Aunque ha habido avances en la negociación del FEES, el punto de discordia sigue siendo el reconocimiento del 1% de aumento para el 2023. Foto Roxana Morales.
Son convencionalismos en Costa Rica los acuerdos que garantizan recursos para la educación pública: el mandato constitucional de dotar de rentas propias a las universidades públicas, la creación de un fondo espacial para su financiamiento y el ajuste de estas rentas de acuerdo con la variación del poder adquisitivo de la moneda. Sobre estas convenciones hay consenso; en el cómo se logra es donde entran en juego las convicciones.
Quienes representan a las universidades públicas en la Comisión de Enlace hacen esfuerzos en cada sesión para demostrar que, pese a la sentencia presidencial de que "no va aflojar", los ajustes presupuestarios son necesarios para que el país mantenga el sistema educativo que le ha dado réditos.
En la búsqueda por llegar a ese punto de encuentro, el camino se ha ido allanando tras la escucha de la posición del otro. Después de ocho sesiones, se reconocen y se han puesto en común varios argumentos planteados por las universidades y el gobierno:
- Hay un mayor reconocimiento y respeto al principio constitucional en el que se han sostenido los representantes de las universidades públicas.
- Se ha posicionado que el punto de referencia para establecer el monto por costo de vida sea la inflación proyectada por el Banco Central.
- Se superó el tema de los indicadores, tras demostrarse que, dada su complejidad, éstos no pueden condicionar la negociación del Fondo de Especial de Educación Superior (FEES). El seguimiento y actualización de tales indicadores deberán ser vistos dentro del Plan Nacional de Educación Superior (Planes) del periodo 2021-2026.
- Las universidades requieren recursos para cumplir los compromisos establecidos en los indicadores. Asimismo, las universidades tienen que actualizar sus indicadores y vincularlos con el Plan Nacional de Desarrollo.
- Todos los compromisos serán para favorecer la educación.
- El 8% del producto interno bruto destinado a la educación estatal debe ser materializado de manera gradual. Cada administración debe asumir un porcentaje.
- Las universidades públicas han tenido significativos recortes presupuestarios y postergaciones desde 2019.
- Aunque el costo de vida disminuya, existen otros costos no asociados con la canasta básica que las universidades deben asumir: crecimiento de infraestructura y, por tanto, pagos mayores de servicios asociados con dicho crecimiento (agua, electricidad, internet, desarrollo tecnológico, etc.). De ahí que el presupuesto deba ser sostenible y no debilitado.
- Hay coincidencia en que lo mejor es completar la negociación en la Comisión de enlace—como lo manda la Constitución Política—antes que someter el presupuesto a la Asamblea Legislativa.
El punto de discordia sigue siendo el reconocimiento del 1% de aumento para el 2023, que quedó pendiente en la negociación de 2022. En la contrapropuesta que presentaron las universidades públicas el pasado 1 de agosto, se plantea:
- Aumentar en ¢5.591.900 millones el FEES 2023 y que sobre el total del monto (¢570.383.173.800) se establezca la base de cálculo 2024.
- Reconocer un 3% por costo de vida (¢17.111.495.214) en el FEES 2024, que daría como resultado un total de ¢587.494.669.014).
El ajuste del 3% solicitado para el 2024, es menor que la regla fiscal para el próximo año, que es de 3.53%.
En la próxima sesión, programada para el 8 de agosto, el gobierno presentará su posición con respecto a la propuesta de las universidades.
