- Artículo de opinión por Shirley Benavides Vindas, catedrática de la Escuela de Economía e investigadora del Programa Sectores Productivos (SEPRODES) de la Universidad Nacional.
Lo ha señalado la CEPAL (2014), “la dinámica de los mercados de trabajo es la manifestación más evidente de la calidad del proceso de desarrollo económico y social”; esto en una ruta positiva sé da, cuando este mercado puede integrar a la población económicamente activa desde un enfoque inclusivo y de calidad de vida; y en este marco el tema de la informalidad toma un rol importante que resta la posibilidad de dicho enfoque, y del cumplimiento del Objetivo del Desarrollo Sostenible (ODS) 8, que indica: "Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos", compromiso adquirido por Costa Rica, junto con los otros 16 objetivos, desde setiembre del 2016.
En Costa Rica, la tasa de informalidad ha estado oscilando entre el 42 al 46% (lo que representan aproximadamente 870.000 a un poco menos del 1.000.000 de personas), en los últimos años, con una disminución en el año de la pandemia debido a las medidas sanitarias de aislamiento que implementó por el gobierno, eso significa que fue una reducción que limitó el acceso a ingresos a familias que viven en la informalidad, por la situación en particular y no por una disminución real de esa condición.
La informalidad en Costa Rica se presenta por diversas razones, una de ellas es la falta de perfiles adecuados para los empleos formales que surgen, o sea, la convergencia entre oferta y demanda, esto generado como resultado de contar con una población con un grado educativo de secundaria incompleta, por un lado, o la falta de acceso real a la educación y la capacitación laboral en las tecnologías actualizadas que posibiliten la productividad de los empleos y a su vez de los sectores productivos, estas ausencias en las estrategias, impulsan la precariedad laboral de quienes se mantienen en la informalidad, ya sea, a nivel individual o empresarial. Costa Rica, pese a espacios políticas de discusión sobre este problema, aún faltan políticas públicas efectivas para combatirlo de manera más contundente, un ejemplo de ello es el programa "Mejores Empleos" lanzado por el gobierno en 2018, con el propósito de fomentar la formalización laboral, pero con un sesgo hacia las empresas con más de cinco trabajadores, excluyendo a los trabajadores por cuenta propia que representan una gran parte de la economía informal.
Según datos del Banco Central de Costa Rica, la tasa de desempleo en el país en el primer trimestre del 2023 fue de 10,6% (248.779 personas), lo que representa una disminución significativa en comparación con el mismo periodo del año anterior (Banco Central de Costa Rica, 2023), pero aún el país se encuentra con un comportamiento de dos dígitos; además, se debe considerar las causas correctas de la caída de la tasa de desempleo, dado que la cantidad de personas ocupadas también disminuyó, lo que se puede atribuir a indicios de mayor cantidad de personas desalentadas, al no lograr encontrar puestos de trabajo por un buen tiempo.
Es importante señalar que la informalidad laboral en Costa Rica no solo afecta a la calidad de vida de los trabajadores, sino que también tiene graves consecuencias para la economía del país. La economía informal implica que quienes están en esta situación, no contribuyan de manera fiscal al gobierno, no se mejore la redistribución de los ingresos y de la riqueza, lo que colaboraría con la disminución de brechas en la equidad de la población; esto además, limita el consumo de los hogares que se encuentran en esta situación, así como los aportes a la seguridad social y a los sistemas de pensiones, lo que afecta de manera negativamente a las finanzas públicas, especialmente aquellos de edad avanzada que se encuentran en su momento de retiro laboral, afectando el desarrollo social y económico del país, de manera integral.
La generación de condiciones de la institucionalidad, políticas públicas y regulaciones, para disminuir la informalidad es uno de los aspectos esenciales en el proceso de promoción de una ruta de crecimiento económico con un efecto positivo en la distribución de los ingresos, con la generación de empleos en la cantidad y calidad que el desarrollo del país requiere, así como el apoyo al logro de los ODS.
