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Respeto a derechos humanos en cárceles en Guatemala y Honduras bajo la lupa

Existe un subcomité de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que envía misiones a distintas partes del mundo para revisar la situación de las personas encarceladas y del cumplimiento mínimo de los derechos humanos. El académico del Instituto de Estudios Latinoamericanos (Idela), de la Facultad de Filosofía y Letras, Marco Feoli, es parte de este grupo investigador.

En su caso, visitó Guatemala del 10 al 20 de octubre y recientemente, del 14 al 21 de abril, estuvo en Honduras, en misiones de entre siete y 11 días. Formó parte de una delegación de al menos cinco personas, que visitó cárceles, comisarías, hogares para niños y niñas, hospitales psiquiátricos y hasta centros de atención de migrantes.

El objetivo del Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de la ONU es realizar inspecciones en estos lugares para verificar el cumplimiento o no de estándares mínimos en materia de derechos humanos. Luego de realizar la visita, la misión elabora un informe que se remite a los Estados; estos luego lo hacen público, con sus resultados y conclusiones.

“Acabamos de enviar el informe con respecto a la situación de Guatemala y esperamos en unos seis meses estar enviando el de Honduras”, afirmó Feoli. En el caso guatemalteco visitaron hasta 24 centros de detención, mientras que en Honduras fueron 20. Este año tiene previsto participar en una misión en Bolivia y luego en Mongolia.

Respeto a derechos

De previo a realizar las visitas y las entrevistas correspondientes, el grupo al que pertenece Feoli determina cuáles son los elementos, relacionados con el respeto a los derechos humanos de las personas detenidas, que deben validar.

“Uno de los aspectos que analizamos es saber si las personas que estén presas cuenten con una pena de prisión. Pero nos hemos encontrado con detenidos que están encerrados porque se perdió la orden de libertad en un juzgado o ni siquiera cuentan con una condena en firme”, relató Feoli.

Otros factores que forman parte del análisis son: determinar si la cantidad de prisiones preventivas son muy elevadas, verificar aspectos más materiales como la carencia de acceso a servicios públicos como agua potable o luz, o si existe imposibilidad de salir de su celda en algún momento del día.

El hacinamiento, la presencia de plagas, la violencia que pueda presentarse en algunos penales, la salubridad de los alimentos que reciben y de los lugares donde cohabitan también son aspectos que se valoran.

“Por ejemplo, no es solo ver el tema del hacinamiento como un problema en sí mismo. Es también la ausencia de ofertas para que estas personas detenidas puedan superarse. Entonces, la pregunta es cómo los países centroamericanos pueden reencauzar un poco lo que están haciendo, porque si se quieren mejorar los niveles de violencia, claramente el Estado no puede ser copartícipe”, indicó el académico de la UNA.

Particularmente, la situación de las cárceles en Honduras y Guatemala se ve agravada por la arremetida de las pandillas vinculadas al crimen organizado, conocidas como maras. Para Feoli, en los centros carcelarios el riesgo principal son los casos de autogobierno, donde estos grupos tienen el dominio.

De momento, no se pueden hacer públicos los resultados finales del informe hasta que sean de conocimiento por parte de los Estados. Luego de recibir los informes, los gobiernos dan a conocer las conclusiones.

Sin embargo, Feoli reconoce haber observado situaciones que son de atención importante por parte de las instituciones que se encargan de la seguridad de los centros penales, de manera que se tomen las medidas correctivas según sea el caso.

Sobre la facilidad que las misiones tuvieron para realizar su trabajo, destacó que, por protocolo, siempre les asignan a una persona colaboradora de las cancillerías de los países que visitan, que se encarga de hacer las coordinaciones con las instituciones involucradas. Es así como, además de la inspección ocular, también entrevistan a los funcionarios y a los propios reclusos para determinar con más exactitud las condiciones generales con las que conviven.

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