En el ámbito de la educación, del reconocimiento de minorías y de la prevención y atención de la violencia, el Estado costarricense ha promovido acciones que vulneran derechos humanos que atentan contra la seguridad de poblaciones vulnerables.
La académica del Instituto de Estudios de la Mujer (IEM) Larissa Arroyo hizo un repaso por diez estrategias que el Estado, de manera directa o indirecta, ha patrocinado en los últimos meses (principalmente en el inicio de 2025). El tema se trató en el conversatorio Derechos en peligro, retrocesos y desafíos de la educación costarricense, programada en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y organizada por el IEM, la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional (Feuna) y la Facultad de Filosofía y Letras.
Uno de los más recientes casos se presentó el pasado 16 de enero, con la eliminación del Programa de Afectividad y Sexualidad Integral, aplicable en los colegios. Con esta decisión, a cargo del Consejo Superior de Educación (CSE), se lesionan una serie de derechos vinculados con la educación integral, la igualdad y no discriminación, a fomentar espacios libres de violencia y a la salud sexual y reproductiva.
La eliminación del 17 de mayo, como fecha en que se celebraba en centros educativos el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia, establecida así para conmemorar la supresión de la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 1990, es otro indicio en esa dirección; se acompañó, además, con la anulación de la declaratoria de interés cultural de la Marcha del Orgullo y la Diversidad 2024.
Fue la Sala Constitucional la que determinó, en un fallo sobre este tema, que el Poder Ejecutivo actuó con arbitrariedad, al señalar que “una declaratoria de interés cultural sí aporta beneficios significativos a la visualización y sensibilización en favor de la población LBTIQ+”.
Echar atrás con el decreto ejecutivo 38.999, emitido diez años atrás, para erradicar de las instituciones públicas todo tipo de discriminación hacia esta población, representa, de acuerdo con Larissa Arroyo, un indicativo adicional de esa intencionalidad por restringir derechos. “Al derogar el decreto, este año, se genera un vacío para la aplicación de protocolos de inclusión en el acceso a servicios públicos, se eliminan capacitaciones en temas de derechos humanos a funcionarios y se pierden sanciones administrativas contra actos discriminatorios”, ejemplificó Arroyo.
Siempre en línea con lo anterior, el gobierno de Rodrigo Chaves eliminó la figura del comisario de Inclusión Social, cuya misión era velar por la atención de necesidades de poblaciones tradicionalmente excluidas, como la afrodescendiente, indígenas y personas con discapacidad. Incluso, la declaratoria de interés cultural de la Marcha de la Diversidad le costó el puesto a Ricardo Sossa y a la anterior ministra de Cultura, Nayuribe Guadamuz.
Educación religiosa y aborto
Para este curso lectivo el Ministerio de Educación Pública (MEP) implementó un nuevo programa de Educación Religiosa para primaria y secundaria, que, para Arroyo, contiene amplios sesgos. “Si ustedes revisan, van a constatar que no se trata de un programa sobre la historia de las religiones, las diversidades, sino que es un enfoque monoteísta; es decir, por un lado, nos dicen que estamos ‘adoctrinando’ cuando hablamos de educación sexual, pero ahora hay una plataforma donde se negocian derechos sexuales y reproductivos con grupos religiosos para que le puedan dar este apoyo, y entonces vemos ahora creencias escogidas a dedo”, alertó Arroyo.
Otro factor que apunta al debilitamiento de los derechos humanos es el proyecto 24.864 Ley para el endurecimiento de las penas por aborto, en defensa del derecho a la vida de los niños no nacidos, que ingresó a la corriente legislativa el pasado 27 de enero. Para la académica del IEM, se trata de un retroceso en esta materia, en un tema que ya lo ha reconocido incluso la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).
“Todos los instrumentos jurídicos internacionales apuntan hacia lo mismo: hay que despenalizar el aborto, porque lo que hacen es violentar los derechos de las mujeres, particularmente de las niñas que son víctimas de violencia sexual, de aquellas personas gestantes que puedan tener embarazos con malformaciones que son incompatibles con la vida”, agregó Larissa Arroyo.
Durante el conversatorio, se abordó la importancia de los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos para responder contra estas amenazas. Ante la inquietud de qué pueden hacer las personas para ejercer una legítima defensa, la recomendación fue acudir a entidades como la Sala Constitucional o la Defensoría de los Habitantes. Tanto Arroyo como Paula Sequeira, también académica del IEM, instaron a plantear denuncias cuando sea necesario. “No es lo mismo un solo recurso de amparo que recibir 500 por la misma situación”, apuntaron.
La desinformación sobre el rol de las instituciones relacionadas con la protección de derechos humanos, la criminalización de la protesta estudiantil y la falta de respuestas ante el aumento en los casos de violencia, principalmente de los femicidios, complementan la lista de acciones que afectan a poblaciones vulnerables.
La sensibilización de estos temas debe empezar desde las aulas. Este fue un punto que la estudiante de licenciatura de la carrera de Sociología, Carolin Guerrero, apuntó como una mejora que debe practicarse desde la universidad. “Si no es por charlas vinculadas con el 8M, estos temas no se tratan en los cursos. Nunca he tenido un curso que tenga que ver con derechos, con sexualidad, con género y solo puedo acceder a ellos con alguna materia optativa. Es algo que la UNA debe mejorar y proyectar una visión en esa línea”, manifestó.
