El foro sobre empleo público fue moderado por Francisco González, rector de la UNA y presidente de Conare, y contó con la participación de Ana Lucía Valencia González, de la Oficina Jurídica de la UNED; José Antonio Cordero Peña, del Instituto de Investigación en Ciencias Económica de la UCR (no aparece en la imagen); Shirley Benavides Vindas, de la Escuela de Economía de la UNA; Geovanni Beluche Velásquez, de la Cátedra de Bioética y Derechos Humanos de la UTN y Nelson Ortega Jiménez, del Consejo Institucional del TEC.
Contradicciones, ambigüedades, incompatibilidades, violación a principios constitucionales, evasión del problema real del país y otras debilidades señalaron, el pasado 1 de febrero, especialistas de las universidades públicas sobre el proyecto de Ley de empleo público, que se tramita actualmente en la Comisión de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa, bajo el número de expediente 21336.
En un foro organizado por el Consejo Nacional de Rectores, Ana Lucía Valencia González, de la Oficina Jurídica de la UNED; José Antonio Cordero Peña, del Instituto de Investigación en Ciencias Económica de la UCR; Shirley Benavides Vindas, de la Escuela de Economía de la UNA; Geovanni Beluche Velásquez, de la Cátedra de Bioética y Derechos Humanos de la UTN y Nelson Ortega Jiménez, del Consejo Institucional del TEC se refirieron a las implicaciones que tendría la aprobación de este proyecto.
Entretanto, Francisco González, rector de la UNA y presidente de Conare, quien actuó como moderador, advirtió que este proyecto lejos de regular la contratación laboral del empleo público impacta la concepción del estado del estado costarricense. El foro se puede acceder en la dirección:
https://www.facebook.com/ConsejoNacionaldeRectores/videos/3721185171307023
En la actualidad—precisó Ana Lucía Valencia—en el país existen unos 270 000 empleados públicos a quienes es difícil ubicar en un único régimen dividido en las ocho tipos de familia que propone el proyecto (servidores en generales, salud, policiales, servicios civiles, docentes, Tribunal Supremo de Elecciones, funciones en exterior y puestos de confianza). Este régimen unificado, agregó, violenta la autonomía universitaria contemplada en los artículos 84 y 85 de la Constitución Política.
José Antonio Cordero reconoce que sí existen muchas brechas salariales entre las instituciones y entre los sectores público y privado y que, por tanto, hay razones para organizar el empleo y el gasto del gobierno, si se considera que el déficit fiscal supera el 8% del producto interno bruto y que el 50% de los ingresos del gobierno es para pagar salarios. Sin embargo, aclaró que no todos los pluses son iguales, ni tampoco se dan de forma automática. En el régimen académico, por ejemplo, indicó que existen incentivos por productividad que se logran con las publicaciones científicas, por ejemplo, para cuya valoración las universidades mantienen un sistema basado en la productividad. Dudó que el Mideplan (o la Dirección de Servicio Civil, como se propone) tenga la métrica para ponderar la producción, el servicio y la docencia que ofrecen las universidades; además indició que el costo por realizar estudios de mercado para saber cuál debería ser el pago sería muy alto, y sin un estudio es imposible determinar cuánto es el ahorro del gobierno.
Shirley Benavides defendió la idea de disponer de un contexto más amplio y cuestionó si este proyecto responde a una necesidad y al desarrollo del país, así como la forma en que se articularía para realizar la reforma del estado. Aunque es defensora de que Costa Rica requiere cambios estructurales que contribuyan con la mejora en la competitividad, equidad y desarrollo económico, también recuerda que el país tiene el compromiso con la agenda 2030 de mejorar las condiciones de productividad, así como las normas constitucionales que protegen el estado benefactor, el trabajo, el empleo y la igualdad. A ello habría que agregar—entre otras preocupaciones—las sugerencias dadas por el BID, la OECD, atender las recomendaciones de la Contraloría General de la República sobre el proyecto, así como el Convenio 156 de la OIT, sobre los trabajadores con responsabilidades familiares.
Geovanni Beluche Velásquez también dejó en claro que con el proyecto se decidiría el futuro de modelo del país, pues la propuesta va más allá de las relaciones laborales, y basó su rechazo en seis puntos: No se resuelve el problema del déficit fiscal (por el contrario, esconde las principales causas: evasión y elusión); precariza la condición laboral de los trabajadores, pues congela los salarios permanentemente y con ello contribuye al empobrecimiento generalizado; convierte la evaluación de desempeño en un mecanismo de control y despido, pues se desregula las causales de despido; violenta el derecho a la negociación colectiva y fomenta la desaparición de las organizaciones gremiales, fundamentales en la vida democrática para el equilibrio en las relaciones laborales; modifica la gobernanza interna del estado hacia un modelo autoritario y, finalmente, atenta contra la autonomía universitaria y la propia forma de hacer universidad.
Nelson Ortega Jiménez se refirió a la afectación que sufrirían las universidades en cuanto a la planificación, la organización y la evaluación, desde las instancias encargadas de la administración del talento humano (consejos universitarios, escuelas, decanaturas, recursos humanos). Identificó cinco afectaciones: la fragmentación de la visión holística integral que deben guiar la gestión estratégica del talento humano, el establecimiento de generalizaciones en el diseño de puestos que limitan o entorpecen el cumplimento del interés público que las instituciones atienden, el alto riesgo y barreras para retener talento humano requerido para la generación de conocimiento de impacto en la sociedad, la selección de personal sin considerar realidades propias de las universidades y el desaprovechamiento de la inversión y potencialidad de la evaluación del desempeño que se realiza desde cada institución.
