Jorge Andrey Valenciano Salazar*
Muchas empresas están dispuestas a asumir las certificaciones ambientales, en sus procesos productivos, como una iniciativa voluntaria. Estas iniciativas van desde procesos de gestión y mejora ambiental, por ejemplo la certificación ISO 14001, hasta la utilización de paquetes tecnológicos más amigables con el ambiente como las certificaciones agrícolas de producción orgánica y comercio justo, e incluso, cambios más radicales como serían las certificaciones de carbono neutralidad.
Varias investigaciones académicas han demostrado que si los procesos de validación y arbitraje, por parte de las empresas certificadoras, son adecuados y transparentes, los programas ambientales asumidos voluntariamente por las empresas pueden jugar un papel relevante para cumplir los compromisos ligados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), no sólo en los países desarrollados, sino también en los que están en vías de desarrollo.
El carácter no obligatorio de estas iniciativas pone de relieve el papel crucial que desempeñan la concienciación de los consumidores y el compromiso de las empresas.
A nivel de empresa, las mejores prácticas ambientales y sociales en los procesos de producción también pueden generar beneficios económicos, ya que generan una mejora en la “imagen verde” de la empresa, mayor reconocimiento público, mejor eficiencia en los sistemas de producción y mejores relaciones con los actores claves, entre otros beneficios.
La adopción de certificaciones ambientales también puede tener barreras o limitantes. En un estudio enfocado en Costa Rica, se encontró que el principal obstáculo, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas, está relacionado con los costos asociados a la auditoría y la certificación, así como la inversión que se requiere para poner en práctica procesos de producción más sostenibles. Las empresas de países en desarrollo, como el nuestro, perciben estos cambios como costosos y difíciles de implementar.
Las personas gerentes y accionistas de las empresas usualmente están preocupadas por los beneficios a corto plazo; sin embargo, se debe tener presente que muchas de las inversiones ligadas con el cambio tecnológico en busca de procesos de producción más sostenibles, usualmente tienen réditos a más largo plazo. Un ejemplo claro de esto son la inversión en paneles solares o en carros eléctricos, los cuales pueden representar un alto costo en el corto plazo, pero cuya inversión puede irse recuperando en el mediano y largo plazo y, a la larga, significan grandes ahorros para las empresas.
Desde el punto de vista del consumidor, los productos con sellos verdes o ecoetiquetas usualmente tienden a ser más caros; no obstante, es ahí donde los consumidores más consientes muestran una mayor disposición a pagar por este tipo de bienes y servicios. Esta disposición por comprar bienes que son social y ambientalmente más amigables puede incentivar a las empresas a realizar esfuerzos por mejorar sus sistemas productivos.
También, la política pública puede ayudar a implementar iniciativas de producción más sustentables por intermedio de créditos más accesibles para que las empresas, la capacitación técnica para acceso de tecnologías eficientes o el incentivo de reducción de impuestos para la compra de equipos más amigables con el ambiente.
* Director de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional (UNA).
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