Para el año 2021, más del 26% de las mujeres de Costa Rica residen en zonas rurales y las condiciones en las que viven estas personas corresponden a uno de los desafíos que más atención requiere por parte de las autoridades gubernamentales, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC).
Como parte del proyecto: Trabajo y Crisis: aportes desde una economía política crítica heterodoxa para la vida; los estudiantes asistentes Mariela Campos y Adrián Rodríguez, de la Escuela de Economía UNA, desarrollaron un análisis que visibiliza las dificultades a las que se ve expuesta diariamente este porcentaje de la población.
La realidad de las mujeres rurales en Costa Rica
Desde el año 2011 hasta el 2021, las mujeres que residen en la ruralidad laboran bajo la informalidad, evidenciando un incremento constante que va de un 53.69% a un 56.72%. A su vez, esto profundiza las desigualdades con la zona urbana, donde el porcentaje de informalidad es de 41.71%, en la rural más de la mitad de estas laboran bajo dicha condición. (Ver gráfico 1)
La realidad de estas circunstancias laborales son aún más preocupantes, ya que la mayoría son precarias, esto se ve corroborado al analizar el rango de ingresos en el que más del 60% de la población analizada percibe menos de dos salarios mínimos y este problema se agrava cuando para finales del 2021, el 32.93% percibe menos de un salario mínimo.
Para el 2021, el 17.01% de las mujeres que viven en zonas rurales y que están empleadas se dedican a actividades de los hogares, siendo este el sector más concentrado por esta población, esto seguido por el comercio al por mayor y al por menor con 14.49%. Cabe destacar además que, sectores como el sector primario y servicios de enseñanza también tienen una participación relevante superior al 10%. Aunado a dicha realidad, se debe adicionar la ineficiencia presente en los horarios del transporte público en estas zonas, lo cual dificulta la movilidad hacia sus hogares y por tanto, la reproducción social de la vida de sus familias en el caso de las jefas de hogar.
Relacionado con lo anterior, en el periodo 2011-202, el mayor porcentaje de mujeres habitantes en zonas rurales se ubica dentro del primer quintil de ingresos, presentando un comportamiento fluctuante que oscila entre el 35% y el 40%, mientras que, en su contraste, la población femenina ubicada dentro del quintil superior varía entre un 12% y un 18%. (Ver gráfico 2)
Por otra parte, en términos de clasificación de la población en estudio durante el periodo 2011-2021 de acuerdo con el sector institucional de empleo, sólo el 20% trabaja en el sector público del país, mientras que el 80% restante de las mujeres rurales que poseen empleo labora para el sector privado de la economía. De la misma manera, en términos de posición en el empleo, en esta población para el 2021, el 71.44% de la población femenina rural empleada es empleada, mientras que, para ese mismo año, sólo el 1.68% labora como empleadora. (Ver gráfico 3)
En temas de nivel educativo, este aspecto puede ser un causal o un agravante de la realidad descrita de esta población, y es que, en promedio más del 70% no culmina la educación secundaria, por lo que las posibilidades de movilidad social y de disminuciones de desigualdades se ven aminoradas para estas mujeres que, por diferentes situaciones no pudieron continuar con su periodo de enseñanza y capacitación viéndose en desventaja con el resto de la población.
Por tanto, las mujeres rurales presentan grandes desafíos y dificultades lo que ha llevado a importantes brechas entre la población y donde esta población se ve relegada a posiciones económicas menores a las que podrían optar en otras circunstancias; muchos de estos desafíos radican en problemas estructurales en los que esta población se ve envueltos como, por ejemplo, en temas de educación, o incluso los altos niveles de informalidad laboral, los cuales colaboran con que este sector poblacional se vea relegado.
Esfuerzos realizados
Ante estos inminentes retos, se necesitan realizar esfuerzos por parte de las autoridades que logren disminuir estas brechas poblacionales. Inicialmente, es válido destacar que desde 1990 se decreta la Ley de Promoción de Igualdad Social de la Mujer, la cual pretendía garantizar la igualdad de los derechos entre los hombres y mujeres en los diferentes ámbitos del país, pero esta legislación no ha sido tan beneficiosa en términos de aminorar estas brechas sobre todo en zonas rurales.
Por otra parte, diversas instituciones han realizado esfuerzos como, la realización de cursos en la creación y manejo de emprendimientos. Es válido recordar que, uno de los principales desafíos es la brecha educativa, por lo que el establecimiento de estos cursos puede colaborar con la cualificación de las mujeres rurales y favoreciendo una mayor movilidad social. Además, recientemente, el Comité Ejecutivo creó una comisión con el fin de “impulsar su autonomía económica y un rol más protagónico” a esta población (Gobierno de la República de Costa Rica, 2022).
Finalmente, es necesario continuar realizando esfuerzos y tomando medidas con el fin de que las brechas y desafíos previamente definidos se visibilicen y se solucionen para que las mujeres que residen en las zonas rurales del país puedan surgir y crecer económicamente y que de esta forma puedan tener un mejor estilo de vida para garantizar una movilidad social dentro de esta población y colaborar con el establecimiento de una sociedad más igualitaria.
