Explotación sexual, trabajo infantil, reclutamiento por el crimen organizado y participación en delitos graves son parte de las condiciones cada vez más adversas que afronta la niñez y adolescencia de Costa Rica, según revela el Estado de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia en Costa Rica (EDNA) 2023, presentado por la Comunidad Epistémica de Niñez y Adolescencia de la Universidad Nacional (UNA) el pasado 2 de abril.
Los hallazgos más graves del informe se refieren a la persistencia de la violencia estructural y criminal que impacta de forma directa a la población menor de edad. Uno de los temas más sensibles es la explotación sexual comercial, sobre la cual se carece de información sistemática y actualizada.
El estudio señala que “las instituciones siguen utilizando distintos enfoques metodológicos y poblacionales que no permiten una clara identificación de las características, condiciones de riesgo y magnitud del problema”.
Además, el Departamento de Estado de los Estados Unidos alertó, en 2023, sobre la vulnerabilidad de las personas menores de edad a la trata con fines de explotación sexual, especialmente aquellas que se identifican como LGBTIQ+.
En cuanto al trabajo infantil, si bien las cifras disminuyeron entre 2018 y 2022, los datos de 2023 reflejan un repunte, especialmente en zonas rurales, donde, según el EDNA, el fenómeno goza de la tolerancia en muchas comunidades; también expone la invisibilidad del trabajo doméstico no remunerado que realizan niñas en sus hogares. “El trabajo doméstico infantil sigue siendo invisibilizado, en especial, aquel que se realiza dentro del propio hogar y por parte de niñas, lo que implica una carga desigual por razones de género”, precisa.
Sobre el reclutamiento de adolescentes por el crimen organizado, el estudio advierte un aumento en la participación de personas menores de edad en actividades relacionadas con el narcotráfico y el sicariato, por ejemplo en comunidades como El Infiernillo y Gregorio José Ramírez, en Alajuela. Las condiciones de pobreza, la deserción educativa y el abandono estatal exponen a esta población a las redes delictivas.
En cuanto a la participación penal juvenil, el Poder Judicial registró más de 26.000 casos nuevos, con un promedio de más de 2.200 casos por mes en 2023, y solo 30 funcionarios judiciales están a cargo de su atención en todo el país. Según el informe, los delitos más frecuentes son homicidio, delitos relacionados con drogas y robo agravado. Y aun cuando el estudio verifica que “el sistema penal juvenil costarricense no es débil. De hecho, es más riguroso y exigente que el de personas adultas”, persiste la desinformación sobre el uso de medidas alternativas.
La investigación también advierte sobre el aumento de la violencia en centros educativos, lo que afecta el proceso formativo de los estudiantes e identifica un patrón creciente de consumo de sustancias psicoactivas en edades cada vez más tempranas.
Para Ana Arguedas Ramírez, académica de la UNA, “el informe ofrece datos valiosos sobre la situación de la niñez y la adolescencia, lo que como Universidad, que cuenta con una política de niñez y adolescencia, nos invita a realizar una profunda reflexión sobre lo que estamos haciendo en esta temática. Así mismo, nos compromete a emprender iniciativas que garanticen los derechos de niñas, niños y adolescentes”.
El estudio completo se puede solicitar a
