Definir las vulnerabilidades que comparten las costas de los países de América Central, para proponer soluciones a los retos en materia ambiental y social es el objetivo de un proyecto que lidera el Programa Interdisciplinario Costero (PIC) del Instituto de Estudios Sociales en Población de la Universidad Nacional (UNA), cuyo trabajo de investigación arrancó el mes anterior.
Esta labor inició con el apoyo de la cooperación francesa y la participación de académicos e investigadores de las universidades de San Carlos de Guatemala, Nacional Autónoma de Honduras, Nacional de Costa Rica, de Panamá y de Bretaña Occidental de Francia. El objetivo es integrar también a expertos de Nicaragua, El Salvador y Belice, para que el alcance de la investigación sea regional.
El primer taller del equipo de trabajo se dio el pasado 5 de junio. Los equipos técnicos de cada una de las universidades avanzaron en la definición del concepto de vulnerabilidad socioambiental costera que aplicará para todos los países.
Según explicó Mario Hernández, coordinador del PIC-Idespo, la investigación constará de tres etapas: homologación de las variables e indicadores que se aplicarán para las costas de toda la región; elaboración de un mapa de calor con las vulnerabilidades identificadas y presentación de resultados y propuestas, de manera que las autoridades de los diferentes países tomen decisiones de política pública vinculadas con el desarrollo de las comunidades costeras.
La expectativa es que los resultados de la primera etapa sean parte de los eventos académicos previos que se llevarán a cabo el próximo año, durante la III Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Océano (UNOC25), en la cual Costa Rica y Francia fungirán como anfitriones.
Para Hernández, este es un ejemplo de la aplicación de la ciencia abierta que nace desde la academia y estará a disposición pública, junto con sus resultados, variables e indicadores.
La investigación se enmarca en el desarrollo del Congreso de integración de saberes para un Océano Sostenible 2024 (CISOS), ejecutado en la UNA, y del evento de alto nivel Sumergidos en el Cambios, ambos efectuados en la semana del 3 al 8 de junio.
Definición de variables
El primer paso ya se dio: fue la definición del concepto de vulnerabilidad socioambiental costera, el cual constituye el “conjunto de condiciones de carácter social y ambiental que afectan a las comunidades costeras en sus capacidades para agenciar sus territorios”.
Partiendo de ese concepto, el equipo de trabajo regional se reunirá cada 15 días, para construir la que consideran es una de las fases más retadoras del proyecto: homologar las variables que son comunes a las regiones costeras de cada país.
Hernández explicó que no todos los países comparten las mismas vulnerabilidades o disponen de la misma información. “Una de las variables que podríamos agregar, por ejemplo, es el Índice de Desarrollo Humano, que en el caso de Costa Rica se realiza año con año, pero cuando empezamos a hablar con los colegas de Guatemala y Honduras nos dicen que allí no se hace esa medición. En Francia, nos informaron que estudios de ese tipo se realizan cada cinco años”.
En un análisis anterior del PIC, sobre el tema de vulnerabilidades costeras para el caso costarricense, se habían determinado, como variables fundamentales, aspectos de acceso a servicios de salud y educación. También se debe considerar si desde las comunidades estén constituidas organizaciones sociales como asociaciones de desarrollo.
Otro reto es definir indicadores de medición. “Podemos hablar de erosión costera, que es algo que se estudia y que afecta. Pero tiene que existir una tasa de incremento de este fenómeno para incluirlo en la ecuación y que aplique para todos los países”, amplió Hernández.
Dentro de los análisis se deberá abarcar tanto las comunidades de la costa del Pacífico como del Atlántico, dadas las particularidades de cada una. Por ejemplo, en el Pacífico existe un desarrollo marítimo y portuario más prominente; es el caso del golfo de Fonseca donde hay infraestructura portuaria, cuya administración es compartida entre Nicaragua, Honduras y El Salvador.
Para el caso caribeño, se deberá considerar, además, la ubicación de territorios indígenas sobre la ribera nicaragüense, así como la región de La Moskitia, corredor biológico mesoamericano, que comparten Nicaragua y Honduras y que abarca 22.568 kilómetros cuadrados.
Pese a estos retos, el grupo se muestra optimista por los resultados que se generarían a mediano plazo, pues se podrían integrar a instancias como el Consejo Superior Universitario (CSUCA) o la Secretaría de Integración Económica de Centroamérica (Sieca).
El equipo de trabajo lo conforman biólogos, ingenieros ambientales, sociólogos, geógrafos, antropólogos y planificadores sociales. Por la UNA, además de Hernández, colaborarán los académicos e investigadores Anthony Pernudi, José Quirós y Stephanie Chavarría.