Regulación de plaguicidas debe seguir criterios técnicos y científicos rigurosos

El Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional (Iret-UNA), hace un llamado vehemente a considerar criterios técnicos y científicos rigurosos para asegurar la salud humana y ambiental del país.

La agricultura costarricense depende de un amplio uso de plaguicidas, el cual se refleja en las grandes cantidades de ingrediente activo importado y usado por el país durante las últimas tres décadas. La problemática de la contaminación de cuerpos de agua superficial y subterráneos por plaguicidas en la vertiente Caribe, representa severos daños a la imagen ecológica del país y costos onerosos para el Estado, que, por ejemplo, ha tenido que invertir en la construcción de nuevos acueductos para garantizar el suministro de agua potable a las comunidades afectadas por el cultivo de piña. Es preocupante ver que esta situación impacta la salud y la biodiversidad en el entorno de las poblaciones con más desventajas socioeconómicas del país. 

Desde los poderes Ejecutivo y Legislativo, se indica que el país debe promover políticas públicas basadas en criterios técnicos robustos, como parte de nuestra incorporación a la OCDE. Por ello, el Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas-IRET de la Universidad Nacional, hace un llamado vehemente para que los criterios asociados a la regulación de los plaguicidas de uso agrícola consideren y reflejen lo anterior.  

En este momento, la evaluación prospectiva de riesgos por toxicidad realizada durante el registro de agroquímicos, y la evaluación de riesgos por la presencia de estas sustancias en el ambiente, se encuentran desligadas a nivel operativo y de reglamentos. La retroalimentación del procedimiento en el registro, con datos de monitoreo ambiental y estudios epidemiológicos, permite evaluar si los procedimientos son efectivos para resguardar el bienestar de la población, la protección de la biodiversidad y del recurso hídrico con que cuenta el país, así como de la misma productividad del sector agrícola. 

En el caso de la salud de los ecosistemas, el país ha avanzado en aplicar metodologías de evaluación de riesgo ecológico durante el registro de las sustancias. Además, el Plan Nacional de Monitoreo de Aguas Superficiales incluyó el monitoreo de plaguicidas en algunas cuencas del país para la clasificación de su calidad. Sin embargo, estos dos procesos continúan desligados uno del otro. Es decir, no hay claridad en cómo las entidades responsables utilizan los datos de presencia de plaguicidas detectados en aguas para la revisión y vigencia de los registros de formulaciones. 

Las respuestas a los problemas mediante decretos prohibiendo sustancias que contaminaron aguas subterráneas, o que causan mortalidades masivas de abejas, no deben ser la única opción disponible. Hay temas en los que tenemos que mejorar: ¿cuáles mecanismos se usan para realizar la revisión de los ingredientes activos a los cuales se les suspende o no se extiende su registro en países de OCDE, Europa o EEUU, por preocupaciones de riesgos a la salud humana o del ambiente? ¿Hay mecanismos eficientes para la inclusión de información científica que alerten de situaciones similares en el país? ¿Se están recopilando datos para aquellos escenarios de aplicación de sustancias poco representados en los modelos que aplicamos en el país, pero que fueron desarrollados en otras latitudes? 

Una visión de retroalimentación debe basarse en criterios científico-técnicos actualizados, e implementarse mediante mecanismos de transparencia para todos los sectores de la sociedad. Las capacidades obtenidas durante más de 20 años le permiten al IRET ofrecer información y asesoría en la aplicación de esta visión. El IRET, siendo Centro Colaborador para la Organización Mundial 

de la Salud, es una institución líder en el desarrollo de investigaciones de los efectos de plaguicidas sobre la salud en la región. Estas investigaciones se han traducido en cientos de publicaciones científicas, series técnicas y asesorías a entidades públicas. El Instituto cuenta con recurso humano especializado en la evaluación de riesgos a la salud humana y al ambiente, lo cual le ha permitido desarrollar una maestría en Salud Ocupacional en conjunto con el Instituto Tecnológico de Costa Rica, una maestría en Bioética en conjunto con las escuelas de Filosofía y Medicina Veterinaria (UNA) y la Universidad de Costa Rica. 

Además de un programa de Maestría en Ecotoxicología Tropical, único en nuestra región. Esta experiencia, y nuestro compromiso con la sociedad costarricense, nos hacen llamar la atención sobre el tema, y ofrecer públicamente nuestra experiencia a los respectivos entes reguladores. 

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