Facilitación de trámites, reducción de requisitos, intentos de privatización, ampliación del marco de concesiones, reducciones de áreas de protección y desafectaciones de territorios son parte de los alcances de una serie de proyectos de ley que están en la corriente legislativa y que podrían afectar los ecosistemas en zonas costeras del país.
Los proponentes son de distintas tiendas políticas, pero tienen en común la prevalencia de los intereses económicos por encima de la salvaguarda ambiental en regiones de fragilidad ecosistémica.
El análisis de estos expedientes se realizó durante el conversatorio Costas bajo la lupa: proyectos de ley que pueden transformar el territorio, organizado por el Programa Interdisciplinario Costero (PIC) del Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo), de la Universidad Nacional (UNA).
La presentación la realizó la politóloga y ecologista Jessica Ramírez, en el salón de Exrectores y Exrectoras de la Biblioteca Joaquín García Monge de la UNA. En total, identificó ocho proyectos de ley a los que les endosó la etiqueta de “alertas”.
El proyecto 24.392 Ley de Aeroparques Turísticos busca ampliar a 1.800 metros de longitud los aeródromos nacionales, como una medida que impulse el turismo local. El problema derivaría en las capacidades que pueda tener la Dirección General de Migración y Extranjería sobre las personas que accedan al país por estas vías y el riesgo de una penetración del crimen organizado. Se tramita actualmente en la Comisión Especial de Turismo.
El expediente 25.157 adiciona un artículo a Ley para la regularización de las construcciones en la zona marítimo terrestre (ZMT). Jessica Ramírez advirtió que de aprobarse, se abriría una ventana para otorgar concesiones especiales para quienes posean un título de propiedad anulada posteriormente por un juez de la República. Al final de cuentas, considera que se trata de un beneficio para unas cuantas personas y no para una comunidad. Además, existen criterios de Procuraduría General de la República y el Instituto Costarricense de Turismo en los que justifican el desacuerdo. Se encuentra en la Comisión de Turismo.
Tivives es un poblado del cantón de Esparza, en Puntarenas, con manglares que desembocan en el río Jesús María. El proyecto 23.898 Ley para la reivindicación de los derechos de los pobladores y desafectación de la zona de alta intervención de la zona protectora Tivives elimina las regulaciones para construir allí con un enfoque económico y turístico.
En línea con este proyecto, también está en trámite en el Congreso un proyecto que permitiría el traspaso del territorio donde se ubica playas de Doña Ana, del ICT a la Municipalidad de Esparza, para el desarrollo de proyectos turísticos. Ramírez señaló el riesgo de afectar la protección de la ZMT para permitir el desarrollo de infraestructura. El expediente es el 24.888
Si de privatizaciones se trata, la experta mencionó el proyecto 25.765 Ley especial de aguas termales y termalismo que, en esencia, busca declarar estos manantiales como privados, como si hubiese alguna diferencia en el agua por su temperatura, advirtió. El texto está en análisis en la Comisión Especial de Ambiente.
Un de las iniciativas a las cuales se le debe prestar atención y seguimiento es el 22.553 que propone una reforma integral sobre la ZMT. Entre sus cambios establece variar el modelo de concesión por subastas, dándole un enfoque meramente económico. Jessica Ramírez, quien también fungió como asesora parlamentaria en el cuatrienio anterior, indicó que la discusión del texto se ha retardado, gracias a la presión ejercida por colectivos ambientalistas. Su trámite se encuentra en la Comisión de Gobierno y Administración.
Por su parte, el proyecto 23.200 Ley de creación de parcelas turísticas residenciales recreativas está en la Comisión de Turismo, aunque no tiene puesta a despacho (ningún diputado o diputada lo incluyó entre sus prioridades el 1º de mayo). En resumen, busca fraccionar terrenos en zonas rurales y urbanas para el desarrollo inmobiliario.
Finalmente, está el expediente 23.511 Ley marco para la gestión integrada del recurso hídrico que reduciría las áreas de protección y fomenta el desarrollo de monocultivos en territorios que se ubicaría a la orilla de ríos y nacientes, sin exigir estudios técnicos que así lo avalen.
Mauricio Álvarez, geólogo y académico del Instituto de Estudios Latinoamericanos (Idela) de la UNA y de la Universidad de Costa Rica, consideró fundamental ejercer un mayor control social sobre este tipo de proyectos. Reconoció el aporte de entes técnicos, como el PIC, en la viabilidad de los proyectos. Pero hizo un llamado a la academia en general a manifestar sus posiciones en estos temas y a la ciudadanía para hacer valer sus derechos ante instancias como la Sala Constitucional y la Defensoría de los Habitantes, con el objetivo de resguardar la defensa efectiva del ambiente.
Con buenos ojos
Pero no todo es alerta. Como parte del análisis, también se identificaron una serie de iniciativas legales que podrían generar un efecto positivo.
Por ejemplo, el proyecto 25.032 propone que en proyectos que requieren viabilidad ambiental se realice una consulta previa a las comunidades afectadas. También, el expediente 25.034 busca evitar posibles conflictos de interés en las evaluaciones de impacto ambiental.
Ramírez mencionó, además, la iniciativa 24.412 para que las juntas directivas de las asociaciones administradoras de acueductos (Asadas) las conformen personas que garanticen su estancia en la comunidad. Otro proyecto, el 24.413 obligaría a las municipalidades y al ICT a garantizar el acceso público a las playas.
A propósito de la querella interpuesta por una empresa hotelera privada contra el activista Juan Bautista Alfaro, por realizar denuncias públicas en el desarrollo del proyecto Bahía Papagayo (del cual fue absuelto), el proyecto 25.125 busca evitar el uso de acciones coercitivas (como la solicitud de embargo de bienes ante tribunales) por las labores que realicen ciudadanos en defensa de los derechos ambientales.
Norman Solórzano, director del Idespo-UNA, manifestó que las zonas costaras viven una etapa de transformación, aunque sin un rumbo claro. “La protección de la zona marítimo terrestre vuelve a estar en el centro del debate y está expuesta a embates económicos y sociales, donde se recobra la presión por la apertura de proyectos turísticos y urbanísticos”, indicó.
