En momentos en que la figura del Presidente de la República goza, de manera inédita, de altos índices de popularidad al arribar a su tercer año de mandato, surge la inquietud de si esa valoración positiva podría trasladarse a la persona que se designe como candidata para el oficialismo, de cara a las elecciones de 2026.
La más reciente encuesta del Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo) de la Universidad Nacional (UNA) determinó que la población le otorga una nota de 6.6 de 10 a la labor del mandatario Rodrigo Chaves. Es una calificación que se mantiene sin variaciones desde noviembre de 2023.
Contestar a la pregunta inicial de este análisis puede entrar en el terreno de la incertidumbre si se parte de algunos hechos concretos: no existe aún candidato o candidata definido por el oficialismo y tampoco hay certeza de cuál partido político postulará su nombre (ya se sabe que no será Progreso Social Democrático, que llevó a Chaves al poder).
Por ende, se recurrirá tanto a la teoría política como a los antecedentes nacionales e internacionales para hacer una valoración.
Con ayuda de la Inteligencia Artificial (IA) se recabaron datos a nivel mundial de un comportamiento que es atípico: la herencia directa de la popularidad de un presidente saliente hacia el candidato que busca sucederlo.
Muestra de ello es que en los últimos 10 años, apenas un 13% de los presidentes electos en 30 democracias del mundo resultaron electos gracias al reconocimiento o popularidad del gobierno que le precedió. El caso más reciente y llamativo es el de Claudia Sheimbaum que resultó electa en México con casi el 60% de los votos. La candidata del partido oficialista Morena fue la designada para suceder a Andrés Manuel López Obrador que terminó su labor con una aprobación del 68% (similar a como está hoy Rodrigo Chaves).
Otros casos son los de Iván Duque (2018-2022) quien de manera indirecta se vio beneficiado de la popularidad del expresidente Álvaro Uribe en Colombia o del excanciller Olaf Scholz quien representó cierta continuidad a las políticas de Ángela Merkel en Alemania. Sin embargo, en la mayoría de casos, la continuidad se da por la “autopopularidad” de un presidente que logra ser reelecto en su país, algo que no lo establece la Constitución Política costarricense.
“Si se tiene una visión más o menos clara de parte de la ciudadanía de cuál es la agenda o el proyecto político que se está siguiendo, puede ser relevante. Si las personas se identifican con políticas públicas en las que consideran que puedan confiar y a eso se le suman cambios tangibles o metas, es más fácil heredar la popularidad o el apoyo de una administración a otra”, manifestó José Andrés Díaz, coordinador del programa Umbral Político del Idespo.
La politóloga y analista política Kattia Benavides considera un mito que la aprobación que los ciudadanos de un país le otorguen a un presidente signifique una validación electoral. Además, enfatizó en dos elementos fundamentales: la imposibilidad de la reelección consecutiva y la veda que aplica a jerarcas de Gobierno y otras instituciones para realizar manifestaciones de índole político-partidario que pueda representar beligerancia.
El caso costarricense
Benavides realizó para UNA Comunica un análisis del comportamiento electoral de 1978 al presente en el país y cómo ha influido la popularidad o impopularidad de la persona que está al mano del Poder Ejecutivo en la elección subsiguiente.
Como resultado, la analista política solo halló “dos inconsistencias”, que se dan cuando la popularidad del gobernante de turno no se tradujo en la elección del candidato de su mismo partido o al contrario, cuando más bien la impopularidad no se reflejó en un cambio hacia otra opción política, sino que más bien se le dio una nueva oportunidad a esa agrupación.
Así ocurrió en los procesos electorales de 1990 y 1994. En la primera, Oscar Arias del Partido Liberación Nacional (PLN) cerró su gestión con una aprobación del 61% y desaprobación del 13%. Estos números no le alcanzaron al PLN para que el candidato Carlos Manuel Castillo (q.d.D.g) fuera electo, en una contienda donde el ganador fue Rafael Ángel Calderón del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).
Cuatro años más tarde el patrón se repitió. Calderón terminó su gobierno con un 40% de aprobación y un 24% de desaprobación. Sin embargo, Miguel Ángel Rodríguez del PUSC no le alcanzó en ese momento para ser electo y el triunfo electoral se le consignó a José María Figueres del PLN.
“En el caso de la elección de Rafael Ángel en 1990 considero que se debió al desgaste político que tenía el PLN luego de dos gobiernos consecutivos y por la forma en que se organizó la campaña ese año, mientras que la situación en 1994, a pesar de que los números le eran favorables al expresidente Calderón, le pasaron factura los Programas de Ajuste Estructural (PAE) y que se enfocara mucho en la política económica y no tanto en la parte social”, reflexionó Benavides.
En los demás casos las consistencias resultaron en el premio o el castigo a quien estaba en el poder y que se reflejó en las elecciones siguientes. En 1982, Rodrigo Carazo tenía una desaprobación del 78% y en ese año, la ciudadanía optó por el cambio con Luis Alberto Monge del PLN.
Monge tenía un 38% de aprobación versus un 17% de desaprobación y eso benefició a Oscar Arias para llegar a Zapote en 1990. Luego de las dos inconsistencias señaladas, se dio el caso de Figueres que para 1998 acumulaba una desaprobación del 46% y eso le abrió camino a Miguel Ángel Rodríguez del PUSC. El socialcristiano arribó en el 2022 con un 37% de aprobación y eso allanó la ruta a Abel Pacheco para ser electo.
Sin embargo, los sonados casos de corrupción que afectaron a figuras del PUSC generaron un viraje de nuevo al PLN en el 2006 con el segundo mandato de Oscar Arias y luego con Laura Chinchilla en el 2010. La verdiblanca cerró su gestión con un 70% de desaprobación y fue cuando la política nacional resquebrajó el bipardismo con la llegada al poder dos veces consecutivas del Partido Acción Ciudadana (PAC).
A pesar de que la transferencia de la popularidad o impopularidad ha sido la tónica en los procesos electorales de los últimos 40 años, lo cierto es que también obedecía a una cultura política donde la afinidad de partidos y estructuras era más fuerte. Ahora, tiene un peso mayor la personalidad de quien gobierna y de los propios candidatos.
“El Presidente cambió la forma de comunicarse y de rendir cuentas a la población, que para alguna parte de la ciudadanía, le parece el correcto. El reto del oficialismo está ahora en la persona candidata, en que pueda asumir una postura en función de su personalidad y eso estará por verse”, agregó Kattia Benavides.
