Pablo Chaverri Chaves, académico INEINA-CIDE-UNA
Este 9 de septiembre, día del niño y la niña, el INEC reporta un 13,5% de pobreza extrema infantil (ver: https://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/504444/13-5-de-ni-os-vive-en-pobreza-extrema), es decir, que cerca de 1 de cada 7 niños entre 0 y 12 años no puede completar ni siquiera el mínimo de calorías diarias que su cuerpo necesita. A lo anterior se agrega que cerca de 1 de cada 3 niños vive en pobreza, comprometiendo seriamente sus posibilidades de desarrollo a largo plazo.
Además, el anterior promedio no es representativo del país, pues mientras la pobreza extrema infantil es del 9% en la región central, esta llega al 21% en el resto del país, evidenciando una vez más la conocida e inaceptable brecha centro-periferia, que muestra una tendencia de aumento y cuyas consecuencias se cuentan, entre otras formas, en número de muertos, muchos de ellos jóvenes sin oportunidades ni atención de ninguna clase a sus problemas de salud mental, adicciones, falta de capacitación, ausencia de apoyo familiar y comunal, y carencia de empleo digno, así como espacios sanos de recreación, deporte, arte y cultura, entre otras carencias.
Costa Rica, como suscriptor de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se ha comprometido, como primera meta del primer objetivo, a: "erradicar la pobreza extrema para todas las personas" (ver: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/poverty/). Sin embargo, no vemos coherencia entre esta obligación nacional y las acciones para conseguirla, donde más bien se evidencia contradicción, ya que la inversión social en áreas como educación, salud, vivienda, asistencia social, becas escolares, comedores escolares, transporte estudiantil, informática educativa, cuido, apoyo a las familias, infraestructura educativa, entre otros aspectos, tiende a la baja, como lo han reportado varios medios, investigadores e informes oficiales.
De no corregirse el rumbo, la desigualdad, la pobreza general y la pobreza infantil aumentarán, lo cual implicará que más niños y jóvenes verán sus necesidades básicas desatendidas, no tendrán acceso a servicios de salud ni educación de calidad, se mantendrán en viviendas en malas condiciones materiales y serán presa fácil de graves problemáticas tales como el crimen organizado, las drogas, la explotación y la violencia.
Es cierto que, como dice el famoso adagio, más que dar "el pescado", hay que "dar la caña" y enseñar a usarla; pero también es igual de cierto que se debe reconocer que en la población con pobreza están sobrerrepresentadas las personas menores de edad, los adultos mayores, las personas con discapacidades severas, las personas con enfermedades crónicas e inhabilitantes, las madres jefas de hogar sin apoyo alguno de los padres de sus hijos, así como grandes sectores urbano marginales y rurales sin siquiera la secundaria finalizada, en un contexto donde los mejores empleos se reservan solo para quienes tienen acceso a la educación terciaria (técnica especializada y de grado y posgrado universitarios).
Ante todo lo anterior, es impostergable (sin consecuencias desastrosas) que las autoridades de gobierno corrijan el rumbo y actúen con celeridad, cumpliendo sus deberes constitucionales, lo cual implicaría, como mínimo:
- Avanzar (sin más retrocesos) en la inversión educativa hacia el 8% del PIB que ordena nuestra Constitución Política, de forma escalonada de aquí al 2026, incluyendo dentro de este rubro partidas robustas y crecientes para becas educativas, comedores escolares, transporte estudiantil e infraestructura educativa.
- Construir un plan progresivo de pago de la deuda del Estado con la CCSS y FODESAF, que priorice el fortalecimiento del régimen no contributivo de pensiones, que debe aumentarse tanto en el monto desembolsado por mes, como en cuanto a la población cubierta, especialmente en relación con las personas adultas mayores sin recursos y personas con discapacidad. Los programas de salud infantil preventiva deben también ser priorizados, dada su alta eficacia. En este sentido, es urgente que el país avance en la creación de un programa nacional de ingreso mínimo vital, que asegure una renta básica para las personas que no pueden conseguir ingresos por sí mismos y les permita vivir sin pobreza y con dignidad.
- Convocar al Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia para que, valorando la evidencia científica reciente, apruebe con sentido de urgencia la Política Nacional de Niñez y Adolescencia, y establezca un paquete de medidas de acción rápida y sostenida que, gracias a la investigación evaluativa, hoy sabemos que contribuyen a contener los efectos negativos de la pobreza. Entre estas medidas se encuentran: 1) asesoría profesional a familias para la atención, estimulación y apoyo psicosocial a sus hijos, 2) programas de capacitación para la crianza positiva que brinden herramientas para la resolución no violenta de conflictos, 3) atención terapéutica a las familias de menos recursos con problemas de salud mental y convivencia.
Costa Rica puede ser diferente, debe ser diferente y no le podemos seguir fallando a nuestros niños, niñas y adolescentes de la forma en la que lo estamos haciendo, que más que el futuro del país, son, de hecho, la base de la pirámide poblacional y sin una inversión fuerte y basada en evidencia en ellos y ellas no hay posibilidad de que ni este ni ningún país logre desarrollarse.
