María José Herrera Madrigal (*)

Fiorella Salas Pinel (**)

Cada día, miles de piñas producidas en Costa Rica recorren una gran cantidad de kilómetros hasta llegar a supermercados de Norteamérica, Europa y otros mercados internacionales. Detrás de ese recorrido existe una historia de transformación productiva que convirtió al país en el principal exportador mundial de piña fresca, el mayor proveedor de este producto para la Unión Europea (UE) y el primer exportador mundial de jugo de piña. Este liderazgo no solo ha fortalecido la presencia nacional en el comercio internacional, sino que también ha posicionado a esta fruta como uno de los principales símbolos del éxito agroexportador nacional.

El crecimiento del sector es resultado de una combinación de condiciones agroclimáticas favorables, inversión en innovación tecnológica, apertura comercial y una creciente especialización de la producción. Actualmente, la actividad ocupa alrededor de 53 mil hectáreas, genera cerca de 52mil empleos entre directos e indirectos y concentra su producción principalmente en las regiones Huetar Norte, Huetar Caribe, Brunca y Pacífico Central. La Región Huetar Norte destaca al concentrar más de la mitad del área cultivada del país, convirtiéndose en el principal núcleo productor y en un motor de desarrollo para numerosas comunidades rurales.

Entre 2015 y 2023, el valor de las exportaciones de piña fresca pasó de aproximadamente $803 millones a más de $1.147 millones, lo que representa un crecimiento cercano al 43 %. De acuerdo con la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (Procomer), el país lidera el mercado mundial de este producto y mantiene una posición estratégica como proveedor de alimentos de alta calidad. Solo entre enero y agosto de 2024, las exportaciones nacionales de bienes crecieron un 7%, donde el sector agrícola es uno de los principales impulsores de este resultado. Este desempeño confirma que la piña continúa siendo una de las actividades más competitivas de la economía costarricense.

Como se observa en la Figura 1, Estados Unidos concentra el 52% de las exportaciones de piña costarricense, seguido por Bélgica (12%), España (9%), Italia (7%) y Reino Unido (5%), mientras que otros mercados representan el 15% restante. Esta distribución evidencia la amplia inserción internacional del producto, pero también la creciente responsabilidad de responder a consumidores que exigen estándares cada vez más rigurosos de calidad, inocuidad, trazabilidad y sostenibilidad.

Sin embargo, las cifras de producción y exportación muestran únicamente una parte de la historia. Detrás del éxito económico existe un desafío mucho más amplio al garantizar que ese liderazgo mundial pueda sostenerse en el tiempo sin comprometer el bienestar de las personas ni el equilibrio ambiental. A ello se suman preocupaciones relacionadas con el uso intensivo de agroquímicos, la protección de las fuentes de agua, los efectos del cambio climático y las condiciones laborales de la población trabajadora.

En este contexto, el liderazgo internacional de la piña costarricense ya no puede medirse solo por el volumen exportado o por los ingresos que genera. Hoy la competitividad depende también de la capacidad de la actividad para demostrar que es posible producir respetando los derechos laborales, protegiendo los ecosistemas y respondiendo a consumidores cada vez más conscientes del impacto social y ambiental de los alimentos que adquieren.

Incluso, si la piña se ha convertido en uno de los principales motores del desarrollo agroexportador costarricense, gran parte de ese éxito descansa en el trabajo de miles de personas que participan diariamente en la producción, cosecha, empaque y comercialización de la fruta. La actividad representa una importante fuente de empleo para las zonas rurales y ha contribuido a dinamizar las economías locales mediante la generación de ingresos, oportunidades laborales y encadenamientos productivos.

Los datos de la Encuesta Continua de Empleo (ECE) muestran que, en términos generales, la actividad presenta condiciones laborales favorables respecto a otros segmentos del sector agrícola. En 2024, más del 90% de las personas ocupadas contaban con empleo formal, aseguramiento social y contratos permanentes. Asimismo, el empleo informal fue relativamente bajo, especialmente entre las mujeres, lo que evidencia avances importantes en materia de formalización laboral y protección social.

No obstante, estos avances conviven con desafíos que aún requieren atención. El reconocimiento del pago de horas extra es el indicador con menor cobertura, sobre todo entre las mujeres. Además, las labores agrícolas implican una exposición constante a altas temperaturas, radiación solar, esfuerzo físico y manipulación de agroquímicos, factores que hacen indispensable fortalecer las condiciones de seguridad y salud ocupacional.

Desde una perspectiva social, la actividad piñera también genera importantes retos para las comunidades donde se desarrolla. Si bien ha impulsado el empleo y el crecimiento económico local, también ha dado lugar a preocupaciones relacionadas con el uso del suelo, la convivencia entre la producción agrícola y los centros poblados, así como la protección de los recursos hídricos. Esto demuestra que el desarrollo económico no puede analizarse de manera aislada, sino en estrecha relación con la calidad de vida de las personas que habitan los territorios productores.

El crecimiento de la actividad piñera también ha incrementado la presión sobre los recursos naturales. Entre el 2017 y 2018 se registró una pérdida de 343,45 hectáreas de cobertura arbórea, de las cuales el 93,46 % correspondió a la Región Huetar Norte, principal zona productora del país. A ello se suman desafíos asociados con el uso intensivo de agroquímicos, la protección de las fuentes de agua, la conservación de los suelos y la adaptación al cambio climático.

Lejos de ser un problema exclusivamente ambiental, estas situaciones tienen implicaciones económicas. Los principales mercados internacionales demandan cada vez más productos obtenidos bajo criterios de sostenibilidad, trazabilidad y responsabilidad social. En este escenario, proteger los recursos naturales dejó de ser solo una obligación ambiental para convertirse en un requisito para mantener la competitividad internacional.

Como respuesta a estas exigencias, un número creciente de empresas ha incorporado certificaciones como GlobalG.A.P., Rainforest Alliance, ISO 14001, SA8000 e ISO 9000, que promueven buenas prácticas agrícolas, protección ambiental y respeto por los derechos laborales. Estas herramientas fortalecen la confianza de consumidores y compradores internacionales, al tiempo que contribuyen a mejorar el desempeño ambiental y social del sector.

Así, el reto de la piña costarricense trasciende las cifras de producción y exportación. El desafío ya no es producir más, sino consolidar un modelo de desarrollo que permita mantener el liderazgo mundial demostrando que la competitividad, el bienestar social y la protección ambiental no son objetivos contrapuestos, sino las bases sobre las que se construirá el futuro del sector.

(*) Economista. Estudiante de la Maestría en Economía del Desarrollo, Escuela de Economía, Universidad Nacional (UNA).

(**) Académica del Programa Sectores Productivos y Desarrollo (SEPRODES), Escuela de Economía, UNA