En la cuarta sesión de la Comisión de Enlace para la negociación del FEES, las Universidades Públicas hicieron una serie de planteamientos en búsqueda de un presupuesto universitario sostenible. Reiteraron la inviabilidad de aceptar 1% de crecimiento, a partir de la propuesta presentada la semana anterior por el Poder Ejecutivo.
La representación de CONARE solicita el reconocimiento de un 4,06%, exponiendo ampliamente en qué se fundamenta el rechazo del 1%. Entre otros criterios destacan:
- No favorece la sostenibilidad financiera de las Universidades Públicas en el corto, mediano y largo plazo: la Sala Constitucional y Procuraduría General de la República sobre ajustes del FEES, han señalado que “la variación del poder adquisitivo de la moneda”, debe estar “ajustada a las necesidades de financiamiento y a los objetivos trazados por los centros de enseñanza superiores en el respectivo Plan Nacional de Educación Superior Estatal”.
- No considera ningún monto que responda a la recuperación de los fondos postergados por las universidades públicas entre los años 2020 y 2021 y que fueron consignados en los correspondientes acuerdos suscritos por la Comisión de Enlace de los dos respectivos años. Los montos postergados son una deuda del Estado Costarricense con las universidades públicas que el Gobierno no puede ignorar. Montos que ascienden a 62.590.250 millones de colones.
- No ayuda para el adecuado desarrollo de los compromisos, criterios e indicadores suscritos en los acuerdos de los dos últimos años y menoscaba su cumplimiento, a pesar de que las universidades públicas vienen demostrando avances notables en este aspecto.
- No permite compensar los ajustes que las universidades públicas han venido haciendo en materia de contención del gasto y apego al cumplimiento de leyes nacionales tales como: Ley 9635 y Ley Marco de Empleo Público.
- No favorece el compromiso de las universidades públicas con la recuperación de los aprendizajes y la reducción de brechas estructurales en el sistema educativo que emprenden mediante múltiples acciones dirigidas a los estudiantes de los diferentes ciclos de la educación pública.
La representación del Ejecutivo agradeció la exposición de motivos. Parte de la discusión se centró en los montos postergados, puesto que representan sumas que se acordaron y en ocasión de la pandemia no se trasladaron a las Universidades Públicas. Además, se sugirió revisar la Agenda de Cooperación para reconsiderar su viabilidad.
En la sesión estuvieron las ministras Anna Katharina Müller Castro y Paula Bogantes Zamora, del MEP y MICITT, respectivamente; Nogui Acosta Jaen de Hacienda y el viceministro Marlon Navarro Álvarez del Mideplán. Por parte de las Universidades Públicas participaron la estudiante Francini Mora Chacón de FEITEC, la rectora María Estrada Sánchez del TEC y los rectores Gustavo Gutiérrez Espeleta, Francisco González Alvarado, Rodrigo Arias Camacho y William Rojas Meléndez, de UCR, UNA, UNED, UTN.
La próxima sesión está programada para el martes 6 de agosto donde se continuará la discusión de los términos presupuestarios.
CONARE rechaza acusaciones
Por otra parte, ante la situación que se presentó al finalizar la cuarta sesión de la Comisión de Enlace para la negociación del FEES 2025, entre Anna Katharina Müller Castro, ministra de Educación y el movimiento estudiantil universitario, el Consejo Nacional de Rectores manifiesta:
El movimiento estudiantil es totalmente autónomo e independiente. El CONARE respeta las manifestaciones y opiniones estudiantiles en el ejercicio pacífico de la libertad de expresión. Reconocemos que la educación estatal es de interés público y en consecuencia el CONARE considera de importancia la participación de los diferentes sectores, incluido el estudiantil, en el proceso de negociación del financiamiento de la educación superior estatal.
Creemos firmemente en la importancia de propiciar por parte de la Señora Ministra de canales de comunicación asertivos con el movimiento estudiantil universitario, que demanda ser escuchado en sus consignas, como corresponde a todo funcionario público que es interpelado en el ejercicio de sus funciones. La jerarca tomó la decisión de salir del recinto de negociación sin esperar a que las autoridades universitarias coordinaran una salida ordenada para los representantes de Gobierno.
Rechazamos contundentemente afirmaciones inadmisibles emitidas en el comunicado de la Presidencia de la República, donde se afirma que la señora y los señores rectores conocían y consintieron actos de violencia contra las autoridades gubernamentales y que éstos hayan sido objeto de amenazas, agresión y violencia. Por lo tanto, repudiamos cualquier acusación que pretenda responsabilizar a la y los rectores de cualquier acto que violentara integrantes de la representación del gobierno en la Comisión de Enlace.
Condenamos el uso del cuerpo policial en contra de los estudiantes universitarios que se manifestaban en CONARE y su invasión a las instalaciones que forman parte del campus universitario. Condenamos también calificar al movimiento estudiantil de agresor.
Reiteramos el compromiso de CONARE y las universidades en pleno por el respeto al orden constitucional, a la autoridad constituida, al ejercicio pacífico del diálogo, a la libertad de expresión contra las autoridades de gobierno, sin represalias.
Las universidades públicas son lugares seguros y especialmente respetuosos de la libertad de pensamiento, el pluralismo ideológico y la construcción de diálogo. Rechazamos todo acto que menoscabe o ponga en riesgo la integridad de las personas o pretenda violentarlas mediante cualquier tipo de acción.
Somos enfáticos en afirmar que las sesiones de la Comisión de Enlace, incluida la de hoy, han transcurrido en el marco del respeto al diálogo y CONARE reitera su disposición de continuar con el proceso de negociación bajo el marco Constitucional que rige sobre este y manteniendo los acuerdos tomados conjuntamente.
