Si bien ha existido un esfuerzo del Gobierno por alcanzar una mayor consolidación fiscal, para lo cual aplica una reducción en el gasto público, dicha contención pone en riesgo “la continuidad y calidad” de políticas públicas, pues muchas de estas buscan atender necesidades sociales en materia de vivienda, salud, educación, seguridad y atención de poblaciones vulnerables.
El II Informe Macroeconómico 2025: evolución económica y desafíos fiscales, del Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible (Cinpe) de la Universidad Nacional (UNA), retrata esa realidad: desde 2020, el porcentaje del gasto público respecto al Producto Interno Bruto (PIB) pasó de un 10.1% ese año a un 8.5% en 2025, de acuerdo con las previsiones.
Esto ha ido de la mano con una reducción de la inversión social. Por ejemplo, en el 2020, año de la pandemia, las erogaciones en este rubro fueron de un 24.2%. Sin embargo, comenzaron a caer desde ese año: 23.2% (2021), 21% (2022), 20.7% (2023) y un leve repunte el año anterior, con un 20.8%.
Esa baja es, además, la más pronunciada de la última década. Hace 10 años, la inversión social era de un 22.4% del PIB.
Si se mira en sectores específicos, los datos refuerzan esa caída generalizada. En gastos de protección social, que incluye pensiones y ayudas a familias en condición de vulnerabilidad, se redujeron de un 7.98%, en el 2020, a porcentajes que oscilan entre 7.1% y 7.4% en los últimos tres años.
Educación, que se ha abordado en otros análisis, ha seguido esta misma ruta descendiente, incluso con un porcentaje de inversión el año anterior (5.51%), más bajo que el recomendado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), de un 8% global, y de al menos un 6% para Costa Rica.
En salud, la tendencia es hacia la baja, principalmente después del 2020 cuando se tuvo que destinar más recursos a la atención sanitaria por la pandemia. En los últimos tres años la reducción fue hasta de un punto porcentual en inversión (6.65% en el 2021 frente a un 5.67% en el 2024).
“Con el gasto ya por debajo del 6% en los últimos dos años, cualquier ajuste lineal puede tensionar la cobertura y resultados (listas de espera, reposición de capital, prevención, infraestructura). La prioridad es recuperar al menos el umbral de la OMS (Organización Mundial de Salud), preservando la sostenibilidad”, sostiene el informe, presentado por los académicos Marco Otoya, director del Cinpe, e Ivannia Bolaños, investigadora.
En cuanto a vivienda, el estudio muestra una dualidad: mientras que el valor promedio del bono de vivienda casi se duplicó, al pasar de 6 a 11 millones de colones, la cantidad de soluciones se redujo de las más de los 12 mil en promedio por año a 9.320, que se concretaron el año anterior.
Los investigadores del Cinpe sostienen que “la reducción del gasto público ha generado un alivio fiscal en el corto plazo, pero plantea desafíos importantes de sostenibilidad. La clave está en orientar el gasto hacia áreas estratégicas, como educación, infraestructura y salud, de modo que cada colón invertido no solo cumpla una función redistributiva, sino que también se traduzca en un motor de crecimiento económico y bienestar social en el largo plazo”.
Sostenibilidad fiscal
Sin embargo, la realidad fiscal del país ha entrado en el terreno de la incertidumbre. Mientras que los ingresos fiscales con respecto al PIB crecen a menor ritmo (representarían un 7.3% del PIB en el 2025 frente a un 7.9% en el 2022), la recaudación tributaria ha perdido su dinamismo en sus dos principales fuentes: el impuesto a los ingresos y utilidades (renta) y el de Valor Agregado (IVA).
Por ejemplo, en renta, la proyección de crecimiento este año se sitúa en 0.8%, mientras que en el 2021 fue de hasta un 30.1%. Similar situación reporta el IVA, cuyo porcentaje de incremento se ubicaría en un 3.9% versus un 36% hace cuatro años.
Esa combinación entre ingreso y gasto, que en el 2002 le permitió a Costa Rica alcanzar un superávit primario (sin considerar el pago de intereses de la deuda) equivalente a un 2.1% del PIB, es un colchón que se ha venido desinflando. De acuerdo con el Cinpe, en el 2024 fue de un 1.1% y bajaría al 1% este año.
Incluso hay situaciones al respecto que pueden encender una alerta. Durante el primer trimestre del año, hubo dos meses que, en vez de superávit primario, más bien se registró un déficit (-0.1% en febrero) y (-0.04% en mayo). “Este retroceso evidencia la vulnerabilidad de las finanzas públicas ante una recaudación débil y un gasto rígido”, reseña el informe.
Considerando lo anterior, el Cinpe estima que este 2025 el crecimiento en la producción oscilaría entre un 3% (escenario pesimista) y 3.6% (optimista), mientras que las tasas de interés tendrían un límite inferior del 3.5% y superior del 4%, con una inflación entre 0% y 1%, por lo que este año no se alcanzaría el rango meta definido por el Banco Central de Costa Rica (2%-4%).
Otro de los factores que puede generar un desequilibrio se relaciona con los aranceles. Aunque el país ha venido creciendo en materia de exportaciones, principalmente aquellas de los sectores vinculados con el régimen especial (como las zonas francas), el informe denota una preocupación por la sostenibilidad de este impulso en el mediano plazo.
“La reciente instauración de aranceles adicionales (de un 10% a un 15%) genera un riesgo de una desaceleración en las ventas externas. A ello se suma que parte del crecimiento registrado en los primeros meses de 2025 podría estar asociado con una acumulación de inventarios y no con un aumento estructural de la demanda”, destaca el estudio.
Lo anterior se explica porque la región de Norteamérica aumentó en el primer trimestre de 2025 la importación de bienes y servicios en un 19% (la mayor del mundo), como una forma de tener más inventarios y evitar el aumento en el costo por los aranceles.
Finalmente, el II Informe Macroeconómico lanza una alerta adicional: la economía costarricense se está dividiendo cada vez más entre el régimen especial y el definitivo (que concentra la gran mayoría de empresas del país). Mientras que el primero registra crecimientos en áreas como la manufactura, actividades científicas, de información y financieras, las segundas permanecen estancadas (construcción, alojamiento y servicios de comida) y agricultura, lo que provoca un aumento de la brecha entre ambos con miras a que continúe expandiéndose.
