación del decreto ejecutivo 44196-MSP-MICITT Reglamento sobre Medidas de Ciberseguridad Aplicables a los Servicios de Telecomunicaciones Basados en la Tecnología de Quinta Generación Móvil (5G) y Superiores, elaborada por el Poder Ejecutivo.
Dicho decreto excluye la participación de empresas de China, bajo el fundamento de que este país no ha firmado el Acuerdo de Budapest sobre ciberseguridad. Por ende, una empresa como Huawei, líder mundial en materia de telecomunicaciones y que ha realizado inversiones en el despliegue de redes de telefonía móvil y acceso a Internet en el país, se vería marginada como eventual proveedora de servicios.
Para el director del Cinpe, Olman Segura, “si bien las políticas de ciberseguridad son esenciales para proteger la integridad y seguridad de las redes nacionales, es fundamental equilibrar estas medidas con el potencial impacto económico y tecnológico que podría surgir en el sector y en el país, al limitar la competencia en el despliegue de la red 5G. Es vital que Costa Rica evalúe cuidadosamente las implicaciones de tales decisiones en su trayectoria hacia una economía más conectada y moderna”.
Golpe al bolsillo
Del análisis se desprende, además, la afectación directa que percibirán los usuarios finales de los sistemas de telecomunicaciones en un mercado de desarrollo de la 5G.
Las medidas de exclusión que impulsa la actual administración generarían un incremento de hasta un 40% en las tarifas para los servicios de Internet y telefonía móvil, en comparación con un escenario donde el país no aplique lo establecido en el decreto ejecutivo.
El cálculo se obtuvo a partir de la consideración de diversas variables que requieren emplear los operadores de servicios de telecomunicaciones y que incluyen gastos operativos, de mantenimiento, administración, inversión necesaria, rentabilidad y depreciación de equipos.
El efecto del incremento de las tarifas tendría una repercusión directa sobre la cantidad de usuarios que tendrían acceso a las soluciones basadas en 5G. De acuerdo con el informe, para la modalidad de telefonía móvil podría pasar de 7.876.163 abonados, en el 2022, a 4.331.890, en el 2030, lo que redunda en una disminución del 43% de suscripciones.
Lo anterior generaría un retroceso en los avances por una penetración eficaz de la tecnología 5G en el país, en momentos en que se calcula que para el 2025 en América Latina se alcanzará el porcentaje del 12%, mientras que en el caso de Europa sería de un 34%, según se consigna en el informe del Cinpe. Incluso, naciones como Brasil y México llegarían a conexiones que van del 14% al 20%, mientras que Costa Rica se ubicaría en un modesto 6%.
Golpe a la economía
El efecto de la implementación de la red 5G tiene demostradas implicaciones positivas sobre la economía de los países, al fomentar la competitividad en diversos sectores, promover la empleabilidad y reducir costos de producción. Con base en el reporte The Global Economic Potential of 5G-Enabled Technology de Oxfords Economics, citado por la investigación del Cinpe, el impacto anual de la inversión 5G sobre la economía global representa el 1,7% del Producto Interno Bruto global.
Sin embargo, en el escenario donde se aplique la exclusión de proveedores de China en soluciones 5G, utilizando la misma base para el cálculo que la del estudio citado, el país sufriría un costo económico de hasta 1.360 millones de dólares al cabo de cinco años.
Los principales sectores que se verían afectados en los primeros 5 años son el de los servicios de manufactura provenientes de zonas francas (con un costo económico de 483,6 millones de dólares), el de información y comunicación (pérdida estimada de 161,9 millones de dólares) y el de comercio (123,6 millones de dólares).
Ese costo económico es hasta nueve veces mayor al presupuesto estatal destinado al Organismo de Investigación Judicial (OIJ), justo en momentos en que el país vive la crisis más grave de inseguridad en su historia.
Costo financiero de la inversión
El otro factor analizado a la luz de este informe tiene relación con el costo financiero que deberían asumir las empresas proveedoras en un mercado restringido, como lo plantea el decreto ejecutivo.
Una de las conclusiones más relevantes es que el incremento en la inversión que debe realizarse es de aproximadamente 1.474,68 millones de dólares en un periodo de cinco años por parte de los operadores, lo que se traduce en un aumento de un 44% en los costos de inversión.
Lo anterior se explica en el hecho de que una empresa como Huawei ya ha realizado importantes inversiones en el despliegue de infraestructura de redes en el país. De esta manera, para las empresas operadoras, los costos y las inversiones se multiplicarían considerablemente ante la falta de una base instalada de previo y que debe realizarse para ofrecer los servicios de 5G.
“Es imperativo que Costa Rica y otros países adopten una política de neutralidad tecnológica al considerar la implementación de la tecnología 5G. Esta neutralidad no solo garantizará una adopción eficiente y económica, sino que también posicionará al país de manera óptima, para capitalizar las oportunidades de la próxima era digital”, se indica entre las conclusiones del estudio.
El documento producto de esta investigación se encuentra disponible en el sitio:
