*PhD. Daniela García Sánchez

Los océanos son un bien común vital que cubren el 71% de la superficie global, actúan como el sumidero de carbono más grande del planeta, regulan el clima, proveen rutas comerciales y sostienen los medios de vida de un tercio de la población mundial. 

En América Latina y el Caribe la relevancia de los espacios marítimos es estratégica y representa más del 60% del territorio soberano de muchos países. En el caso de Costa Rica, por ejemplo, alcanza el 92% del territorio; además, un 27% de la población latinoamericana vive en zonas costeras y unos 2,3 millones de personas trabajan directa o indirectamente en la pesca. 

Desde el punto de vista biofísico, esta vasta masa de agua que aparece estable desde nuestra mirada humana es, por el contrario, un sistema complejo, dinámico y susceptible a impactos. En el mar la vida depende de la capa superficial iluminada, poco profunda y sometida a mezclas e intercambio de gases y vertidos que aportan los ríos cargados de agua dulce y materiales continentales. A pesar de su importancia, los océanos siguen siendo poco investigados, mal gestionados, y muchas veces ignorados.

La "economía azul" surge como un marco estratégico para conciliar el bienestar humano y la equidad social con oportunidades económicas sostenibles en los océanos.  El concepto ha sido utilizado desde diferentes enfoques con ponderación en alguno de sus elementos, generalmente el económico. Otros se centran en el capital natural marino, o en modos de vida vinculados con el mar, o como motor de innovación en industrias existentes o en nuevos sectores como la bioeconomía.

Para alcanzar los objetivos de una economía azul, es necesario avanzar más allá de objetivos verdes y de sostenibilidad hacia esfuerzos restaurativos y regenerativos para revitalizar los ecosistemas, mejorar la biodiversidad y promover la equidad social y el bienestar comunitario. Para ello, la literatura de sistemas de innovación enfatiza la necesidad de incorporar direccionalidad; es decir, la alineación explícita de las actividades científicas, tecnológicas e institucionales con metas ecológicas y sociales de largo plazo, transitando de la mera reducción de daños hacia metas de restauración y regeneración activa de los ecosistemas.

La transición hacia vías regenerativas requiere innovaciones tecnológicas, sociales e institucionales que se retroalimenten a través de estrategias de largo plazo y de organizaciones aisladas de presiones políticas de corto plazo. Costa Rica ofrece diversos ejemplos de cómo estos caminos se construyen en la práctica, tal es el caso del desarrollo de una matriz energética renovable o de la experiencia del pago por servicios ecosistémicos, en los que el conjunto de la institucionalidad y los diversos actores lograron moverse en la dirección de la sostenibilidad, la restauración y la regeneración de ecosistemas. Procesos siempre mejorables, pero con una clara ambición.  

Actualmente, el país tiene una enorme oportunidad de expandir su visión al amplio territorio marítimo que es parte de su superficie soberana. Frente a una gestión históricamente centralizada, los primeros pasos en esta orientación son las Áreas Marinas de Pesca Responsable (AMPR) que permiten a pescadores artesanales autogestionar participativamente sus recursos, mostrando que la conservación y la viabilidad económica local pueden mejorar simultáneamente. 

Otro ejemplo es la propuesta de uno de los primeros esquemas de Pago por Servicios de Ecosistemas Marinos, que  responde a las crecientes presiones derivadas de la contaminación, la sobreexplotación y la pérdida de biodiversidad. Este mecanismo compensaría a los pescadores que adopten tecnologías y prácticas sostenibles, junto con una aplicación y monitoreo más estricto de la regulación. Actualmente, el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) y el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (Fonafifo) implementan un proyecto piloto en AMPR del Golfo de Nicoya.

Aunque el valor monetario de los servicios ecosistémicos marinos sigue sin cuantificarse, se está avanzando para evaluar su calidad y establecer un fondo para otorgar los incentivos económicos. Detrás de estas iniciativas cabe destacar el papel de la academia, un eslabón clave del sistema de innovación. Por ejemplo, la Universidad Nacional (UNA) ha jugado un papel fundamental con proyectos que desde hace años han sido motor científico y técnico de la economía azul.

La economía azul ofrece caminos, pero también requiere capacidades de aprendizaje y una estructura institucional duradera frente a los ciclos políticos. Las universidades públicas y centros de investigación son vitales para generar conocimiento científico, monitorear condiciones oceanográficas y formular políticas basadas en evidencia, pero no pueden solas, requieren del empuje y la dirección de todo un sistema de innovación regenerativo que refleje valores ecológicos de la ciudadanía, la inclusión de comunidades y el empoderamiento de actores históricamente invisibilizados como las mujeres pescadoras. 

Reorientar la economía azul hacia la justicia social y restauración ecológica es un desafío de carácter cultural y una responsabilidad colectiva.

*La autora es académica del Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible (Cinpe) de la Universidad Nacional (UNA).