La curva de la inversión social pública en Costa Rica tiende a inclinarse hacia abajo, principalmente desde 2021. Esto se traduce en menos recursos para la educación, atención de la salud, soluciones de vivienda y financiamiento de proyectos de protección social a poblaciones vulnerables.
Luego de una década de crecimientos relativos (del 2010 al 2020), del 2021 al 2023 se registra una disminución del porcentaje de dinero que el Estado destina a cada una de estas áreas, con respecto al Producto Interno Bruto (PIB).
Mientras que, en el 2020, el gasto público social como porcentaje del PIB fue de un 24,2%, para el 2021 sufrió una reducción hasta llegar al 23,4%. Y para el 2022, bajó aún más (21,2%).
La información está incluida en el II Informe de Proyecciones Macroeconómicas 2024 y Estado Actual del Gasto Social en Costa Rica, presentado por el Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible (Cinpe) de la Universidad Nacional (UNA).
La disminución se presenta a pesar de que, en términos reales, el GPS (Gasto Público Social) por habitante pasó de 254 mil colones, en el 2012, a 295 mil colones, en el 2022. “Si bien este aumento refleja un compromiso sostenido de las políticas sociales, el crecimiento no ha sido uniforme: primero, los descensos sugieren desafíos de sostenibilidad del gasto frente a coyunturas económicas y sociales específicas; segundo, estos incrementos pueden no corresponder con el nivel de crecimiento productivo observado en los últimos años ni adaptarse a las necesidades actuales”, se lee en el informe.
Protección social y educación
El financiamiento de los programas relacionados con la protección social pública ha oscilado entre el 11,24% y el 17,12% del PIB desde el 2010 y hasta el 2023.
Sin embargo, en los dos últimos años del estudio (2022 y 2023) se comprobó una caída significativa, que el año anterior representó una inversión del 14,50%, la más baja desde el 2015.
De esta manera, Costa Rica se ubica muy por debajo de la recomendación que hace la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para el grupo de países que la conforman (entre ellos el nuestro), y la cual establece que la inversión en protección social pública debería ser de al menos el 22,6% del PIB en cada nación.
En el ámbito de la educación, ha sido ampliamente discutido el hecho de que el país se aleja de la disposición constitucional de otorgar al menos un 8% de la producción a su financiamiento.
Para el Cinpe, existe una tendencia calificada de “preocupante”, sobre el monto que se destina a educación. Mientras que, en el 2010, el país trasladaba un 6,92% de su producción a este sector, para el 2023 ese porcentaje fue de un 5,70%. Desde el 2017 ese financiamiento tiende a la baja en los presupuestos públicos.
“La brecha entre la inversión educativa en Costa Rica y los estándares recomendados por la OCDE subraya la necesidad urgente de aumentar los recursos destinados a la educación. Esto no solo beneficiaría la calidad y cobertura del sistema educativo nacional, sino que también afecta la preparación de la fuerza laboral para enfrentar los desafíos del futuro”, indica el estudio.
Esta situación redunda en que, por cada estudiante, el país invierte 6.624 dólares al año, mientras que, en el promedio de los países de la OCDE, el monto alcance los 10.678 dólares, al considerar datos del 2021.
El hecho de que una persona pueda concluir sus estudios universitarios tiene implicaciones en cuanto a la tasa de desempleo. Esta se ubica, al segundo trimestre del 2024, en un 5,7% entre la población que cuente con un título de estudios superiores, frente a un 8,5% de la tasa general.
Salud y vivienda
El panorama es igual de sombrío para los otros dos sectores analizados por el Cinpe-UNA. Si bien la inversión en salud tuvo un repunte en el 2020, en torno al 7,5% del PIB, influenciado por factores como la pandemia de Covid-19, desde el 2022 comenzó a darse un decrecimiento. Para ese año, el porcentaje otorgado fue del 6% y disminuyó el año anterior al 5,77%.
Dicha inversión está lejana al 9% que recomienda la OCDE y es muy superior a la que dedican países europeos como Alemania, Francia, Noruega y Reino Unido, cuyo gasto en salud oscila entre el 10% y el 12% de su producción.
Similar panorama se presenta en el caso del sector vivienda, que vivió un momento de apogeo en su inversión entre el 2005 y el 2010. Pero, desde el 2019 la curva presupuestaria tendió a la baja y representó apenas el 2,25% del PIB en el 2022.
Más dramático aún es el monto que el país destina al financiamiento de los bonos de vivienda y que pasó de 12.873 millones de colones, en el 2020, a 8.369 millones de colones al cierre del 2022.
Este panorama no coincide con las expectativas indicadas en el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública 2023-2026, que establece como meta elevar la recaudación tributaria al 13,35% del PIB para destinar más recursos al gasto público social. De acuerdo con el Cinpe, ese porcentaje se estima en un 12,3% en el 2024 y un 12,4% para el 2025.
“La baja inversión social tiene un impacto importante en la calidad del sistema educativo, en la seguridad social y la salud, lo que incide en la capacidad del país para aumentar el crecimiento y el desarrollo económico. Es conocido que una baja inversión social afecta en los niveles y el tipo de empleo, la capacidad para incrementar la productividad, atraer inversión extranjera y reducir la desigualdad”, concluye el informe.
