Gastón Baudrit Ruiz, José María Villalta, Fernando Rodríguez Garro y Henry Mora Jiménez, como moderador, formaron parte del foro Empleo público e impactos económicos y fiscales, organizado por la Vicerrectoría de Extensión de la UNA. También participaron Sofía Guillén Pérez y Pedro Muñoz Fonseca.
Porque el proyecto de Ley de empleo público en vez de posibilitar, más bien atenta contra la recuperación económica, porque el ahorro en los salarios universitarios es mínimo (solo el 5% gana más de 3 millones de colones), porque el proyecto es—según la amplia jurisprudencia—anticonstitucional, porque esta propuesta evade el problema de fondo y porque aún hay espacio para la maniobra política, académicos universitarios y diputados coinciden en que el daño a la economía del país podría ser mayor que el beneficio que se busca generar.
Estas conclusiones surgen del foro Empleo público e impactos económicos y fiscales, organizado por el Programa Una Vinculación, de la Vicerrectoría de Extensión de la Universidad Nacional (UNA), este 15 de abril.
Sofía Guillén Pérez, economista y consultora de movimientos y agrupaciones sociales, hizo ver que este proyecto se inscribe dentro de una lógica regresiva que más bien atenta contra la recuperación económica, pues al golpear al sector público se golpea también al privado. Aparte de las dudas que genera la falta de recursos humanos y capacidades técnicas tanto de la Dirección de Servicio Civil como del Ministerio de Planificación para ejercer la rectoría del empleo en el sector público, según la economista es claro que la nivelación de salarios (en el caso de quienes ganan menos) es un trampa, pues el mismo ministerio ha adelantado que, por aplicación del regla fiscal, no existen los recursos para pagar esas diferencia salariales.
Con la anterior posición coincide el diputado José María Villalta, del Movimiento Frente Amplio, para quien ese enfoque fiscalista del proyecto solo busca recortar el pago de salario de los trabajados, lo cual incluso “está por verse”. Existe—agrega el legislador—una contradicción, pues aún cuando se busca que los trabajadores tengan una remuneración justa, muchos, por la aplicación de la regla fiscal, van recibir un salario más bajo de lo que la administración dice que debe ser lo justo.
Desde el análisis jurídico, Gastón Baudrit Ruiz, asesor jurídico del Consejo Nacional de Rectores (Conare) recordó que el crecimiento de los salarios en el sector universitario se derivan de leyes específicas o generales que provienen de la Asamblea Legislativa o normativa externa y que son de cumplimiento obligatorio (anualidades, incentivos a profesionales de la salud, dedicación exclusiva, prohibición, entre otras). También, destacó que los salarios superiores a los 3 millones de colones representan solo el 5.64% de este rubro en las universidades y que estos montos, que en todo caso se podrían resolver por otras vías sin afectar la autonomía universitaria, no obedecen a regulaciones universitarias.
Por una verdadera propuesta de empleo público
Tanto los legisladores Villalta como Pedro Muñoz Fonseca, del Partido Unidad Socialcristiana, y el economista Fernando Rodríguez, de la Escuela de Economía de la UNA, lamentaron el no haber contado con un proyecto más consensuado—y menos fiscalista—sobre el empleo público.
“Es una gran oportunidad perdida para regular el empleo público en Costa Rica”, advirtió Villalta, pues aparte de las desigualdades “groseras” que crea en el empleo, afecta a todas las instituciones autónomas, las cuales no podrían operar con la independencia requerida, y también al Poder Judicial, con la consecuente afectación a la división de poderes necesaria para la democracia. “El proyecto provoca que retrocedamos a un estado más centralizado …y esta es la antesala para los regímenes autoritarios”. A lo anterior habría que agregar también la amenaza a derechos fundamentales de las personas.
El diputado Muñoz, por su parte, hizo ver que aun cuando el proyecto pueda declararse inconstitucional, en una etapa posterior, no se deberían “poner todos los huevos en la misma canasta” y más bien planteó una campaña fuerte para no alcanzar los 38 votos que el proyecto requiere en la Asamblea Legislativa, para lo cual propone comprometer las posiciones de los partidos Nueva República y Liberación Nacional a un precio político alto.
El economista Fernando Rodríguez enfatizó que la discusión no se ha llevado como debe ser, pues no solo ha sido incompleta sino que el enfoque se ha puesto sobre variables que no deberían ser, como las remuneraciones y el ahorro de gastos. “Se está usando el discurso del empleo público como chivo expiatorio para poder hacer una reducción del gasto y es ahí donde nos estamos equivocando”, dijo.
Destacó que los intereses es una las variables que se ha disparado y que explica el porqué del incremento del gasto en los últimos tres años, pero no hay proyectos ni discusiones en este sentido para reducir la deuda o para buscar financiamiento más barato. Por eso considera que lo primordial es plantear un ajuste en la parte del gasto “donde estamos apretando más de la cuenta” y generar efectos macroeconómicos de impacto en términos de gastos.
Si, como estima el Mideplan, se busca un ahorro del 0.8% del PIB, Rodríguez considera que ese sería un “frenazo” muy fuerte en materia salarial (mas del 10% del PIB). “Cuando uno revisa cuál es la composición de la estructura de funcionarios que tiene el gobierno central, estos números se salen de la realidad o se están haciendo bajo una serie de supuesto que no se han explicado adecuadamente”, indicó.
Además, dijo que se está exagerando el papel que puede tener la aplicación de esta norma sobre un grupo reducido de funcionarios. “Si esta reforma es mala, porque puede ser perjudicial para el tema de las autonomías y la división de poderes, ahora imagínese lo malo que sería si tuviera un efecto pírrico sobre las finanzas públicas. Lo peor que podemos hacer es proponer una mala solución que no sirva para arreglar absolutamente nada y en ese sentido el proyecto de Empleo público cumple con esa condición: no es una buena solución, no tienen efectos positivos sobre la estructura del estado, pero tampoco va a generar la solución que se está previendo”.
El economista insistió en que la sostenibilidad fiscal debe estar acompañada de medidas de reactivación económica que aumenten radicalmente el crecimiento en el mediano plazo, porque hacer ajustes muy complejos con una economía tan debilitada, lo que va a generar es más desempleo y problemas para poder crecer en el corto plazo, tal y como en su momento lo planteó la UNA—sin que tuviera eco—al Poder Ejecutivo.
