Rechazar la propuesta de crear “megacentros” escolares a partir de la fusión de cerca de 800 centros educativos unidocentes, acordó el Consejo Académico del Centro de Investigación y Docencia en Educación de la Universidad Nacional (CIDE-UNA), en un pronunciamiento,  remitido a ministra de Educación Pública, Anna Katharina Müller, el 7 de setiembre pasado.

El pronunciamiento del CIDE—único centro de educación superior que atiende desde hace más de tres décadas la formación de docentes rurales, por medio de la División de Educación Rural—externa “la profunda preocupación y oposición contundente a las ideas             propuestas por la señora ministra de Educación Pública en relación con la concentración de escuelas y la reducción de centros educativos rurales”.

“La idea de los megacentros educativos se perfila como parte de una estrategia para eliminar las escuelas unidocentes, lo que devendría en mayor deterioro del medio rural y de la propia democracia costarricense, condenando a distintos sectores a una precarización mayor. Entre otros aspectos, debe entenderse que las distancias y el acceso no se resuelven con un bus; el mapa no solo se mide en línea recta, hay que leer también las curvas de nivel. Un kilómetro puede implicar cruzar ríos, terrenos con ganado, sembradíos, pendientes pronunciadas”, subraya el equipo académico del CIDE en el documento. 

A continuación, el pronunciamiento completo, emitido el 29 de agosto pasado en la sesión extraordinaria No. 9-2022 del Consejo Académico del CIDE-UNA: 

CONSIDERANDO: 

1. Que a raíz de lo expuesto el martes 23 de agosto de 2022 por la jerarca del Ministerio de Educación Pública, la señora Anna Katharina Müller, ante la Comisión Especial de Educación de la Asamblea Legislativa, relativo a su plan de fusionar cerca de 800 centros educativos unidocentes -que atienden población infantil de I y II ciclos- en “megacentros” escolares, el Centro de Investigación y Docencia en Educación (CIDE), de la Universidad Nacional, instancia especializada en materia educativa y particularmente, único centro de educación superior que atiende desde hace más de tres décadas la formación de docentes rurales (División de Educación Rural) así como la extensión comunitaria y la investigación en tales contextos, manifiesta profunda preocupación en los siguientes términos:

1.1. Costa Rica ha sido reconocida en todo el mundo como nación garante de uno de los derechos fundamentales del ser humano: la educación (Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948), particularmente de la niñez y la adolescencia. De hecho, nuestro país es señalado por múltiples organismos internacionales como poseedor de uno de los mejores sistemas educativos de América Latina, con uno de los mayores índices de alfabetización entre sus habitantes. Esto ocurre gracias a la gratuidad, alcance y cobertura de su sistema escolar, que se extiende a lo largo y ancho del país, llevando la educación primaria a las zonas rurales más remotas y con los menores índices de desarrollo social, para atender integralmente a niños y niñas que de otra manera no podrían asistir a un centro educativo, pues las distancias que deberían recorrer serían insalvables, porque deberían atravesar ríos, laderas, crecidas, pendientes pronunciadas, terrenos con ganado; porque se carece de transporte apropiado o simplemente en tales territorios es imposible tener vías de acceso más allá de una mula o a pie; porque los medios para trasladarse resultan demasiado onerosos para la economía familiar; porque de otra forma, niños y niñas deberían hacer peligrosos recorridos sin la compañía de una persona adulta; porque las jornadas para desplazarse serían extenuantes e incompatibles con una vivencia plena y saludable del derecho a recibir una educación de calidad (OCDE, 2017). Indistintamente de si es rentable o no en términos económicos, históricamente Costa Rica ha priorizado la rentabilidad social y el derecho a una educación accesible, atendiendo, en escuelas unidocentes y multigrado, a poblaciones estudiantiles que van desde 1 hasta 30 niños(as) por grupo.

1.2. Gracias a la cobertura educativa, y a las 1.467 escuelas unidocentes y las 1.223 multigrado (según Observatorio Costarricense de la Educación (OCRE). División de Educación Rural. CIDE-UNA, 2022) que se tienen en todo el territorio nacional, Costa Rica ha honrado el Plan de Acción de la Cumbre Mundial a favor de la infancia (1990), donde se reza: “No hay causa que merezca más alta prioridad que la protección y el desarrollo del niño, de quien dependen la supervivencia, la estabilidad y el progreso de todas las naciones y, de hecho, de la civilización humana”. 

1.3. Estas instituciones de I y II ciclos de la Educación General Básica, atienden a un total de 79.330 niños y niñas residentes en territorios rurales, indígenas, costeros, fronterizos y agrícolas, entre otros. Dicha atención, además, es sostenida por un modelo educativo que responde a los compromisos que en materia educativa Costa Rica ha adquirido como firmante de múltiples convenios y acuerdos internacionales donde el país se compromete a resguardar y proteger la calidad de la educación para todas y todos los niños y niñas que se encuentren dentro de sus fronteras (Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, 1989; Declaración Mundial sobre la Educación para todos, 1990); así como en cumplimiento de su propia Constitución Política (1949) y demás leyes vigentes (Código de la Niñez y la Adolescencia; 1998; Ley Fundamental de Educación, 1957). Esto cobra particular relevancia cuando se trata de poblaciones cuya fragilidad social e histórica las ha colocado en gran vulnerabilidad, y donde definitivamente la educación es vital para transformar positivamente sus expectativas, su entorno y sus posibilidades futuras, como es el caso de los niños y niñas que viven en zonas geográficas donde las poblaciones son dispersas, donde desde edades muy tempranas todos los miembros de la familia se integran a las labores del campo o a tareas del hogar para contribuircon la subsistencia, donde se habla otro idioma distinto del español, donde culturalmente se ha sufrido de marginación o discriminación, entre otras circunstancias sociales como los bajos ingresos, el abandono estatal o limitados servicios públicos (algunos tan básicos como el transporte público, la falta de energía eléctrica o agua potable, entre otros). 

1.4. El modelo de escuela unidocente y multigrado no solo piensa en la realidad y circunstancias de las comunidades más alejadas, sino que les permite a los niños y niñas de estas instituciones aproximarse a la equidad educativa y social a la que tienen derecho. Como modelo, además, múltiples estudios (Zambrano, 2018; Miranda y Rosabal, 2018; Abós, 2014; García y Chávez, 2013; Estado de la Educación, 2010; Castro, A. et al, 2011; Angulo, Morera y Torres, 2009; Alvarado y Maya, 2009; Torres y Zamora, 2007) respaldan su pertinencia y calidad en términos de logro, aprendizaje, construcción de habilidades para la vida y otros; pues en estas instituciones se privilegia la autonomía y la autogestión de aprendizajes, ya que el estudiantado está integrado por distintos niveles y edades que se apoyan mutuamente en el desarrollo de procesos de indagación, toma de decisiones, ejecución de responsabilidades y consolidación de conocimientos y destrezas: la tarea de facilitar deja de centrarse únicamente en la persona docente.

Por tanto, es importante comprender que:

1. Las escuelas unidocentes son necesarias para la atención de las comunidades rurales dispersas, porque su existencia promueve el acceso, la equidad y el cumplimiento del derecho a la educación, por lo que, lejos de cuestionarse sobre su existencia, el Estado debe fortalecer el modelo y los recursos de los que dispone, en procura de incentivar el desarrollo humano y social del país.

2. Así mismo, la escuela unidocente es la encargada de actividades educativas, cívicas y culturales de la comunidad a la que atiende. Como lo definen Borbón y otros (1995): “Desde el punto de vista sociopolítico, en la generalidad de los casos, la escuela unidocente es el punto de convergencia de las actividades locales”. Una de las grandes ventajas de la escuela unidocente es contar con una comunidad educativa claramente definida. El tener una comunidad establecida les permite a los(as) docentes, plantear estrategias para unir esfuerzos en pro del desarrollo institucional y comunitario, así como involucrar a diversas instancias y actores en las acciones que se lideren y en el mismo proceso de aprendizaje de su estudiantado. En los contextos donde se ubican las escuelas unidocentes, las personas educadoras establecen vínculos con las familias y la comunidad, aspectos que se ven favorecidos por ser poblaciones pequeñas. De esta manera, la comunidad contribuye con el mantenimiento del centro educativo. Visto así, la vida comunitaria se liga de forma tangible con la escuela, por lo que son evidentes “los impactos en pérdida de identidad y de descomposición del capital social que genera en una comunidad el cierre de su escuela local. La escuela juega un papel más significativo y de contenido cultural que el referido a su rol como institucionalidad del estado para la reproducción cultural hegemónica. La escuela rural es expresión de las contradicciones y tensiones de la sociedad global en lo que tiene de dominación, pero también de resistencia comunitaria, social, cultural y pedagógica a escala local" (Arteaga et al, 2017, citando a Rebolledo, 2014). 

En este entendido, desde el CIDE consideramos que: 

1. La educación vista como negocio impide comprender su dimensión como servicio y bien social. Esta es la grandeza de la educación pública: atiende íntegra e individualmente las necesidades de la niñez sin reparar en el beneficio económico inmediato, sino con miras al desarrollo y plenitud de sus habitantes, lo que, a la larga, se revierte en bienestar social. El sistema educativo no puede ni debe ser visualizado como oportunidad de ahorro económico mientras se margine a personas que ven condicionadas sus posibilidades de desarrollo.

2. La educación ha sido el elemento diferenciador de la democracia costarricense; la movilidad social ha permitido la construcción de una democracia sólida. La educación que se ofrece en las comunidades rurales ha hecho posible que niños y niñas, jóvenes y familias vean por primera vez a un familiar obtener una profesión que les permita acceder a una condición de vida digna, alcanzar sus metas laborales o desempeñarse en tareas que le retribuyen en cuanto a su sentido de logro.

3. Quienes hemos trabajado en la educación de los pobladores de las zonas rurales entendemos la dificultad y la desventaja a la que se enfrentan los habitantes de tales contextos para acceder a un derecho básico fundamental como la educación. La idea de los megacentros educativos se perfila como parte de una estrategia para eliminar las escuelas unidocentes, lo que devendría en mayor deterioro del medio rural y de la propia democracia costarricense, condenando a distintos sectores a una precarización mayor. Entre otros aspectos, debe entenderse que las distancias y el acceso no se resuelven con un bus; el mapa no solo se mide en línea recta, hay que leer también las curvas de nivel. Un kilómetro puede implicar cruzar ríos, terrenos con ganado, sembradíos, pendientes pronunciadas. Así por ejemplo, la escuela Guayaba Yakä en Chirripó, quedaría a minutos de su escuela vecina, pero para trasladarse, no hay posibilidad de transporte dado lo quebrado del camino. Asímismo, desligar al niño y niña de su comunidad para ir a otra no solo generadesconfianza, temores, y pérdida de identidad local, también provoca que haya exclusión escolar (ver el caso de la escuela de Pueblo Nuevo en Nandayure, donde los niños y niñas viajan en buseta a otra comunidad, y donde la exclusión aumentó).

4. Por último, consideramos de suma relevancia comprender algunos datos recientes. El cuadro adjunto muestra un indicador clave de cara a fundamentar políticas respecto de las escuelas unidocentes: la matrícula inicial en dichas instituciones.

Fuente: Observatorio Costarricense de la Educación (OCRE). División de Educación Rural. CIDE-UNA, 2022.

Para 2021, la línea naranja muestra lo que ocurre en las zonas rurales y la línea azul, en las urbanas. Con la disminución lenta y paulatina de la fecundidad y el proceso acelerado de despoblación de las zonas rurales, escuelas que antes eran Dirección 1 se han convertido en unidocentes (fenómeno evidenciado especialmente en los últimos años), y esto, en lugar de disminuir la necesidad de dichas escuelas, la incrementa.

5. La formación de profesores con competencias para el trabajo en ambiente multigrado es hoy por hoy importantísima para seguir atendiendo cerca de sus casas y con calidad, principalmente a los niños y niñas de zonas rurales, pero también a un número creciente de niños y niñas de zonas urbanas. En este sentido deben enfocarse los esfuerzos estatales para mejorar la educación del país, así como al fortalecimiento de infraestructura, equipamiento tecnológico y el desarrollo oportuno de otros contenidos que sean pertinentes a las zonas y a la realidad nacional. A esto se suma la necesidad de contar con los apoyos administrativos requeridos para que la gestión escolar unidocente resulte eficaz, sin que ello interfiera con el quehacer pedagógico ni con el desempeño saludable al que educadores y educadoras tienen derecho, y que es además necesario para optimizar su trabajo y atender debidamente a la población estudiantil.

6. Por lo anterior, interpelamos a la señora ministra y a su equipo:

• ¿Qué estudios se han desarrollado en Costa Rica para sustentar la creación de “megacentros educativos” y desaparecer el modelo de escuela unidocente que desde 1963, al oficializarse esta, le ha garantizado el accesoeducativo a la niñez indígena, rural, fronteriza y costera?
• ¿Cómo contribuyen los megacentros educativos con el mejoramiento de la educación de un país?
• ¿Qué estudios se han realizado sobre la potencial afectación de la niñez costarricense y su derecho a la educación?
• ¿Cuáles son las evidencias que corroboran el mejoramiento de la calidad y la equidad educativa para todos lossectores a partir de esta propuesta?
• ¿Cuáles son los mecanismos para asegurar que una iniciativa de este tipo reduzca exclusión educativa, impida el desarraigo cultural e identitario y genere mayores posibilidades de acceso para los niños y niñas de todo el territorio nacional?
• ¿Cómo es posible incrementar la calidad educativa pasando de centros donde niñas y niños son atendidos de forma individual a conglomerados donde la instrucción será masiva?

Con base en lo esbozado anteriormente, el Centro de Investigación y Docencia en Educación (CIDE) de la UniversidadNacional, plantea una oposición contundente a las ideas  propuestas por la señora ministra de Educación Pública enrelación con la concentración de escuelas y la reducción de centros educativos rurales.

A su vez, invitamos a la ciudadanía a reflexionar sobre los siguientes puntos:

1. La educación es un derecho fundamental de la niñez y la adolescencia. Para su cumplimiento es vital tenerclaro que el interés superior de la niñez debe superponerse a cualquier proyecto económico (Política Nacional para la Niñez y la Adolescencia Costa Rica 2009-2021; Código de la Niñez y la Adolescencia, 1998, art 4). Debe tomarse la medida que mejor satisfaga los derechos de esta población de manera plena y eficiente en unambiente físico y mental sano, en procura de su pleno desarrollo

2. La educación no debe verse como un gasto, sino como una inversión social. Es la herramienta política, filosófica y axiológica desde la cual se promueve el desarrollo de un país, asegurando para ello el acceso de las poblaciones en mayor desventaja social, económica y geográfica. Por ese motivo, las propuestas de desarrolloeducativo deben tejerse desde la equidad, comprendiendo que esta implica crear las condiciones para que las poblaciones más vulneradas accedan a la educación. La escuela unidocente emerge para democratizar la educación dotando al país de opciones educativas en las zonas rurales; con infraestructura, equipo y la ejecución de un currículo Estas escuelas siguen cumpliendo la función social que les dio origen.

3. La transformación de la educación costarricense debe siempre sustentarse en los derechos de sus receptores, en la realidad contextual, nacional e internacional, así como en principios pedagógicos y científicos; jamás deben darse desde intereses administrativos o económicos; esto atenta contra la calidad de la educación, lademocracia y el Estado social de derecho. Los cambios educativos deben basarse en evidencias y estudios que respalden la toma de decisiones, sobre todo si trastocan un derecho.

Por lo tanto se acuerda:

REMITIR ESTE PRONUNCIAMIENTO ANTE LA SEÑORA ANNA KATHARINA MÜLLER CASTRO,MINISTRA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, EXTERNANDO EL RECHAZO DE LA PROPUESTA DE CREARMEGACENTROS. ACUERDO FIRME.

Atentamente,

Máster

Erika Vásquez Salazar

Presidenta Consejo del CIDE