Recientemente, un medio de comunicación nacional externó la preocupación del Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en el sentido de que la ley contra el maltrato animal se aprobó solo en el papel, pues en la actualidad estos entes gubernamentales no cuentan con recursos económicos ni personal suficiente para la atención y seguimiento de las denuncias que se presentan.
La reforma a la Ley 7451 de Bienestar de los Animales se aprobó en segundo debate en junio del 2017 y fue discutida durante varios meses bajo el proyecto legislativo N° 18.625, la cual incluye sanciones de prisión de tres meses a un año a quien directamente o por medio de otra persona, cause daño a un animal doméstico o domesticado. Asimismo, castiga con prisión de tres meses a un año a quien directamente o por medio de otra persona organice, propicie o ejecute peleas de animales.
Mauricio Jiménez, veterinario y director del Hospital de Especies Menores y Silvestres de la Universidad Nacional (Hems-UNA), comparte la preocupación del Senasa y el OIJ, en cuanto al tema de la limitación presupuestaria, para cumplir a cabalidad con lo estipulado en la ley de bienestar animal e incluso en la ley de vida silvestre, por lo que recomienda algunas medidas alternativas.
El especialista recomendó que en la medida de lo posible sería conveniente retomar una campaña informativa a la población acerca del significado del maltrato animal, cuándo procede una denuncia y ante qué ente presentarla.
