En el marco de la autonomía universitaria, el Consejo Universitario de la Universidad Nacional (UNA) emitió su criterio al respecto.
TRANSCRIPCIÓN DE ACUERDO
UNA-SCU-ACUE-113-2023
13 de abril de 2023
Señores
Comunidades nacional y universitaria
Estimados señoras y señores:
Les transcribo el acuerdo tomado por el Consejo Universitario de la Universidad Nacional, según el artículo 2, inciso 2.1 de la sesión ordinaria celebrada el 13 de abril de 2023, acta no 17-2023, que dice:
AUTONOMÍA UNIVERSITARIA
La universidad es “conciencia lúcida” de la sociedad, por tanto, la autonomía universitaria representa un principio fundamental, pues la autodeterminación de su accionar sustantivo permite cumplir con los fines y los propósitos constitutivos para que sea concebida como un bien público, resultado de nuestro estado social de derecho que garantiza el ejercicio académico hacia la criticidad y la formulación de soluciones, las cuales contribuyen al bienestar social, en especial de aquellos sectores más vulnerables como consecuencia de las propias dinámicas sociales.
Por consiguiente, la facultad de establecer el propio marco normativo, administrativo, organizacional y financiero representa una premisa determinante para un accionar operativo institucional, que atienda las necesidades más significativas de la sociedad, y otro sustantivo de calidad, en donde la docencia, la investigación, la extensión y la producción sean democráticas y mantengan la independencia política.
En el marco de estos supuestos, se entiende que la autonomía universitaria nos otorga independencia de acción para asumir nuestro propio camino, desde una universidad que se renueva y busca cambios sustantivos a través de la generación de conocimiento como su razón de ser; entonces ha llegado el momento de considerar el nuevo rol de la universidad como actor relevante en los cambios sociales, económicos, culturales y políticos necesarios para el bienestar social.
Sin duda alguna, es a través de la autonomía que se toman decisiones de manera independiente, sin imposiciones político-partidarias, externas y gubernamentales, y se procura un accionar consecuente con las responsabilidades éticas y morales que esta institución de educación superior pública tiene con la sociedad costarricense.
Como Consejo Universitario llamamos vehemente a la sociedad costarricense en defensa de la autonomía universitaria para poder seguir aportando desde la acción sustantiva, la excelencia, la calidad y el bienestar a nuestro país, libre de sesgos partidarios, de manera crítica y propositiva, principalmente con el único fin de mejorar la calidad de vida de la ciudadanía
Es importante que la universidad pública sea capaz de elegir democráticamente a sus autoridades, administrar el presupuesto asignado con transparencia, nombrar al cuerpo académico con bajo el principio de criterios independientes, proteger y velar por el respeto irrestricto a la existencia y el debate académico de diferentes corrientes políticas, filosóficas, ideológicas, teóricas y metodológicas en la vida cotidiana de la institución, y permitir aportar de forma oportuna y pertinente a las necesidades prioritarias que demanda la sociedad costarricense.
Este órgano colegiado es consciente del gran desafío que tenemos como sistema de educación superior pública ante el reto de reorganizar el trabajo de la gestión y el conocimiento, con el propósito de generar mayor efectividad en los procesos de formación profesional y gestión de actividades, programas y proyectos académicos.
Bajo esta línea de ideas, sin un presupuesto adecuado es posible que resulte una autonomía frágil y restringida, porque hay una tendencia malsana en el manejo discrecional del financiamiento con respeto a la universidad, en el sentido de querer condicionar políticamente lo que por disposición constitucional les corresponde a las instituciones públicas de educación superior.
La autonomía universitaria debe ser la bandera que agitemos en defensa de nuestro estado social de derecho para integrar y trascender la realidad sistémica, a partir de la cual se crea conocimiento y se construye patria. Asimismo, el contar con plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer responsabilidades es lo que permite hacer universidad y con ello transformar la sociedad.
Por lo tanto, hacemos un llamado a la sociedad costarricense para fortalecer la autonomía universitaria que, sin duda alguna, es la ruta por excelencia para lograr un país de mayores oportunidades en términos de formación profesional para las poblaciones menos favorecidas y promover la movilidad social a mejores estados de calidad de vida; de tal forma que la educación superior pública se mantenga como un bien social y derecho universal de cada costarricense.
Atentamente,
M.BA. Dinia Fonseca Oconor
Presidenta a.i. del Consejo Universitario
