Fotografía: Wálter Peraza Padilla.
Tras la aprobación del acuerdo UNA-SCU-ACUE-072-2023, el Consejo Universitario de la Universidad Nacional (C.U-UNA) comunica a los diputados de la Asamblea Legislativa y a la comunidad nacional, su respaldo al rechazo y archivo del proyecto de ley 23.331, Ley de Venta del Conglomerado Financiero Banco de Costa Rica, (BCR).
“Compartimos la decisión de rechazar y archivar el proyecto de ley contenido en el expediente legislativo 23.331 porque no es pertinente, en el tanto significa la disolución de la entidad autónoma, la liquidación de todo su personal y se fija como destino de la venta el servicio de la deuda pública, cuyo aporte, tal y como se indica en el informe técnico y en los diversos criterios, no contribuiría significativamente en su disminución y más bien implica la eliminación de una entidad pública autónoma de gran trayectoria para el país”, expresa el pronunciamiento firmado por Jeannette Valverde, presidenta del C.U-UNA.
Tal y como lo expuso la Comisión de Análisis de Temas Institucionales del C.U-UNA, en su dictamen UNA-CATI-SCU-DICT-020-2023, del 14 de febrero de 2023, en el texto propuesto de la iniciativa de ley se instrumenta un procedimiento que consistiría en definir con ayuda de una asesoría financiera especializada, la cartera de venta; o sea, los activos financieros de la entidad que pueden ser objeto de oferta, bajo la rectoría del consejo de Gobierno en calidad de accionista y bajo la gestión de un comité de venta integrado a un nivel ministerial más pequeño.
Dicho texto además contiene indeterminaciones y roces constitucionales que afectan los intereses de nuestro país, por lo que resulta fundamental para la sociedad costarricense la defensa de la institucionalidad pública y el Estado Social de Derecho construido y fortalecido a lo largo de varias décadas.
A Continuación, el acuerdo UNA-SCU-ACUE-072-2023:
TRANSCRIPCIÓN DE ACUERDO
UNA-SCU-ACUE-072-2023
23 de febrero de 2023
Señores
Comisión Permanente de Asuntos Económicos
Asamblea Legislativa
Señores
Comunidad Universitaria y Nacional
Estimados señores:
Les transcribo el acuerdo tomado por el Consejo Universitario de la Universidad Nacional, según el artículo 2, inciso 2.4 de la sesión ordinaria celebrada el 23 de febrero de 2022, acta no 07-2023, que dice:
COMUNICADO DEL CONSEJO UNIVERSITARIO SOBRE EL ARCHIVO DEL PROYECTO DE LEY DE VENTA DEL CONGLOMERADO FINANCIERO BANCO DE COSTA RICA. EXPEDIENTE N.º 23331
El Consejo Universitario de la Universidad Nacional comparte el voto por unanimidad de la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa de rechazar y archivar el proyecto de ley n.o 23331, Ley de Venta del Conglomerado Financiero Banco de Costa Rica, tal como se expone en el dictamen UNA-CATI-SCU-DICT-020-2023, del 14 de febrero de 2023, aprobado en la sesión ordinaria n.o 07-2023 de la Comisión de Análisis de Temas Institucionales, del 14 de febrero de 2023, y las siguientes razones:
El proyecto de ley pretendía la venta del Banco de Costa Rica. En el texto propuesto se instrumenta un procedimiento que consistiría en definir con ayuda de una asesoría financiera especializada, la cartera de venta; o sea, los activos financieros de la entidad que pueden ser objeto de oferta, bajo la rectoría del Consejo de Gobierno en calidad de accionista y bajo la gestión de un Comité de Venta integrado a un nivel ministerial más pequeño.
Definido los activos por vender, por separado o en conjunto, lo que dispone es constituir una sociedad anónima donde estos se traspasan y, posteriormente, se realice un concurso público internacional para ofertar las acciones por bloques.
El proceso significa la disolución de la entidad autónoma, la liquidación de todo su personal y se fija como destino de la venta el servicio de la deuda pública. Además, en el proyecto se instrumenta un procedimiento especial de concurso y autoriza la venta de acciones por lotes, total o parcialmente.
El proyecto cuenta con dos informes jurídicos. El primero, AL-DEST-IEC-019-2022, del 22 de diciembre de 2022, contenido en el informe jurídico del Departamento de Estudios, Referencias y Servicios Técnicos, elaborado por José Ovidio Valerio Colomer, asesor parlamentario, y el segundo informe jurídico, AL-DEST-IJU-010-2023, del 31 de enero de 2023, del Departamento de Estudios, Referencias y Servicios Técnicos, elaborado por Gustavo Rivera Sibaja, asesor parlamentario.
En ambos informes jurídicos se evidencian las afectaciones que este proyecto de ley generaría al personal del Banco de Costa Rica que quedaría desempleado, a las instancias beneficiarias de recursos de financiamiento del BCR, concretamente en las actividades relacionadas con el sector cooperativo y préstamos a la educación. Además, podría afectar al Gobierno Central por cuanto podría ver aumentado su gasto, en tanto los entes que actualmente reciben transferencias del BCR requerirían que se les cubra el faltante.
Argumenta el informe jurídico de la Asamblea Legislativa que este proyecto de ley presenta:
- Un primer problema jurídico de constitucionalidad que se observa, pues la delegación, o autorización genérica que se hace en este artículo, en realidad “vacía de contenido” la potestad fiscalizadora de la Asamblea Legislativa, en la medida que se otorga en abstracto, sin parámetros que permitan identificar, no ya un precio mínimo o piso, sino tan siquiera, las partes, las subsidiarias que podrían ser privatizadas o vendidas.
- Esta indeterminación que es total hace que la autorización, en realidad no sea tal, sino una delegación de la potestad de venta o de decretar la enajenación, pues los elementos sustanciales del negocio pasan a ser de determinación absoluta por el Poder Ejecutivo y la Asamblea entrega totalmente el control, prácticamente “a ciegas”.
Compartimos la decisión de rechazar y archivar el proyecto de ley contenido en el expediente legislativo n.o 23331 porque no es pertinente, en el tanto significa la disolución de la entidad autónoma, la liquidación de todo su personal y se fija como destino de la venta el servicio de la deuda pública, cuyo aporte, tal y como se indica en el informe técnico y en los diversos criterios, no contribuiría significativamente en su disminución y más bien implica la eliminación de una entidad pública autónoma de gran trayectoria para el país.
Además, el texto del proyecto de ley contiene indeterminaciones y roces constitucionales que afectan los intereses de nuestro país, por lo que resulta fundamental para la sociedad costarricense la defensa de la institucionalidad pública y el estado social de derecho construido y fortalecido a lo largo de varias décadas.
Atentamente,
Dra. Jeannette Valverde Chaves
Presidenta del Consejo Universitario-UNA
