Universidad Nacional podría perder ₡4.129,4 millones en 2027, mientras 417 nuevos cupos previstos en carreras de ingeniería en Nicoya, Liberia, Coto y Sarapiquí quedarían suspendidos.
El Consejo Nacional de Rectores (Conare) manifestó su preocupación por las mociones No.16, 104 y 105 que discutió la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, y que plantean rebajas a recursos destinados al Fondo Especial para el Financiamiento de la Educación Superior Estatal (FEES), otras transferencias dirigidas a las universidades públicas y programas de olimpiadas científicas.
Jorge Herrera Murillo, presidente del Conare y rector de la Universidad Nacional (UNA), advirtió sobre las consecuencias que este recorte tendrían en el funcionamiento de la institución y en las oportunidades de acceso a la educación superior pública. “Para nuestra universidad, la moción 104 implica perder ₡2.229,5 millones y la moción 16, ₡1.899,9 millones. En total, ₡4.129,4 millones menos en 2027, además de la pérdida real por la congelación del FEES”.
Para 2027, el Gobierno se retiró de la negociación y propuso un FEES idéntico al de 2026: ₡593.484 millones. Con la inflación de 3% que el propio Ministerio de Hacienda proyecta, el sistema de universidades públicas perdería cerca de ₡17.000 millones en poder de compra. Esto significa menos becas, menos equipo, menos mantenimiento y menos capacidad para crecer.
Recursos comprometidos
La moción 104 plantea retirar ₡8.918 millones de transferencias para gastos de operación asignadas a la Universidad de Costa Rica (UCR), la Universidad Nacional (UNA), el Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) y la Universidad Estatal a Distancia (UNED). Estos recursos están establecidos en la Ley 9635 y contribuyen a financiar la presencia universitaria fuera de la Gran Área Metropolitana.
Por su parte, la moción 16 propone eliminar ₡8.048 millones correspondientes a fondos postergados del FEES. Se trata de recursos de los periodos 2020 y 2021, cuya recuperación fue contemplada en el acuerdo de la Comisión de Enlace para el Financiamiento de la Educación Superior Universitaria Estatal del 20 de noviembre de 2025. Su devolución quedó pactada en ocho pagos anuales destinados a inversión; esta moción desconoce un acuerdo ya firmado.
En conjunto, ambas mociones representarían ₡16.966 millones menos para las universidades públicas en 2027.
Un comunicado enviado por el CONARE establece que una disminución de los recursos universitarios no tendría únicamente consecuencias presupuestarias. Sus efectos podrían alcanzar la oferta académica, la cantidad de cupos disponibles, el fortalecimiento de las sedes regionales, las becas y otros apoyos estudiantiles, así como las inversiones necesarias para sostener una formación de calidad.
Sin nuevos cupos
En el caso de la UNA, de acuerdo con Herrera Murillo, uno de los efectos más significativos recaería sobre los planes de ampliación de oportunidades educativas fuera de la Gran Área Metropolitana. “La UNA tenía prevista la apertura de 417 nuevos cupos en carreras de ingeniería en Nicoya, Liberia, Coto y Sarapiquí; de aprobarse las mociones, estos cupos tendrían que suspenderse. Las carreras científicas y tecnológicas requieren laboratorios, reactivos, equipo y personal; sin esos recursos no podemos abrirlas con la calidad que nuestros estudiantes merecen”.
Para la UNA también quedarían comprometidas las inversiones en infraestructura de las sedes regionales que dependen de los fondos postergados, así como la capacidad para sostener becas y servicios estudiantiles y la planificación académica de mediano plazo, construida sobre compromisos financieros previamente asumidos por el Estado.
Por su parte, el TEC anunció el cierre técnico de su Centro Académico en Limón para lo que resta de 2026; la UNED advirtió sobre dificultades para terminar el año y recibir más estudiantes en 2027 sin esos recursos; la UTN alertó sobre un eventual escenario de insolvencia en 2028, y la UCR confirmó afectaciones para su Recinto de Paraíso.
Las mociones no afectan únicamente los recursos universitarios. La moción No.105 propone una rebaja de ₡462,2 millones de los fondos destinados a las Olimpiadas Costarricenses de Matemática y las Olimpiadas Científicas. CONARE destacó que estos programas promueven el interés por el conocimiento, fortalecen habilidades matemáticas y científicas y estimulan vocaciones en áreas estratégicas para el desarrollo nacional. La eventual disminución de su financiamiento podría afectar la ejecución de estas iniciativas y las oportunidades de participación de la población estudiantil.
Ante esta situación, CONARE convocó de urgencia a la Comisión de Enlace para exponer al Gobierno las consecuencias de las mociones y solicitó formalmente a las diputadas y los diputados que no aprueben las rebajas propuestas.
El Consejo de Rectores también pidió al Poder Legislativo resguardar los recursos destinados al FEES y a los programas de olimpiadas científicas, en atención a los compromisos de financiamiento adquiridos y a la necesidad de garantizar la continuidad de las oportunidades educativas.
Para el órgano rector, la educación superior pública constituye una oportunidad de formación y movilidad social para miles de personas y, al mismo tiempo, una capacidad estratégica para el desarrollo científico, productivo, cultural y social del país. La protección de su financiamiento permite que más estudiantes ingresen a una carrera, permanezcan en ella y concluyan sus estudios, independientemente de su lugar de residencia o condición económica.
La Comisión de Asuntos Hacendarios debe emitir sus dictámenes a más tardar el martes 20 de octubre. Ante la discusión legislativa, las universidades públicas han llamado a sus comunidades a mantenerse informadas mediante los canales oficiales y a participar en las acciones que se convoquen en defensa del financiamiento de la educación superior pública.
