La aprobación de la ley del presupuesto nacional que dota de un aumento del 2% del Fondo de Especial de Educación Superior (FEES), sigue sin cumplir, ante la negativa del ministro de Hacienda, Nogui Acosta, de desembolsar el monto autorizado (a la UNA le corresponden 2.050 millones de colones).
Acosta se ha amparado en el criterio de que dicha ley es solo una autorización de gasto, aun cuando una resolución de la Procuraduría General de la República (PGR-C-160-2023) establece la obligatoriedad constitucional de dicho desembolso.
Según explicó Francisco González Alvarado, rector de la UNA, los diferentes criterios emitidos por la Procuraduría General de la República, expresan que si bien el Ministerio de Hacienda goza de cierta discrecionalidad en la asignación y giro de los recursos, hay una salvedad: “(…) en el ejercicio de esa facultad, el Ministerio de Hacienda tendría como límite los destinos específicos creados por la Constitución, así como los establecidos por el legislador ordinario para financiar los programas sociales y los dirigidos a tutelar los derechos fundamentales (ver por todas, la sentencia constitucional n.°19511-2018, ya citada, que resume la doctrina jurisprudencial sobre el tema)”.
González agregó que se está violentando no solo la Constitución, sino cualquier otro dictamen o criterio de los organismos competentes en materia presupuestaria. Además, sostiene que el sistema universitario público se encamina al deterioro de la sostenibilidad financiera a corto y mediano plazo.
“Partidas destinadas a acreditación de carreras, inversión en equipo científico y tecnológico, becas para estudiantes y el fortalecimiento del complemento mensual que ofrecemos a estudiantes en pobreza y pobreza extrema, aportes robustos para las sedes regionales y sección regional, entre otros rubros que esperan el porcentaje que recibiría la UNA de estos 2.050 millones asignados por la Asamblea Legislativa y aprobados por la
Contraloría General de la República para su oportuna ejecución, están ociosos por la intransigencia de un Gobierno que será recordado como un enemigo permanente de la Educación Pública”, recalcó el rector.
A las puestas de la negociación del FEES 2026, el jerarca hizo un llamado a la comunidad universitaria a comprometerse con la defensa de un FEES, que es imprescindible para la supervivencia de la educación superior pública.
La Rectoría informó que, desde abril, activó la Comisión Asesora del FEES integrada por representantes del Consejo Universitario, CONSACA, SITUN, FEUNA, Vicerrectoría de Administración y APEUNA, que desde el 2020 está conformada, y desde esta, se trazan las estrategias de acción.
