Roxana Morales, vicerrectora de Administración y Francisco González, rector de la UNA rindieron cuentas a la comunidad universitaria sobre temas propios de la gestión y propuestas afines.
Como parte de su acostumbrada sesión informativa, el consejo de Rectoría de la Universidad Nacional (UNA) expuso a la comunidad universitaria una serie temas vinculados al quehacer institucional. Dentro de los puntos abordados por los jerarcas universitarios. destacaron los temas presupuestarios y las iniciativas de ley que intentan soslayar la autonomía universitaria, así como aspectos del ámbito administrativo relacionado con el pago de la dedicación exclusiva, giras y jornadas de horas extra, entre otros.
La actividad realizada en el Campus el Higuerón de la UNA contó con la participación de concejales, autoridades universitarias, personal académico y administrativo.
Francisco González, rector de la UNA que este corresponde al segundo espacio informativo en honor a la transparencia, en esta oportunidad expusimos temas administrativos. “Aquí avalamos el balance presupuestario 2020-2023. También, se realizó una amplia explicación de las situaciones complejas que nos hemos enfrentando en materia de recorte presupuestario, a la vez el enfrentamiento con leyes que tienen por objetivo reducir los presupuestos y echar por la borda la autonomía universitaria y aun así destacar la positiva resistencia generada”.
Dentro de los temas administrativos, González destacó el relacionado con retomar las anualidades postergadas, de acuerdo con lo establecido por ley, el reforzamiento de partidas presupuestarias, así como otros aspectos vinculados con remodelaciones y materia laboral. “En el 50 aniversario de la institución seguimos fortaleciendo la universidad para el resto de los años”.
Leyes polémicas
Una de las leyes nacionales que ha generado inquietud en la comunidad universitaria es lo concerniente a la ley 10.159 conocida como Ley Marco de Empleo Público. Al respecto el rector de la UNA externó que ha sido categórico en respetar lo que la misma Sala Constitucional en la consulta facultativa dijo y eso es reconocer alrededor de 15 inconstitucionalidades que el marco de ley de Empleo Público sostuvo frente a la autonomía universitaria y en el respeto a los criterios de dicha Sala se avanza en un régimen de empleo universitario de las cinco casas públicas de estudio con las particularidades de cada una.
Asimismo, en relación con el proyecto de ley para la eficiente liquidez del Estado, expediente legislativo 22.661, González subrayó que han ejecutado importantes avances en comunicación y coordinación con el Ministerio de Hacienda, a solicitud de la Asamblea Legislativa, de manera que en el marco de la autonomía reconocer algunas posibilidades de carácter voluntario del ingreso de las universidades a la caja única del Estado.
Precisamente, el pasado 04 de noviembre el Consejo Universitario de la UNA emitió un pronunciamiento en el que se opone a la aprobación de esa iniciativa de ley. “El proyecto de ley propone crear un manejo centralizado de la liquidez de todas las instituciones públicas del Estado, salvo excepciones puntuales, para lo cual propone u ordena crear una plataforma de pagos que administraría la Tesorería Nacional, pero entregando la función de cajero del Estado al Banco Central de Costa Rica, con la consecuente obligación de todas las instituciones del Estado de cerrar las cuentas que a esos efectos poseen en el sistema bancario nacional, para trasladar todos sus recursos a esa plataforma centralizada.
Se establecen criterios y parámetros para el manejo eficiente y eficaz de la liquidez pública, entendiendo esta como los flujos de ingresos y pagos que recibe y realiza el Sector Público o a nombre de éste. Además, velar por el cumplimiento de los principios constitucionales de eficiencia, transparencia y caja única con el fin de mejorar la calidad de los servicios públicos y el bienestar de la ciudadanía” así se indica en un extracto tomado del considerando del oficio UNA-SCU-ACUE-230-2022.
Manos a la obra
Roxana Morales, vicerrectora de Administración de la UNA reconoció que hay varias obras de infraestructura que se encuentran retrasadas, debido la insuficiencia o incompetencia de las empresas en su momento, por lo que en la actualidad se está en la etapa de rescisión del contrato, por lo que se debe esperar que dichos contratos se finiquiten, hacer un levantamiento de todas las necesidades pendientes y sacar una nueva licitación en Sicop, para posiblemente adjudicar a finales de año e inicios de 2024 retomar los aspectos pendientes.
Morales recalcó que se le dio tiempo a la empresa para que terminara la obra gris y algunas actividades de infraestructura más generales y lo que quede pendiente.
Asimismo, en lo concerniente al pago de la dedicación exclusiva y anualidades, la vicerrectora enfatizó que se está en la búsqueda de una salida para mantener las condiciones en las cuales se otorgaron las dedicaciones exclusivas antes de la entrada en vigor de la ley 9635 se mantenga las condiciones y requisitos vigentes en ese momento.
