Suyen Alonso Ubieta*
Desde hace más de tres décadas, la economía costarricense ha seguido una senda orientada a una mayor apertura comercial y una vinculación con los mercados internacionales, a través de Inversión Extranjera Directa (IED), o bien por medio de un modelo de promoción de exportaciones de sectores no tradicionales (manufactura ligera, servicios, piña, jugos concentrados) y tradicionales como el café y el banano.
Sin embargo, esta realidad también ha acrecentado las brechas en la economía costarricense, que ha dado paso a diferencias de productividad y competitividad entre un sector exportador dinámico y un sector productor nacional más rezagado.
Diferentes informes del Estado de la Nación (2013, 2020, 2022 y 2023) han sido enfáticos en reconocer esta realidad caracterizada por una economía dual, donde existe una marcada dicotomía entre empresas del régimen especial (zonas francas) y las del régimen definitivo, lo cual también se reflejan en la localización del empleo y las actividades dentro y fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM).
Según la Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria (Sepsa), el sector agropecuario aportó 1.685.162 millones de colones al Producto Interno Bruto (PIB) nacional durante el 2023, con una participación del 4%. En cuanto al empleo, para ese mismo año la población ocupada se estimó en 213.291 personas que laboran en actividades del sector primario nacional.
De acuerdo con el Sistema de Información del Sector Agropecuario Costarricense (Infoagro), en el segundo trimestre del año pasado, este sector ocupó el tercer lugar como generador de empleo, con un 10,2% del total de la población ocupada del país; mientras que en el 2022 se posicionaba en segundo lugar con un 11,7% de la población ocupada.
Desafíos: temas recurrentes y nuevas aristas
A raíz de esta realidad, y a propósito del proyecto de investigación Análisis de las políticas públicas para la promoción de exportaciones y sus efectos en el desempeño productivo de empresas costarricenses, se realizó un análisis de las políticas públicas formuladas y en proceso de discusión vinculadas a los sectores productivos en estudio.
Para ello, se estudiaron tanto las políticas nacionales evaluadas por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán), como las políticas vigentes y proyectos de ley presentados y discutidos en la Asamblea Legislativa de 2018 a la actualidad.
En el caso de los proyectos de ley, la principal referencia es hacia la redefinición de la rectoría del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG, expediente 23.397), de octubre 2022. Y más recientemente, el proyecto de ley expediente 24.142, Ley para la reactivación, innovación y fomento del sector agropecuario y rural y creación del sector franco agropecuario.
Si bien la discusión se ha centrado en el tema de rectoría del MAG, existe otro entramado de instituciones y compromisos institucionales que han retado la consecución de resultados para apoyar el desarrollo productivo general y de sectores específicos. Tras el análisis realizado, estos retos se agrupan en 3 áreas:
1. Enmarañada institucionalidad: La falta de definición concreta sobre la institucionalidad de apoyo al sector productivo nacional, que lleva años definiéndose como un “Ministerio de la Producción”, genera rezagos en la definición de las articulaciones requeridas entre las diversas instancias que existen.
Esto genera que la eficiencia en la respuesta a las necesidades del sector sea lenta, originado tanto por la complejidad institucional y organizacional, como por la falta de acompañamiento y respuesta que se requiere ante las mayores presiones derivadas de la competencia externa y cambios en la matriz productiva nacional.
2. Apertura comercial y competitividad como una estrategia desde lo nacional: En el análisis de las políticas públicas realizadas, este tema se menciona en forma dispersa o no se alude. Se menciona la innovación y la competitividad, pero sin puntualizar en la necesidad de establecer una agenda nacional de fortalecimiento competitivo del sector productivo nacional. Es necesario entonces el uso de instrumentos de defensa comercial, avanzar en el proyecto de ley sobre etiquetado y origen—elementos esenciales para un consumidor informado—y mejoras en materia de trazabilidad para cumplir requisitos internacionales de acceso a mercados, en los cuales Costa Rica ya negoció su ingreso.
Por el tamaño de nuestros sectores, Costa Rica debe apuntar hacia nichos de especialidad y es ahí donde los recursos y capacidades institucionales para apoyar los sectores productivos deben ser dirigidos.
3. Nuevos compromisos internacionales y nuevas agendas: cambio climático, igualdad de género y empleo femenino: En el análisis de las políticas públicas y sus planes, surgen estas dos áreas como temas prioritarios, derivados de compromisos y agendas internacionales y nacionales en las que país ha asumido compromisos. En el ámbito internacional, por ejemplo, hay metas para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y sus compromisos de emisiones, por citar dos casos concretos.
A nivel regional, otros ejemplos son la Política Agropecuaria de la Región SICA 2019–2030 y la Estrategia Agricultura Sostenible Adaptada al Clima para la región del SICA 2018-2030 (EASAC), cuyo enfoque es hacia el desarrollo de las comunidades rurales a través de una agricultura sostenible, la generación de empleo con equidad y la competitividad del sector a través de alianzas públicas y privadas.
Cada una de estas líneas trae nuevas demandas que, institucionalmente y como sectores, deben ser abordadas, pues generan más presiones en la agenda competitiva del sector productivo nacional. Sin duda son temáticas relevantes que, para lograr un verdadero impacto, requieren atender desafíos más estructurales como el de la institucionalidad y la competitividad.
*La autora es académica del Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible (Cinpe) de la Universidad Nacional.
