“Se necesitan al menos 38-40 diputados para cambiar el Poder Judicial”, dijo el presidente Rodrigo Chaves en una conferencia de prensa el 16 de enero anterior.
Cuarenta se ha convertido en un número predilecto tanto para el mandatario como para la diputada oficialista Pilar Cisneros, quienes, a menos de un año de las elecciones nacionales, lanzan señales a la población de cómo debería conformarse la Asamblea Legislativa para el cuatrienio 2026-2030.
Pero, ¿es realista que un partido político, en la coyuntura actual, puede llegar a tener una mayoría calificada de mínimo 38 diputados? Y de ser así, ¿qué ventajas le daría a una fracción en la gestión legislativa? Junto con Edel Reales, gerente de la Secretaría del Directorio de la Asamblea Legislativa, y José Andrés Díaz, coordinador del programa Umbral Político del Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo) de la Universidad Nacional (UNA), se profundizó en ambos temas.
En la historia política del país son muy pocas las ocasiones en que un partido ha tenido ese nivel de mayorías. Habría que remontarse a 1953, cerca de la fundación de la Segunda República, cuando Liberación Nacional obtuvo 40 de 45 escaños de aquel momento y luego al periodo 1986-1990 en el primer gobierno de Oscar Arias. En ese momento, la fracción oficialista alcanzó los 29 diputados, que significa una mayoría simple y que le permitía aprobar proyectos de ley sin necesidad de sumar votos de otras agrupaciones.
Sin embargo, con la caída del bipartidismo (Liberación Nacional-Unidad Social Cristiana) y la irrupción en el ajedrez político del Partido Acción Ciudadana (PAC) en el 2002, el tablero se resquebrajó. Entonces, el fraccionamiento en la composición legislativa fue la tónica, con grupos políticos minoritarios que requirieron un mayor esfuerzo político y de negociación de todas las agrupaciones, para sacar adelante la agenda de proyectos de ley.
Este es el escenario hoy. Rodrigo Chaves asumió el mandato en el 2022 con solo diez diputados del partido político que lo llevó al poder (Progreso Social Democrático). Sin embargo, su línea de pensamiento la siguen solo ocho congresistas ante las diferencias con la legisladora Luz Mary Alpízar (presidenta, a su vez, de dicho partido) y con María Marta Padilla, quien se declaró independiente.
Para cualquier gobierno contar con una mayoría parlamentaria sería un anhelo innegable. “Las grandes mayorías favorecen mucho el tema de la legislación”, apuntó Edel Reales. Esto podría reflejarse, por ejemplo, en la posibilidad de aprobar vías rápidas para el trámite de proyectos de ley, evitaría también que el texto pase por una comisión legislativa (donde se votan mociones de fondo, se llama en audiencia a las partes y se dictamina a favor o en contra de una iniciativa) y que el texto pase de manera directa al Plenario.
Otra ventaja es que facilitaría la elección del Directorio Legislativa, cada 1º de mayo, donde, entre otros puestos, se elige a quien ocupe la presidencia del Congreso. Con ello, permitiría a esa fracción influir sobre la conformación de las comisiones legislativas que, aunque deben tener representatividad de todos los partidos, le daría a una sola fracción una amplia mayoría para dominar el debate.
“Podría, incluso, promover reformas en el reglamento de la Asamblea Legislativa, sin necesidad de negociar”, agregó José Andrés Díaz. A eta mezcla de prorrogativas se suma una que ha sido de alto interés para el actual Poder Ejecutivo: las reformas a la Constitución Política, las cuales deben seguir un procedimiento especial.
La forma en que operan instituciones como la Contraloría General de la República o el Poder Judicial han estado en la mira del presidente Chaves. De acuerdo con Edel Reales, estas iniciativas se deben presentar en periodos de sesiones ordinarias, darse tres lecturas del proyecto en el Plenario, discutir y votar su admisibilidad y, de resultar favorable, enviarse a una comisión especial que lo dictaminará sin posibilidad de hacerle reformas. Todos estos procesos pueden aligerarse con una mayoría parlamentaria.
A pesar de lo anterior, ambos expertos no ven como garantía absoluta de agilización parlamentaria que una fracción posea una mayoría calificada. Siguiendo con el ejemplo de la reforma constitucional, Rosales indicó que el texto deberá pasar luego al Plenario donde ahí los diputados pueden ejercer su derecho de enmienda.
“Usted podrá tener una gran mayoría, pero va a llegar el momento en que tendrá que negociar. Porque cada diputado podrá incluir mociones y por cada una de ellas tener derecho para hablar hasta por 10 minutos. Y podrá proponer mociones de fondo, de orden, de consulta y un montón de instrumentos jurídicos que son parte del derecho parlamentario y que puedan atrasar el proceso”, indicó Rosales.
A lo anterior se suma el hecho de que, en un escenario hipotético de que el grupo afín al presidente obtenga esa mayoría, será necesario tener una ideología partidaria clara de la que 38 o 40 diputados sean parte, según explicó José Andrés Díaz. “Históricamente, en Costa Rica eso no ha pasado porque tenemos una cultura de partidos políticos muy débil. Es muy fácil encontrar ejemplos de diputados que se declaran independientes, aún en agrupaciones como el PLN o el PUSC o en otras emergentes, como el PAC o el Frente Amplio”, indicó el politólogo del Idespo.
Ni siquiera en el supuesto de que Rodrigo Chaves renuncie a la presidencia y opte por una curul, y sea presidente del Congreso, sería garantía de esa unidad. “A diferencia del mandatario, que puede remover de manera libre a sus ministros, un jefe de fracción o presidente legislativo no puede quitar a un diputado porque vote un proyecto de otra manera o piense distinto. Entonces, los juegos por el equilibrio del poder aumentan”, agregó Díaz.
En el fondo, contar con una mayoría de esta magnitud y en el contexto político actual, representa un riesgo para la democracia, advirtió José Andrés Díaz. “Los sistemas democráticos se construyen de pesos y contrapesos para evitar una concentración del poder. Para eso tenemos tres poderes separados y con independencia, donde todos tienen diversas voces y sin que se dé cabida a la imposición”.
Situaciones como las que se viven en El Salvador o en Nicaragua, donde las mayorías legislativas ligadas al oficialismo han dado un poder amplio y prácticamente absoluto a quien gobierna, son parte de esos riesgos que señaló el experto.
Panorama difícil
Ambos expertos ven poco probable que un partido obtenga una mayoría de tal magnitud en las próximas elecciones. “La identidad partidaria, como se veía antes con el bipartidismo, es muy complicado retomarla y lo que se ha generado ahora es una ‘municipalización’ de los diputados. La gente vota a lo seguro, por tener a un legislador que represente mi región y me pueda defender y eso lo ve uno fuera de la Gran Área Metropolitana”, manifestó Reales.
Otro factor tiene relación con la forma en que se eligen a los diputados con un sistema de cociente y subcociente. El primero se obtiene al dividir el total de votos válidos obtenidos en la elección entre la cantidad de curules (57) y el segundo al dividir en dos el cociente. El partido que no alcance esa cifra mínima no tendrá derecho a participar en la distribución de los escaños, lo que genera una barrera a los partidos políticos participantes.
Foto de portada: Página en Facebook de la Asamblea Legislativa.
