Existe una posibilidad, y es real, de que Costa Rica vuelva a ser calificada, por parte de la Unión Europea (UE), como una nación no cooperante en materia fiscal. En otras palabras: el nombre del país puede seguir siendo protagonista en la indeseable “lista gris”.
Aparecer en dicha lista es sinónimo no solo de incumplimiento. Puede mermar la inversión, el crecimiento, la expansión de empresas provenientes del bloque europeo aquí y afectar a nivel local la generación de empleo.
En febrero de este año, Costa Rica recibió la noticia de que estaba en la lista gris, en vista de que la legislación permite una doble no imposición a personas físicas y jurídicas por sus ganancias en el exterior. Ahora, en octubre próximo, el Consejo de la UE revisará esa medida para verificar si el país sigue incumpliendo o si tomó las medidas correctivas.
Desacuerdo político
El problema es que desde febrero y hasta la fecha no ha existido un consenso político entre la Asamblea Legislativa y el Poder Ejecutivo sobre la solución idónea al tema. Las acusaciones van y vienen, en un contexto donde el Gobierno, apenas la semana pasada, vetó parcialmente el proyecto de ley 23.581 que, en teoría, viene a solventar el problema.
Para el director del Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible (CINPE) de la Universidad Nacional, Olman Segura, se estaría afectando gravemente la reputación del país ante sus socios comerciales. “Algo que no ha ocurrido aún, y que podría pasar, es que esta afectación en la reputación pueda generar medidas defensivas de parte de los países emisores de inversión. Ejemplo de ello es que las empresas interesadas puedan ser sujetas de auditorías reforzadas o solicitudes de información adicional, que al final de cuentas, van a desestimular la inversión local”, manifestó el director del CINPE.
Fernando Rodríguez, economista y académico de la Escuela de Economía, incluso va más allá y manifiesta que el grado de incertidumbre al que entraría el país, de permanecer en la lista gris, podría generar que los países de la UE decidan no reconocer como gastos deducibles del impuesto de renta por sus inversiones en Costa Rica.
Estas son posibilidades abiertas en un momento en que las relaciones comerciales entre Costa Rica y la Unión Europea vienen en ascenso. De acuerdo con el portal estadístico del Ministerio de Comerio Exterior (Comex), el comercio con el bloque europeo ha crecido un promedio anual del 6,4% en los últimos 10 años, al pasar de $2.475 millones, en el 2012, a $4.336 millones, en el 2021.
Productos como dispositivos médicos, banano, piña, café, jugo de piña, aceite de palma, frutas tropicales conservadas y plantas ornamentales figuran entre las categorías con más auge.
De igual manera, durante el 2021, la inversión extranjera directa (IED), originaria de la UE, representó el 4,6% del total percibido por el país, lo que ha significado una inversión de $145 millones.
Estas cifras y porcentajes son las que pueden estar en riesgo, de persistir la incertidumbre política. “Costa Rica no está aislado y las cosas que sucedan aquí pueden tener efectos incluso más allá de la Unión Europea”, valora Olman Segura. Aunado a esto, y en palabra del economista Fernando Rodríguez, “Costa Rica tiene mala fama de que no cumple en los plazos en que debe cumplir y este escenario podría repetirse”.
Lo cierto del caso es que el tiempo límite se gota. Octubre está a la vuelta de la esquina y el escenario político está en su punto de ebullición máximo. Para los expertos de la UNA, salir de la lista gris debe ser prioridad para los próximos días.
