La inversión pública en áreas como la educación, la salud, el acceso a la vivienda, el empleo y la seguridad ciudadana tiende a erosionarse en el país, lo que coloca en situación de riesgo el tejido social que durante décadas ha destacado a Costa Rica.
Durante el 2025 la Universidad Nacional (UNA) se abocó a dimensionar los efectos que se arrastran en estos ámbitos. Informes del Observatorio Económico y Social (OES) de la Escuela de Economía, del Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible (Cinpe) y del Programa Análisis de Coyuntura de la Sociedad Costarricense de la Escuela de Sociología, así lo retratan
Bajo una mirada general, el gasto público social como porcentaje del producto interno bruto (PIB) señala un retroceso en los últimos 15 años, de acuerdo con el Cinpe. Mientras que para el 2010 se destinaba un 21.7% de la producción a financiar programas de asistencia y pensiones, para el 2024 ese porcentaje cayó a un 20.8%. Esto es más grave si se considera que hace apenas seis años llegó a representar un 24.2%.
Lo anterior sugiere que del total de lo que el país produce, cada vez se destinan menos colones a robustecer los presupuestos de estos programas sociales. “Desde el 2022 hacia adelante se percibe una erosión en el gasto social. Nuestra recomendación es que el Estado pueda realizar una inversión de calidad, entender las necesidades que tiene el país y tomar las decisiones más adecuadas”, indicó Ivannia Bolaños, investigadora del Cinpe.
Como efecto cascada, esta tendencia se refleja también en otras áreas sociales. En educación, el mismo Cinpe evidenció el deterioro de la inversión, que pasó de representar un 6.92% del PIB, en el 2010, hasta caer a un 5.51% en el 2024, muy alejado del 8% que establece la Constitución Política.
Durante la presentación de la estrategia Diálogo por la educación: voces diversas, un mismo país, a cargo del Centro de Investigación y Docencia en Educación (Cide) y la Facultad de Ciencias Sociales de la UNA, el investigador Dagoberto Murillo del Programa Estado de la Educación detalló, por ejemplo, que en la partida de becas y transferencias monetarias del periodo 2011 al 2017 el presupuesto se redujo un 1% en promedio real. Sin embargo, la reducción fue de hasta un 4% en el lapso del 2018 al 2023.
La ralentización en la inversión educativa pasa una factura cara al país: el salario neto real de los educadores se ha estancado en los últimos 11 años, los problemas en la infraestructura en escuelas y colegios de todo el país acumula 849 órdenes sanitarias, a pocas semanas de iniciar un nuevo curso lectivo y las polémicas alrededor de la calidad de las evaluaciones y aprendizajes ponen en tela de duda la formación de los estudiantes hoy día.
“La coyuntura educativa muestra una tensión clara: un Estado que reconoce el rezago, pero que responde solo con medidas a largo plazo. Así, el país parece caminar en dirección contraria a los discursos que promueven la educación como motor de desarrollo”, señalaron los investigadores del Programa Análisis de Coyuntura de la Sociedad Costarricense.
También existe una involución cuando se trata de la atención en temas de salud. El periodo 2010-2019 reflejó porcentajes de inversión del PIB que oscilaron entre un 6.1% y un 6.4%. Aumentó a un 6.8% en el 2020 por motivo de la pandemia y para el trienio 2022-2024 ni siquiera se alcanzó el umbral del 6%.
“Con el gasto ya por debajo del 6% en los últimos años, cualquier ajuste lineal puede tensionar la cobertura y resultados en cuanto a listas de espera, reposición de capital, prevención e infraestructura”, concluye el informe Evolución y Desafíos Fiscales del Cinpe.
Esta situación se presenta en un entorno complejo para la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) con una crisis en la formación y retención de médicos especialistas, el atraso de importantes obras de infraestructura (como el hospital de Cartago), las crecientes listas de espera para cirugías y citas, una progresiva deuda del Estado, que sobrepasa los $4 millones y una negociación entre las partes que no avanza.
Afectación directa
Las posibilidades para que la población sin casa propia acceda a una, a través de un bono familiar de vivienda, se han achicado. Mientras que en el 2010 se otorgaban más de 10 mil bonos al año, la cantidad se redujo prácticamente a la mitad (5.760) al cierre del 2024.
Esto se asocia también con una menor inversión estatal en vivienda con respecto al PIB. Mientras que en el periodo 2020-2021 se mantuvo entre un 2.3% y un 2.4%, la provisión de recursos estatales para estos fines descendió a un 2.08% en el 2024.
Si se traslada el análisis al empleo se percibe una dicotomía. Si bien el Gobierno refiere una baja histórica en los niveles de desempleo (6.6% al último trimestre del 2025), lo cierto es que muchas menos personas participan en el mercado laboral de manera activa. De acuerdo con el Observatorio Económico y Social, la fuerza de trabajo al III trimestre del año anterior (que incluye a personas ocupadas y desempleadas) se redujo en 73.413 personas.
La mayor caída la sufren personas de 45 años o más (53.574 menos ocupados), a la vez que la dinámica laboral evidencia una importante desigualdad, en vista de que el empleo aumentó solo entre personas con título universitario, mientras que en los demás niveles educativos tendió a decrecer.
Al final, una institucionalidad débil y un rezago de la inversión social son el caldo de cultivo para un problema que ya es una realidad: la inseguridad. Sumados los cuatro años del actual gobierno se contabilizan 3.315 asesinatos. Los tres últimos años (2023, 2024 y 2025) fueron los más violentos en la historia del país.
“En este contexto, se requiere con urgencia un esfuerzo extraordinario en inversión, coordinación y modernización de las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia. De no hacerlo, el país corre el riesgo de que la inseguridad deteriore la confianza ciudadana, afecte la atracción de inversión extranjera y comprometa la estabilidad del modelo de desarrollo costarricense”, advierte el Programa Análisis de Coyuntura de la Sociedad Costarricense.