Lo que no se mide, no se puede mejorar. Bajo esta premisa, expertas en equidad e igualdad de género indican que las políticas nacionales en esta materia deben especificar los indicadores y las metas con las cuales pretenden medir los avances que erradiquen la desigualdad.
Lo hicieron durante el conversatorio Retos a la sostenibilidad de las Políticas de Género de la Institucionalidad Costarricense, que convocó el Instituto de Estudios de la Mujer (IEM), de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional (UNA).
Junto con la UNA, participaron voceras del Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu), la Unidad de Género de la Asamblea Legislativa, así como de las universidades de Costa Rica (UCR) y el Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR).
Ana Lorena Flores, directora de la Dirección Estratégica del Inamu y secretaria técnica de la Política Nacional de Equidad de Género (PIEG), fue la primera persona en tomar la palabra. Desde su visión, estas herramientas deben ahondar aún más en indicadores claves que midan el cumplimiento de lo establecido en las políticas, y definir metas concretas hacia dónde se desea avanzar en determinados periodos.
Con ese criterio coincide Haydée Hernández, directora de la Unidad Técnica de Igualdad y Equidad de Género de la Asamblea Legislativa, para quien “avanzar en temas de indicadores evita que las políticas institucionales se queden únicamente en el papel”.
Ambas expertas proponen establecer modelos de gestión a lo interno de las instituciones para determinar con mayor claridad las estrategias y la coordinación interinstitucional, que impacte de manera afirmativa en la lucha hacia una verdadera igualdad en las relaciones entre mujeres y hombres.
Las Políticas Nacionales de Equidad de Género (PIEG) tienen como propósito alcanzar tales objetivos. Contemplan la visión de un Estado para alcanzar las metas planteadas en compromisos que el país ha adquirido a nivel internacional en materia de género, como son la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer “Convención de Belém do Pará”.
Costa Rica tiene vigente actualmente la PIEG 2018-2030, la cual se incorpora en los Planes Nacionales de Desarrollo (PND). La actualización de esta Política es, en criterio de Ana Lorena Flores, un imperativo fundamental. “Por ejemplo, de 1998 a 2006 hubo un bache en cuanto a la actualización de la PIEG y eso es fundamental considerarlo, para evitar que ocurra”, manifestó.
Nuevos retos
El conversatorio abrió un debate acerca de los retos que enfrenta actualmente la PIEG. Para Haydée Hernández, hace falta fomentar una mayor vinculación entre la planificación y la elaboración de presupuestos. “Debemos avanzar desde la institucionalidad para que los presupuestos se realicen con perspectiva de género”.
Para la vocera del Inamu, muchas veces ocurre que las políticas no siempre recogen las desigualdades más apremiantes, de ahí la necesidad de estar actualizando periódicamente la herramienta.
De acuerdo con el Índice de Brecha Global de Género 2023, Costa Rica ocupa la posición 14 en el mundo (de un total de 146 países), con un puntaje de 79,3% en materia de cierre de brechas. Ningún país en el mundo ha alcanzado una equidad plena. Islandia es la nación que obtuvo una mejor nota (91,2%), seguido de Noruega (87,9%).
Retos universitarios
La implementación de políticas de género en las universidades públicas también enfrenta desafíos de relevancia.
Para Daniela Miranda, integrante del equipo de Equidad e Igualdad de Género en la UCR, “muchas veces se sabe por dónde se debe caminar, pero hacen falta estadísticas para tomar decisiones más acertadas”. Aún persiste, según indicó, la desinformación, la desarticulación y el desconocimiento de iniciativas en materia de prevención. También, abogó por ampliar el espectro a nivel de políticas que involucre a población LGTBI o a mujeres embarazadas.
Ana Rosa Ruiz, integrante del Consejo Institucional del ITCR, hizo un repaso de los obstáculos que a nivel institucional se han tenido que afrontar en un entorno donde tradicionalmente se ha vinculado a las carreras tecnológicas con la población masculina.
Eso iba desde la proyección de una imagen masculinizada de las carreras que se imparten, hasta una infraestructura física pensada únicamente para los hombres. “Había pisos donde de hecho usted no encontraba un baño para mujeres”, relató Ruiz. Sin embargo, poco a poco, estos y otros elementos se han ido subsanando desde el 2010, cuando se incorporaron estudios de género.
Finalmente, Ana Soto, encargada de la PIEG en la UNA, destacó que estas iniciativas deben verse más allá de lo “políticamente correcto” y entenderse desde una perspectiva de derechos humanos. Además, debe implementarse la estrategia más allá de la actividad académica y promover la investigación.
En lo que sí coincidieron las tres voceras universitarias es en el hecho de que las políticas de equidad e igualdad deben abarcar las distintas sedes, con un enfoque de territorialidad. Todas compartieron el criterio de que también debe pensarse en soluciones y propuestas que tengan un asidero técnico, político y de sostenibilidad financiera para que su cumplimiento sea efectivo.
