Asegurar la independencia judicial tiene como fin preservar los derechos de los ciudadanos. “Su destinatario final no es la judicatura, sino las personas que acuden a los tribunales y necesitan que la causa se decida con base en razones jurídicas, con igualdad de trato y sin interferencias”, manifestó la magistrada presidenta de la Sala de Casación Penal, de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Solano.
Empero, dicha independencia sortea actualmente algunos intentos por socavarla. La discusión del proyecto de ley de Presupuesto Nacional de 2027 contiene propuestas de recortes, mientras en la Asamblea Legislativa se plantean iniciativas legales que podrían afectar la labor del Poder Judicial.
Solano emitió estas alertas durante la conferencia La independencia judicial y la educación: claves para la defensa de la democracia, organizado por el Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo) de la Universidad Nacional (UNA).
La jurista enfatizó que esa necesidad se establece en el sétimo de los Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el cual indica que “cada estado miembro debe proporcionar recursos adecuados para que el poder judicial pueda desempeñar sus funciones debidamente”.
A pesar de ello, el gobierno de Costa Rica propone un recorte de 11 mil millones de colones para el presupuesto del próximo año. Además, congela hasta 29.843 millones de colones a través de normas presupuestarias que comprometen el uso de plazas vacantes, gastos operativos e inversiones tecnológicas, al amparo del cumplimiento de una serie de requisitos ante la Contraloría General de la República y la Comisión Permanente Especial de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa.
La afectación toma distintos matices que se han ido construyendo a lo largo de los últimos años. La magistrada citó, por ejemplo, los efectos que ha tenido la implementación de las leyes 9.635 sobre fortalecimiento de las finanzas públicas y la 10.159 de empleo público, que afectan la independencia financiera y “la estructura salarial de los servidores públicos”.
Desde su punto de vista, “pareciera que los servidores públicos nos convertimos en los enemigos número uno de las finanzas públicas”, lo que ha conllevado a tener un personal judicial desmotivado que “no va a dar todo de sí” y que se ve de frente ante cuestionamientos como los expresados por la presidenta de la República, Laura Fernández, al firmar que el crimen organizado está infiltrado “hasta los tuétanos del Poder Judicial”.
Aunque los recursos que se giran a este poder representan al menos el 6% de los ingresos ordinarios, de acuerdo con el artículo 177 de la Constitución Política, Solano aclaró que ese porcentaje debe estar pensado para administración de justicia, solamente.
“Pero resulta que en administración de justicia se va un 3%, porque el otro tres se va en OIJ (Organismo de Investigación Judicial), que es carísimo, en el Ministerio Público, Defensa Pública y en el Programa de Atención a Víctimas y Testigos”, denunció.
Junto con ello, existen proyectos como el 24.966 Ley de la dignidad en el ejercicio policial, de la anterior fracción del Partido Liberal Progresista (PLP), que busca subordinar la labor del OIJ al Ministerio de Seguridad Pública, que forma parte del Poder Ejecutivo, o la iniciativa de la diputada Marta Esquivel del Partido Pueblo Soberano (PPSO) para que sea la Asamblea Legislativa la que elija a la persona que ocupe la Fiscalía General de la República, elección que depende hoy día de la Corte Plena (expediente 25.634).
“Eso de trasladar el OIJ al Ministerio de Seguridad es algo trascendente. Entendemos que todas son policías, pero con una naturaleza diferente. El Ministerio de Seguridad tiene a la policía administrativa que es la Fuerza Pública encargada de prevenir los delitos. El OIJ es una policía técnica encargada de investigar la comisión de delitos, pero que también tiene los laboratorios forenses”, explicó.
Al final, no se trata solo de trasladar una entidad de un lado hacia otro. Podría afectar la independencia de las resoluciones que se adopten y de las investigaciones que se lleven a cabo, generando presiones indebidas en contra de funcionarios que realizan estas labores.
En medio de esta coyuntura, Solano precisó que no se trata de ir en contra de los controles que deben regir la labor de las instituciones. “La crítica pública, las sentencias, el debate legislativo sobre la organización judicial, la evaluación del desempeño y el régimen disciplinario de los funcionarios son componentes legítimos de una democracia. Pero una cosa es que estos temas se discutan y otro que los jueces se sientan intimidados o se generen represalias por decisiones que adoptan en el marco de la legalidad y en el ejercicio de sus funciones”, aclaró.
Educación: la base
Una buena educación es el sostenimiento de un Poder Judicial independiente y eso corre en dos vías: desde la formación óptima del funcionario judicial y de la educación cívica que reciben los ciudadanos.
Por un lado, Solano comentó que en los países nórdicos, los profesores suelen ser los mejores pagados de la administración pública, con el objetivo de asegurar la mejor formación técnica y ética. Tener a las personas más capacitadas dentro del Poder Judicial podría minimizar el riesgo de errores en la interpretación de las normas jurídicas, mejorando la credibilidad y la transparencia del sistema.
Una buena educación permite también al resto de la ciudadanía conocer sus derechos, comprender el papel de las instituciones políticas y jurídicas, entender la división de poderes y realizar cuestionamientos por las vías correspondientes. “Por eso en muchas ocasiones no se comprende la diferencia de la labor de una policía administrativa y una judicial. La democracia se fortalece cuando las personas comprenden no solo quién decide, sino cuáles son los límites jurídicos de cada autoridad”, expresó Patricia Solano.
Ante este reto, el politólogo Ronald Rivera advierte que existe “un desasosiego social” producto de un fracaso en el sistema educativo que ha provocado la salida masiva de estudiantes de la educación formal. Citó, por ejemplo, el abandono de las aulas de 2.900 estudiantes de educación diversificada y de 1.200 de la educación técnica.
“Entonces, si vinculamos justicia con educación podemos encontrar una base conceptual para entender por qué actuamos como sociedad de mala manera y por qué tenemos índices tan polarizados entre una alta deserción educativa con un alto grado de criminalidad”, manifestó Rivera.
Para Norman Solórzano, director del Idespo-UNA, “una crisis educativa en lo político se manifiesta en la imposibilidad de intercambiar argumentos, generar acuerdos y aceptar disensos, los cuales son sustituidos por la agresión verbal, las noticias falsas y la construcción de enemigos”.
La conferencia completa pueden verla en el siguiente enlace:
